La fiscalía pidió penas de hasta 12 años de prisión por red narco en la cárcel
12/09/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Son 19 los imputados en el juicio por narcotráfico y asociación ilícita que funcionó dentro del penal de la ciudad de Salta. La fiscalía solicitó condenas para 17 de ellos. El procurador resaltó la gravedad institucional de estos hechos
La Unidad Fiscal continuó ayer con sus alegato en el juicio contra 19 personas acusadas de formar parte de una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1, el penal de Villa Las Rosas. El proceso judicial busca esclarecer el funcionamiento de una red delictiva que involucraría tanto a internos como a funcionarios penitenciarios.
El procurador General Pedro García Castiella encabeza la Unidad Fiscal que participa del juicio, integrada también por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio y los fiscales Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
La fiscalía concluyó ayer su alegato con el pedido de penas de un año de prisión condicional hasta doce años de cárcel efectiva, además de multas económicas en varios casos, para 17 acusados, mientras que solicitó la absolución de las dos personas restantes que están siendo juzgadas.
El cierre del alegato fiscal estuvo a cargo del procurador general, quien se explayó sobre la gravedad institucional de este caso. Recordó que las personas detenidas “no son expulsadas de la condición humana. Cuando atraviesan la puerta del penal no dejan su condición de seres humanos” y el Estado tiene la obligación de ser garante de sus derechos.
García Castiella señaló asimismo que la vulnerabilidad de las personas detenidas es reconocida por el derecho internacional, dado el control estatal sobre ellas, su dependencia para la satisfacción de necesidades básicas y el riesgo inherente de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La connivencia de algunos miembros del Servicio Penitenciario con redes de distribución y tráfico de estupefacientes agravó esta vulnerabilidad. Sostuvo que estas acciones constituyen no solo delitos contra la administración pública y delitos económicos, sino que también implican una sistemática y reiterada vulneración de derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad.
Los amos de la cárcel
"Ellos (los funcionarios del Servicio Penitenciario) decidían quién la pasaba bien y quién no; quién era violado y quién no; quién era hincado y quién no, burlando todo el esfuerzo del Estado" y "convirtiendo todo el fruto de ese esfuerzo en un quiosco o negociado”, reprochó.
El procurador recordó que la corrupción en el Servicio Penitenciario permitió que algunos internos accedieran a privilegios -como teléfonos celulares o alimentos especiales- mientras que otros quedaban desprotegidos, con lo que se afectaba la confiabilidad del sistema de ejecución penal y la progresividad de las penas.
El jefe de los fiscales también resaltó la continuidad de la organización de la asociación ilícita con “roles segmentados, jerarquías claras y repetición de patrones en distintos hechos históricos”. Subrayó que esta estructura criminal afectó la política punitiva del Estado y sostuvo que es necesario que las futuras autoridades y miembros del Servicio Penitenciario tomen nota de este precedente.
Sobre el final insistió en que esta causa revela la profundidad de la corrupción y la degradación moral en el ámbito penitenciario, la vulneración sistemática de derechos humanos y la urgente necesidad de reforzar la supervisión institucional para proteger la integridad y dignidad de todas las personas privadas de libertad.
Un asociación ilícita con roles
La fiscala Salinas Odorisio presentó los pedidos de pena para los acusados, detallando los delitos atribuidos a cada uno y el rol que habrían desempeñado dentro de la organización.
Antes, ratificó que se probó que en la Unidad Carcelaria 1 existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales. Subrayó que ambos hechos “siempre reportaron un beneficio económico para los acusados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa”.
“En vez de cumplir con la misión del Servicio Penitenciario, los imputados transformaron la institución en un espacio de negocios ilícitos. Y lo más grave: en su carácter de funcionarios públicos vulneraron derechos humanos reconocidos internacionalmente, sometiendo a personas privadas de libertad —ya vulnerables por su situación de encierro— a un régimen de violencia, arbitrariedad y mercantilización”, sostuvo Salinas Odorisio. Recalcó que no se trató de episodios aislados sino de prácticas habituales.
La fiscalía señaló a los penitenciarios Sergio Faustino Moya y Francisco Arturo Bisceglia como figuras centrales de la organización ilícita, por su jerarquía y sus funciones de seguridad interna y externa del penal. A Rubén Guaymás, en su rol de secretario de actas del Consejo Correccional, lo vinculó con la coordinación directa con Moya y con el traslado del interno Lautaro Teruel. “Alarcón, Bucotich y Castaño son los que se ensucian las manos”, agregó refiriéndose a los penitenciarios José Luis Alarcón, Marcos Bucotich García y Luis Roberto Casteño, también resaltó la función de Marcelo Olguín Magno, penitenciario que se desempeñaba en el área de Sanidad.
Asimismo, la fiscal explicó los roles de todos los demás imputados en la asociación y subrayó que “cualquier vector que saquemos de este entramado dejaría de funcionar”.
Los pedidos de pena uno por uno
Francisco Arturo Bisceglia enfrenta el pedido más alto, de doce años de prisión y multa. Se lo considera autor de comercialización de estupefacientes agravada (porque se cometió en un penal, por la participación de más de tres personas y por ser funcionario penitenciario), siete hechos de exacciones ilegales y participación en la asociación ilícita.
Para Sergio Faustino Moya pidió once años y ocho meses de prisión, más multa, acusado por la comercialización de estupefacientes agravada, tres hechos de exacciones ilegales y asociación ilícita.
Marcos Matías Bucotich García: nueve años de prisión y multa por coautoría en la comercialización agravada, tres hechos de exacciones ilegales y asociación ilícita.
José Luis Alarcón: nueve años de prisión y multa por comercialización agravada, tres hechos de exacciones ilegales y asociación ilícita.
Luis Roberto Castaño: ocho años y seis meses de prisión y multa por comercialización de drogas dentro del penal y asociación ilícita.
Raúl Antonio Arjona, agente penitenciario: ocho años y seis meses de prisión y multa por comercialización agravada, un hecho de exacción ilegal y asociación ilícita.
Marcelo Olguín Magno: seis años de prisión por cinco hechos de exacciones ilegales y asociación ilícita.
Rubén Antonio Guaymás: cinco años de prisión por un hecho de exacción ilegal, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Baldomero Darío Córdoba: dos años de prisión condicional por su rol como partícipe necesario en un hecho de exacción ilegal agravada.
Manuel Méndez, con antecedentes penales: nueve años y seis meses de prisión y multa por comercialización agravada y asociación ilícita.
María Inés Méndez: 9 años de prisión por comercialización agravada y asociación ilícita.
Héctor Gustavo Banega: nueve años y seis meses de prisión y multa por comercialización agravada y asociación ilícita.
Ivana Marcela Gutiérrez: siete años de prisión y multa por comercialización agravada y participación en la red.
María Cristina Galindo: siete años y seis meses de prisión y multa por comercialización agravada.
Nicole Judith Ana Luna: seis años de prisión por comercialización agravada y asociación ilícita.
Patricia Daiana del Rosario Flores: seis años de prisión y multa por comercialización agravada y pertenencia a la red.
Andrea Abigail Alba: un año de prisión y multa por tenencia simple de estupefacientes. La Fiscalía solicitó su absolución respecto a los cargos más graves por aplicación del beneficio de la duda.
La Unidad Fiscal sostuvo que todos estos delitos se cometieron en concurso real, es decir, de manera simultánea y vinculada, dentro de una estructura organizada que operaba desde el penal.
Además, solicitó que los imputados sean trasladados a los lugares de detención en donde vienen cumpliendo la prisión preventiva y se mantenga esta prisión hasta que la sentencia quede firme para asegurar el cumplimiento de la pena. En este sentido, solicitaron que se revoque la prisión domiciliaria que se había dispuesto respecto de dos imputadas, atento al monto de la pena que se ha solicitado.
También solicitó que se investiguen nuevos hechos que surgieron en la audiencia.
Con respecto a otros dos acusados, Josue Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la fiscalía pidió su absolución y que su inmediata libertad, lo que fue ordenado ayer mismo por el Tribunal, aunque deben seguir yendo a la audiencia hasta que se conozca la sentencia.
“En nombre de la ley, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la sociedad, en nombre de los internos y de sus familias pedimos a este tribunal que haga lugar a las condenas que hemos solicitado en todos sus términos porque donde hubo corrupción y donde hubo impunidad debe haber justicia”, concluyó Salinas Odorisio.
Fuente de la Información: Página 12
