Habeas corpus colectivo por el derecho a la educación en cárceles de Salta
25/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas y el Centro Comunitario ALFA denuncian restricciones arbitrarias que afectan a internos e internas que cursan la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, junto al Centro Comunitario ALFA, presentaron una acción de habeas corpus colectivo y correctivo contra el Servicio Penitenciario de Salta, en favor de los internos que cursan estudios en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) dentro de las unidades carcelarias. La medida solicita el cese de las restricciones que afectan el derecho a la educación de las personas privadas de libertad.
Las organizaciones denunciaron diversas vulneraciones al derecho a la educación, como retrasos en los traslados para rendir exámenes, restricciones arbitrarias en el uso de aulas universitarias, discriminación de género en horarios y acceso, falta de aulas en ciertas unidades carcelarias y la negativa a realizar talleres de verano.
El colectivo afectado incluye a internos e internas de las unidades N°1, de varones; N°4, de mujeres, y de las granjas penales N°6, de Rosario de Lerma, y N°7, de Cerrillos, y comprende tanto a quienes ya cursan en la UNSa como quienes deseen hacerlo en el futuro.
En un comunicado, las organizaciones señalaron un “proceder abusivo destinado a sabotear el cursado de la única carrera de la UNSA que se dicta en la cárcel (Ciencias de la Comunicación)”.
Entre las acciones obstructoras, detallaron que en las unidades se decide “quién sale a rendir y quién no”, pese a órdenes judiciales que autorizan la salida de todos los estudiantes, lo que constituye una práctica discriminatoria. Además, denunciaron que los traslados se realizan “fuera del horario de examen para que pierdan la mesa, con pleno conocimiento de ello porque les es comunicado con antelación por oficio judicial, o directamente no llevarlos alegando la falta de móvil”.
También cuestionaron la práctica de “restringir y obstaculizar el uso del aula universitaria en el horario habilitado, siendo el caso de las mujeres más grave aún ya que tienen menos tiempo que los varones en el uso de dicha aula”. Asimismo, señalaron la falta de espacios de estudio en las unidades 6 y 7, y el impedimento injustificado para realizar cursos o recibir formación universitaria durante el verano.
Aprender para defenderse
las organizaciones que presentaron el habeas corpus destacaron que “fue gestado por los mismos estudiantes universitarios del penal y a partir de la formación educativa que asumieron con compromiso, y que hoy, en medio de lo que significa tamaño planteo judicial estando aún presos, es el resultado de su propia organización”, expresaron.
Agregaron: “Por esto mismo es que hemos solicitado medidas de protección y también decidimos visibilizar esta acción, para que no se apliquen represalias contra estos internos que luchan por derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
La acción se apoya en la Ley 24.660, cuyo artículo 133 establece: “Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.
Las organizaciones remarcaron que esta acción “tiene además un gran valor simbólico, porque pone sobre el tapete la importancia del acceso a la educación para generar nuevas oportunidades y rumbos de vida a personas que han sido condenadas penal y aun socialmente. Mucho se habla de que los presos salen a la calle peor de lo que entraron, pero el acceso a la universidad pública en este espacio supone un mensaje totalmente contrario: la posibilidad de que salgan mejores, con conciencia crítica de lo que hicieron para no volver al delito, pero también con conciencia de su dignidad y sus derechos”.
En ese sentido, afirmaron que la iniciativa “constituye parte de la lucha por fortalecer espacios de transformación, dignificación y prevención de la reincidencia en el mismo lugar que muchos consideran el basurero de la sociedad”.
La presentación argumenta que la acción colectiva es necesaria por la naturaleza sistemática de las vulneraciones y para evitar sentencias contradictorias en procesos individuales.
En el habeas también se solicita protección contra posibles represalias del personal penitenciario y la garantía de confidencialidad en las comunicaciones con los abogados.
Fuente de la Información: Página 12
