La Asamblea Lesbotransfeminista reclama políticas urgentes en Salta
12/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En un encuentro extenso y con fuertes reclamos, la Asamblea denunció recortes institucionales y falta de presupuesto, exigió guardias de 24 horas, protocolos efectivos y reconocimiento económico a promotoras territoriales
También pidió justicia por las muertes de Fernanda Arias y Rosario Sansone y la aplicación plena de las leyes de género y diversidad. Reunión con la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad
La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta se reunió el viernes último con la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, Julia Valencia Donat, para entregar un documento que expone un diagnóstico crítico y una serie de demandas urgentes.
Participaron diversas organizaciones y referentes territoriales. En un gesto político, decidieron no tomarse fotografías, para evitar que el encuentro quedara reducido a una imagen protocolar y remarcar que lo central son las propuestas.
La reunión se prolongó varias horas y permitió que distintas voces expusieran problemáticas de comunidades y territorios. Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras, destacó la “escucha” de la funcionaria y contó que se comprometió a convocar en los próximos días a una nueva reunión. Indicó que les informó que planea reunirse con el ministro de Justicia.
La referente señaló que Valencia Donat recién está asumiendo el cargo, sin equipo propio, y que por ahora articula con las subdirectoras que ya estaban en funciones.
Barrios también advirtió sobre un cambio institucional: “Ahora es Subsecretaría de Género, ya no Secretaría. Eso responde a un recorte en el Estado. Todavía no tienen presupuesto asignado, posiblemente sea el mismo del año pasado”. La subsecretaria, según contó, recibió el documento y dijo que lo leería en las próximas semanas para luego volver a convocar a las organizaciones y avanzar en la articulación.
Asistencia y articulación
Las organizaciones plantearon la necesidad de ampliar la asistencia con una guardia de 24 horas y reforzar el abordaje en salud mental. Se insistió en la importancia de coordinar con la Secretaría de Niñez para evitar respuestas fragmentadas que generan revictimización. “Cada vez que una mujer llega con una situación de violencia no se aborda de manera conjunta como corresponde”, expresó Barrios. También se reclamó que los protocolos incluyan seguimiento de casos y no sólo atención inicial.
Asimismo, se expusieron las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, la violencia institucional y la revictimización constante. Barrios planteó la urgencia de abordar estos temas en una reunión específica y se refirió en detalle a las quejas que sostiene sobre el Programa de Coparentalidad (CoPa), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado para realizar encuentros y revinculaciones de niños y niñas judicializados. Denunció que ese espacio reproduce una mirada “sumamente sesgada, machista y patriarcal”, en línea con la violencia institucional que atraviesa a todo el sistema judicial.
Relató que varias de las profesionales que atendían allí, abogadas y psicólogas, se identificaban como defensoras del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP). Señaló que en la práctica, cuando una madre llega con un hijo que debe vincularse con un agresor en contextos de violencia de género, violencia intrafamiliar o casos de abusos sexuales que no se han resuelto de manera efectiva judicialmente, lejos de recibir asistencia, se les revictimiza.
Barrios contó su propia experiencia y la de otros casos: madres desbordadas por la situación emocional de sus hijos, niños que lloran o se niegan a vincularse, y operadores que igualmente los obligan en nombre de una determinación judicial, sin elaborar informes efectivos de protección. “Supuestamente habían cambiado varios de los operadores, pero sigue sucediendo lo mismo. La mirada es cerrada, machista, patriarcal, y ahí se sigue propagando la violencia institucional”, afirmó.
También se habló de la necesidad de revisar protocolos y de atender situaciones vinculadas a la violencia vicaria.
La reunión fue calificada por Barrios como “muy ácida” por la fuerza de las intervenciones de las referentes y promotoras territoriales. “Fue una reunión muy prolongada, se pudieron abordar la mayoría de los temas. Ahora hay que esperar cómo actúan”, añadió.
Promotoras territoriales y capacitaciones
Otro eje fue el rol de las promotoras territoriales. Se pidió que sean reconocidas, que se arme un registro y que las capacitaciones puedan ser impartidas por ellas mismas como forma de retribución y fortalecimiento.
“Muchas están capacitadas para dar formaciones y eso debería ser reconocido como una retribución”, señaló Barrios.
El documento entregado denuncia violencia institucional del Poder Judicial, incumplimientos en salud sexual y reproductiva, emergencia habitacional, déficit de infraestructura y falta de medidas cautelares efectivas. También reclamó cupos laborales, campañas provinciales contra la violencia de género y la implementación de la ESI intercultural.
Se pidió que las campañas sean permanentes y sostenidas en todo el territorio provincial, y que las políticas públicas se descentralicen para llegar a localidades del interior provincial.
Derechos de la comunidad travesti-trans
La segunda parte del petitorio se centró en el cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género. Se exigió acceso real a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas en la red pública, provisión de insumos de prevención y aplicación plena de la Ley 27.625 para VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis.
También se reclamó justicia por Fernanda Arias y Rosario Sansone. Arias, mujer trans de 34 años, murió en Rosario de Lerma en 2025 tras ser demorada en una comisaría para identificación. La versión oficial indicó que se habría ahorcado, pero su familia y organizaciones trans cuestionan esa explicación y denuncian violencia institucional. El caso generó movilizaciones bajo la consigna “Nadie se mata en una comisaría” y las organizaciones sociales, de derechos humanos y LGBTIQ+ exigen esclarecimiento.
Sansone, de 47 años, fue una activista trans pionera en las primeras marchas del Orgullo en Salta. Murió en noviembre de 2024 en un incendio en su vivienda en Bahía Blanca, investigado como travesticidio. Su trayectoria la convirtió en referente histórica del colectivo LGBTIQ+ salteño.
La Asamblea reclamó mecanismos de control civil sobre las fuerzas de seguridad. Además, requirió la aplicación inmediata del cupo laboral trans, pensiones para sobrevivientes mayores y reconocimiento del “travesticidio social”. En el plano cultural y educativo, se pidió financiamiento para proyectos autogestivos y campañas contra el bullying y la discriminación en las escuelas.
Finalmente, se exigió patrocinio jurídico especializado tanto para mujeres como para personas trans en situación de violencia y refugios seguros.
Fuente de la Información: Página 12
