Imputan a una mujer por tramitar DNI y pasaportes con la identidad de fallecidos
04/11/2023. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Junto a un cómplice todavía prófugo, operaba en el Registro Civil de Embarcación, en el norte de la provincia, y por cada trámite pedían entre 6 y 9 mil dólares. Había gestionado seis documentos para dos clientes
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, admitió la imputación requerida contra Mariela Barrientos en calidad de autora del delito de "falsedad ideológica de documento destinado a acreditar la identidad de las personas en seis hechos".
Barrientos fue detenida en el marco de una investigación llevada adelante por el área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta.
En la audiencia de formalización de la investigación penal, la fiscal subrogante Paula Gallo detalló que Barrientos fue detenida el 24 de octubre último en la terminal de ómnibus de San Ramón de la Nueva Orán cuando estaba por abordar un micro de larga distancia.
Sobre la mujer pesaba un pedido de captura ordenado por el juez Montoya en febrero de este año, esta orden saltó al verificar su identidad y personal de la Policía Federal apostado en la terminal la detuvo.
La fiscala pidió que la mujer quede en prisión preventiva, basándose en su falta de arraigo y la alta probabilidad de fuga de Barrientos, puesto que tiene gran facilidad para salir del país. Si bien la defensa objetó este pedido, el juez coincidió con el criterio fiscal.
Gallo también dio detalles de la extensa investigación que esa área lleva adelante desde el 14 de octubre del año pasado, tras una denuncia radicada por la titular de la Subsecretaría del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de la provincia de Salta, María Fernanda Ubiergo.
Esta funcionaria informó en la denuncia sobre la presencia de un hombre que llevaba a otras personas para realizar trámites identificatorios a la oficina que de ese organismo en la localidad de Embarcación, ubicada a unos 140 kilómetros de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.
La denuncia de Ubiergo reveló los movimientos de este hombre, quien luego fue identificado como Juan Ramón Aparicio, sobre el que hoy pesa un pedido de captura. Según lo referido, Aparicio no sólo intervino en el inicio de los trámites, sino que luego monitoreaba cada uno de estos trámites e incluso habría intentado retirar los documentos con las respectivas constancias del trámite.
La fiscal subrogante señaló que en ese momento lo que más llamó la atención a las autoridades del Registro Civil fue que uno de los pasaportes gestionados tenía asentado un domicilio inexistente en Embarcación. Explicó que, posteriormente, a raíz de la investigación iniciada por la fiscalía con intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se pudieron desentrañar las maniobras de falsedad ideológica.
Se estableció que Aparicio actuaba en complicidad con Barrientos, quien era el nexo con las personas que demandaban este tipo de documentación identificatoria, tanto DNI como pasaportes, por las cuales cobraban sumas que iban de los 6 mil a los 9 mil dólares.
Sobre la operatoria, Gallo explicó que Barrientos se valía de la identidad de personas fallecidas, por lo general de Embarcación misma, para gestionar primero el DNI y luego el pasaporte, trámites que iniciaban luego de obtener la partida de nacimiento de esas personas.
En los casos adjudicados a Barrientos, la fiscalía expuso nombres y fechas de las personas fallecidas, algunas en 1976 y otras en 1983. Sumó la inclusión de datos falsos, como la declaración de domicilio, que significó la punta del ovillo del caso.
La fiscal subrogante explicó que la maniobra no fue advertida por el mismo organismo por una diferencia en el formato de registro que poseen los sistemas informáticos de la provincia y de la Nación.
La fiscalía mencionó gran cantidad de evidencias, tanto directas como indirectas, entre las que resaltó conversaciones entre las personas ahora acusadas, chats con clientes y comprobantes de pago por uno de los trámites.
Agregó que los dos clientes que demandaron los trámites irregulares fueron identificados, imputados y condenados. Ambos son oriundos de Bolivia y reconocieron haberlos requerido, confirmaron las sumas de dinero exigidas por Barrientos y uno de ellos explicó que lo había solicitado para hacer un viaje a España.
En efecto, el 8 de marzo y el 16 de abril pasado José Luis Coca Herrera y Aleida Villaroel Guzmán, ciudadano y ciudadana de Bolivia, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por el tiempo de la condena como autores del delito de "falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas" en diferentes hechos relacionados a esta misma investigación. Las condenas fueron dictadas en el marco de acuerdos de juicio abreviado homologados por el juez Montoya y por el juez de Revisión Ernesto Sola.
Fuente de la Información: Página 12
