La fiscalía reiteró el pedido de prisión de funcionarios del Servicio Penitenciario
31/12/2023. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Están acusados por corrupción y distribución de estupefacientes en la cárcel de Villa Las Rosas. El Ministerio Público Fiscal informó que incluso hubo amenazas de muerte a otros funcionarios del Servicio Penitenciario. Y advirtió que estas acciones
La Unidad Fiscal integrada por el procurador General Pedro García Castiella y la fiscala penal Ana Inés Salinas Odorisio y su par Gustavo Torres Rubelt solicitó al juez de Garantías N° 3 que se revoque el arresto domiciliario y se ordene la detención de los siete funcionarios del Servicio Penitenciario provincial imputados en la causa que investiga la presunta exigencia de dinero a cambio de otorgar beneficios o permitir el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes a personas detenidas.
En la presentación se destaca que estos funcionarios no están cumpliendo con las medidas ordenadas por el juez de Garantías 4, Diego Nicolás Rodríguez Pipino, que les otorgó el beneficio del arresto domiciliario, acompañado de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, entre ellas, la "prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas y los (otros) imputados por cualquier medio, ya sea fax, email, teléfono, mensajes de texto o redes sociales, por sí o por terceros". La Unidad Fiscal sostuvo que como no se cumple con esta previsión, "procedería el apercibimiento ya impuesto, de ordenar su detención de manera inmediata en caso de incumplimiento, en conformidad con lo establecido por el artículo 382 del Código Procesal Penal".
Como ejemplo del riesgo en el que se encuentran los y las vecinas, la Unidad recordó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta informó que una mujer se presentó ante esta dependencia el 27 de diciembre y "manifestó su temor" tanto por ella como por su hijo y otro interno de la Unidad Carcelaria Nº 1 del Servicio Penitenciario. La Unidad Fiscal indicó que a esta persona "le hicieron saber que los oficiales penitenciarios detenidos planifican investigar y descubrir a quienes revelaron información sobre actividades ilícitas relacionadas con drogas y beneficios a reclusos", informó el Ministerio Público Fiscal.
La Unidad Fiscal añadió que a esta mujer también "le indicaron que el tráfico de drogas continúa con otros dispositivos y personas", y que contó que el teléfono celular usado para amenazarla con imágenes familiares y detalles personales "está en manos de otra persona, sin haber sido incautado durante la detención".
García Castiella, Salinas Odorisio y Torres Rubelt sostuvieron que los dichos de esta persona vienen a sumarse a los de otra testigo que dijo que "el hecho de que los acusados estén con arresto domiciliario le genera preocupación y angustia".
Amenazas de muerte
El Ministerio Público Fiscal informó que la jefa de la Dirección General del Servicio Penitenciario y el subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia "fueron amenazados de muerte el 28 de diciembre", mediante un folleto dejado en la oficina de la Dirección General, por lo que se inició una nueva investigación por estos hechos. Este trámite será remitido a la Unidad Fiscal que investiga la organización delictiva que operaba dentro del penal de Villa Las Rosas.
La Unidad Fiscal destacó por su parte que estos hechos evidencian que "los imputados mantienen influencia o presión sobre los testigos" y señaló que al encontrarse en arresto domiciliario, "podrían utilizar ese beneficio para comunicarse y buscar apoyo con el fin de intimidar o amedrentar a testigos en la presente causa. Esto podría resultar en un entorpecimiento de la investigación e incumplir con la medida ordenada por el Juez de Garantías. Por lo tanto, se solicita la revocación del arresto domiciliario", insistió.
Para la Unidad Fiscal, queda claro que existe un "riesgo potencial de entorpecimiento al estar llevándose a cabo la fase inicial de la investigación", cuando todavía resta que declaren algunas personas que podrían aportar elementos de interés para el caso, por lo que la protección de estos posibles testimonios "se vuelve esencial, considerando la influencia que los imputados podrían ejercer sobre ellos". El MPF señaló que el pedido de la Unidad Fiscal "busca neutralizar dicho riesgo y garantizar declaraciones seguras y veraces", sin temores ni presiones, y consideradas fundamentales para el desarrollo del proceso.
Asimismo, la Unidad Fiscal afirmó que "los elementos recopilados objetivamente indican la existencia de un riesgo procesal latente", y por eso, dada la naturaleza incipiente de la investigación, recurrió a medidas cautelares para prevenir cualquier interferencia. En el mismo sentido, la unidad de investigación indicó que no descarta "la posible ampliación del decreto imputativo en relación con personas vinculadas al personal del organismo bajo investigación". Por eso, para "preservar la integridad de la investigación", solicitó "la revocación de los beneficios otorgados", dado que "el comportamiento evidenciado da cuenta de la posibilidad de que los otros coimputados también puedan incurrir en las conductas señaladas, en perjuicio de la investigación".
La Unidad Fiscal también pidio al juez que tenga en cuenta que los funcionarios imputados se desempeñaban en el Servicio Penitenciario de Salta, "lo cual permite concluir que no solo conocen el funcionamiento del organismo, sino que gozando de dicho beneficio podrían intimidar o infundir temor por cualquier medio a los efectos de que los testigos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente", y también "podrían provocar la destrucción de elementos de prueba que hagan imposible la dilucidación del evento investigado".
Fuente de la Información: Página 12
