Juzgan a una red delictiva de detenidos y carceleros en Villa Las Rosas
07/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Veinte personas son juzgadas por venta de drogas dentro del penal. A los guardiacárceles se los acusa también de haber recibido coimas a cambio de otorgar beneficios a detenidos y permitir el ingreso de elementos prohibidos.
"Todo era un negociado en el interior del penal”. Veinte personas son juzgadas por venta de drogas dentro del penal. A los guardiacárceles se los acusa también de haber recibido coimas a cambio de otorgar beneficios a detenidos y permitir el ingreso de elementos prohibidos. El comisario a cargo de la investigación aportó detalles de los hechos delictivos. También declaró la prefecta cuya denuncia originó la causa.
En la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial sigue desarrollándose un juicio oral y público contra veinte personas acusadas de ser parte de una organización criminal integrada por funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares.
Los testimonios de funcionarios del Servicio Penitenciario y de un comisario investigador brindaron precisiones sobre las prácticas ilegales que se llevaban a cabo en el penal ubicado en Villa Las Rosas, en la zona este de la ciudad de Salta. La denuncia original daba cuenta de guardiacárceles que pedían sobornos a cambio de otorgar distintos beneficios a los internos, salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, cargadores, comida, bebida, y estupefacientes.
El comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) fue quizás el que más aportes de revelaciones hizo hasta el momento.
El investigador, el primer testigo, empezó por explicar cómo se encaró la investigación, que tuvo la dificultad de realizarse dentro del penal. Contó que se hicieron escuchas telefónicas, entre otras medidas.
Indicó que a medida que fueron identificados, los propios detenidos fueron a su vez identificando a los encargados de recibir los pagos a cambio de beneficios. Eran celadores, jefes de pabellones, jefes de seguridad y miembros de la Junta correccional. “Todo era un negociado en el interior del penal”, subrayó el comisario.
El investigador señaló que se observaron situaciones irregulares como el ingreso de alimentos y bebidas, traslados de pabellón, mejoría en las notas de conducta y conceptos y salidas extramuro. También se constató la participación activa del personal en el comercio de estupefacientes.
Respecto del flujo de dinero, el comisario precisó que se logró establecer una trazabilidad financiera que incluía más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, en el lapso de cinco meses, de noviembre de 2022 a abril de 2023.
Sánchez también contó que dentro de la oficina de un jefe penitenciario investigado se secuestraron “puntas carcelarias”. La acusación interpreta que estas puntas habrían sido usadas como artículos de negociación con algunos internos, también se negociaban celulares y estupefacientes.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
"Diez puntos de conducta"
Durante la declaración de Sánchez se reprodujeron audios de conversaciones entre los imputados y sus familiares, y entre éstos y los penitenciarios involucrados. El investigador detalló que la actuación delictiva tenía tres vectores, los funcionarios implicados, los detenidos y el nexo externo, conformado por familiares de los detenidos.
Entre los diálogos más relevantes se destacaron las conversaciones del interno Manuel Méndez con su madre, en las que se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario. En uno de los audios, Méndez mencionaba haber conseguido "diez puntos de conducta", a pesar de no cumplir con ninguna norma, y se reía junto a su madre del manejo que ejercía sobre los agentes para conseguir privilegios e ingresar elementos.
El comisario también describió el rol de Sergio Faustino Moya, jefe de seguridad externa, a quien atribuyó la coordinación de traslados irregulares de internos y favores gestionados mediante personal de mantenimiento, bajo la excusa de solicitudes de familiares ficticios. Dijo que Moya continuaba operando incluso desde la Alcaldía de Ciudad Judicial y que exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de alimentos o pertenencias, apropiándose de una parte de lo ingresado de forma ilícita.
Además de su función en el penal, Moya se desempeñaba en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, lugar en el que también se lo observó gestionando beneficios de forma irregular a cambio de dinero.
Lautaro Teruel recibía beneficios
Con relación a la estructura de la organización, el comisario Sánchez identificó a Baldomero Darío Córdoba como el nexo externo en el circuito delictivo, encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios. Ejemplificó este mecanismo con el caso de Lautaro Teruel, quien cumple condena por abuso sexual y que habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Bisceglia y Córdoba.
Sánchez detalló que Teruel fue trasladado al pabellón F —destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad— tras el pago de sumas de dinero que, según afirmó, Córdoba se encargaba de distribuir entre los funcionarios involucrados. Indicó que si bien se intentaba que esas operaciones fueran en efectivo para evitar trazabilidad, una de las transacciones quedó documentada: una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Francisco Arturo Bisceglia. Este movimiento, señaló el investigador, fue acreditado por el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Al ser consultado por la Fiscalía sobre otras solicitudes vinculadas a este interno, respondió que se gestionaba cualquier trámite que pudiera mejorar sus condiciones de detención, incluyendo atención médica preferencial. Resaltó que todas las gestiones eran coordinadas por Córdoba, quien incluso instruía sobre cómo justificar los pagos y qué argumentos utilizar ante el servicio penitenciario.
Puntas carcelarias
En la audiencia de ayer declaró la exdirectora general del Servicio Penitenciario, la prefecta mayor Carina Torres, quien ratificó el testimonio dado por el comisario Sánchez en cuanto a que las puntas carcelarias requisadas a los internos se deben guardar, por razones de seguridad, "en la Oficina de Sumarios" y no en la oficina de un jefe de pabellón, donde fueron encontradas.
La exdirectora respondió preguntas del procurador general Pedro García Castiella, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y los fiscales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, que integran la Unidad Fiscal a cargo de la acusación, y de los abogados defensores.
Torres comenzó contando que ocupó el cargo de directora general entre abril de 2022 y junio de 2024, y explicó cuáles son las funciones de los distintos cargos del Servicio Penitenciario.
Relató que poco después de asumir, el jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario le advirtió sobre irregularidades detectadas durante la gestión anterior en el otorgamiento de beneficios penitenciarios en la Unidad Carcelaria 1. Indicó que incluso reaparecieron versiones, como el ingreso de pizzas mediante un delivery, supuestamente recibidas por el jefe de pabellón, Bisceglia, para un interno.
Se hablaba de que algunos internos habían accedido a beneficios, como salidas transitorias, sin que hubiera actas del Consejo Correccional ni los informes técnicos exigidos por la normativa. En varios expedientes no constaban los fundamentos del otorgamiento del beneficio ni la intervención de las autoridades competentes, dijo Torres.
En relación al funcionamiento del penal, relató que se detectaron intentos de ingreso de elementos prohibidos –como estupefacientes y celulares– tanto por parte de internos como de personal penitenciario y de visitas. Recordó que incluso suboficiales y oficiales intentaron evadir los controles para ingresar celulares.
Tras su denuncia se abrieron investigaciones en contra de la prefecta. Las adjudicó a su denuncia que dio origen a la imputación de ocho funcionarios del Servicio Penitenciario. “Todo esto me perjudicó”, sostuvo.
Ayer también declaró el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario, Reynaldo Herrera. Explicó que su área tiene injerencia en todas las unidades carcelarias y que su función principal es relevar información sobre posibles irregularidades o violaciones a las normas internas, para luego elevarla a la Dirección General.
Herrera dijo que el modo de trabajo del área puede variar según el criterio del director en funciones. En ese sentido, detalló que durante la gestión de Leonardo Isasmendi los informes eran requeridos de forma verbal, mientras que, con la asunción de Carina Torres se le exigió remitir todo por escrito.
El funcionario relató que durante la gestión de Isasmendi supo del ingreso irregular de pizzas a la cárcel y lo informó verbalmente. Luego, ya con Torres en funciones, y ante los rumores sobre beneficios indebidos a internos, elevó un informe formal.
Sobre ese episodio de las pizzas contó que un video muestra el ingreso de un delivery con cuatro cajas de pizza a nombre del jefe de pabellón, Bisceglia, quien las llevó a su oficina. De donde sale después un interno con la bolsa de pizzas. La fiscalía precisó que el video fue analizado y será exhibido en este juicio, que seguirá hoy, desde las 8, con más testimonios.
Fuente de la Información: Página 12
