La detención de Oscari en Jujuy como “una política de disciplinamiento”
28/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La detención de Franco Oscari, joven campesino jujeño de Palma Sola al límite con Orán, volvió a encender alarmas sobre el uso del aparato judicial y de las fuerzas federales frente a expresiones en redes sociales
También lo hizo, sobre el modo en que esos mecanismos impactan en comunidades rurales atravesadas por conflictos territoriales.
En diálogo con el periodista Héctor Alí por FM Pacífico, el diputado nacional por el Frente de Izquierda de Jujuy, Alejandro Vilca, calificó el caso como “grave” y lo ubicó dentro de una secuencia de criminalización que, según señaló, Jujuy conoce desde hace tiempo: primero contra la protesta social, luego contra la opinión pública y ahora también contra sectores campesinos que defienden sus territorios.
Oscari fue detenido tras una denuncia por presuntas amenazas contra Patricia Bullrich a partir de un mensaje enviado a su perfil en redes sociales. La causa quedó bajo investigación federal y derivó en un operativo de la Policía Federal en el paraje Las Goteras, una zona rural de difícil acceso del departamento Santa Bárbara, cercana a Palma Sola. Para Vilca, la reacción estatal fue desproporcionada. “Imaginate un campesino, un joven que vive de la tierra, acusado de atentar contra la vida de la ministra por una publicación”, planteó durante la entrevista. El legislador cuestionó que una de-nuncia radicada en la Ciudad de Buenos Aires haya derivado en un despliegue federal a más de mil kilómetros de distancia, con allanamiento, detención y posteriores traslados entre provincias.
Crear miedo sobre sectores populares
Uno de los ejes de la entrevista fue la idea de disciplinamiento. Vilca sostuvo que la detención no puede ser leída como un hecho aislado ni únicamente como una causa penal por un mensaje. A su entender, el caso se inscribe en un contexto nacional y provincial de endurecimiento frente a quienes protestan, se organizan o cuestionan al poder. “Yo creo que esto es una manera de crear miedo sobre los sectores populares”, afirmó el diputado. Y agregó que, frente al malestar social creciente, el Gobierno y sectores de la Justicia apelan a causas penales que funcionan como advertencia para el resto. La frase condensa el punto más sensible del caso: el efecto político de una detención de estas características no se limita a Franco Oscari. También alcanza a su familia, a su comunidad y a otras poblaciones campesinas e indígenas que enfrentan conflictos por tierras, desalojos o proyectos extractivos. Desde una mirada de derechos humanos, esa dimensión resulta central. Cuando el Estado utiliza herramientas penales de manera desproporcionada contra personas en situación de vulnerabilidad, el problema no es solo procesal, también es democrático.
Morandini como antecedente en Jujuy
Durante la entrevista, Alí recordó el caso de Nahuel Morandini, detenido en Jujuy junto a Roque Villegas por publicaciones en redes sociales vinculadas al exgobernador Gerardo Morales. Vilca retomó ese antecedente para advertir que en la provincia ya se había visto un corrimiento peligroso. El legislador señaló que en Jujuy no solo se persiguió la protesta en las calles, sino también opiniones vertidas en redes sociales. En ese marco, el caso Oscari vuelve a abrir la discusión sobre el ciberpatrullaje y la vigilancia estatal. La pregunta que atraviesa el expediente es delicada: hasta dónde puede avanzar el Estado cuando investiga mensajes en redes y cuál es el límite entre la persecución de un delito real y el control de expresiones críticas.
Traslados, habeas corpus e incertidumbre
La defensa de Oscari denunció irregularidades desde el inicio del procedimiento. Entre los puntos cuestionados aparecen los traslados sin información clara, la falta de fundamentos suficientes, el rechazo de la excarcelación y la necesidad de presentar hábeas corpus para conocer su paradero. Vilca también hizo referencia a esa incertidumbre durante la entrevista. Según relató, tras la detención el joven fue trasladado primero a una dependencia de la Policía Federal en Jujuy y luego se informó su paso por otras provincias, en medio de dudas sobre si sería llevado finalmente a Buenos Aires. Esa falta de precisión, dijo, agravó la preocupación de la familia y de los abogados.
La tierra como telón de fondo
Aunque la causa formal se inició por un mensaje enviado a Bullrich, Vilca insistió en que la detención debe analizarse también a la luz del conflicto territorial que atraviesa la familia de Oscari. El joven pertenece a una familia campesina de Palma Sola que mantiene una disputa por tierras. Además, integrantes de la comunidad participan de reclamos vinculados al rechazo de un proyecto de megaminería en la zona, cuestionado por su impacto sobre el ambiente y el bosque nativo. “En el norte hay muchas disputas sobre los territorios, contra grandes terratenientes y contra las mineras”, planteó Vilca. En esa línea, sostuvo que cuando una comunidad o un sector popular se opone al avance de determinados intereses económicos, aparecen mecanismos de presión y persecución. En esa línea trazó similitudes con los reclamos que vienen sosteniendo las comunidades salteñas sobre sus territorios ancestrales.
Para Vilca y para las organizaciones que acompañan el reclamo, la detención no puede reducirse a la investigación de una publicación en redes. El punto central es qué tipo de respuesta estatal se activa, contra quiénes se activa y qué mensaje produce sobre el resto de la sociedad. En democracia, investigar un delito no habilita a vulnerar garantías. Y defender la tierra, organizarse o expresar una opinión política no puede convertirse en una razón para vivir bajo amenaza penal.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
