Fuego en Cafayate: las llamas obligaron a cortar la ruta nacional 68

19/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

A dos semanas del inicio del fuego, que no se había apagado por completo, el fenómeno climático provoco una nueva propagación de las llamas. El viento zonda reavivó el incendio

Un incendio que desde hace dos semanas se abate sobre la zona rural de Cafayate se reavivó por efecto del viento y ayer las llamas obligaron a cortar el tránsito por la ruta nacional 68.

La principal causa fue el viento zonda que azotó ayer a la ciudad vallista y otras zonas de la Puna como había previsto el Servicio Meteorológico Nacional, que había lanzado una alerta amarilla.

El viento que según el pronóstico iba a desatarse con ráfagas de 30 a 60 kilómetros por hora, reavivó las llamas y el cuerpo de 29 bomberos voluntarios (que trabajaron por 8 días sin parar hasta el lunes último) de Cafayate, tuvo que volver a poner todos sus esfuerzos en la zona. También participaron del combate al fuego miembros de Defensa Civil de la provincia, y siguieron recibiendo aporte de un avión hidrante.

Aunque el siniestro había sido contenido y había guardia de cenizas, la dificultad principal, según habían explicado los expertos, es que en la zona incendiada quedaba el combustible de las raíces de algarrobos y chañares.

Ese subsuelo de bosque nativo, todavía caldeado terminó por encenderse y el fuego, alentado por el viento, se extendió más allá de las 50 hectáreas que se habían quemado inicialmente, que están dentro de la categoría amarilla según el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques (OTBN) de la provincia.

Según contaron testigos locales, las llamas cruzaron la ruta nacional 68 y alcanzaron más bosques nativos.

“No es la primera vez que se produce un incendio en ese lugar, también se quemó el año pasado y hace dos meses se inició un incendio en el mismo sitio”, recordó a Salta/12la coordinadora de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.

Un desmonte ilegal en el norte

La ambientalista fue consultada tras una carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz y al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, solicitándole que se disponga de una vez la restauración del bosque nativo perdido por un desmonte ilegal de casi 12 mil hectáreas en el norte provincial.

La pérdida del bosque en el norte provincial por una actividad ilegal tuvo como propósito la producción de monocultivos destinados a la exportación. En el caso de los incendios en la turística Cafayate, lugareños vienen denunciando que fueron provocados con la intención de generar negocios inmobiliarios.

“Es una zona que estaría destinada a un futuro loteo”, sostuvo, en efecto, Cruz al señalar la necesidad de recomponer el ambiente. La cuestión es que, hasta ahora, no se sabe que en el país “haya sido recompuesta alguna zona incendiada”, y cuando se recompuso el bosque fue “por acción de la naturaleza”.

Cruz recordó que la recomposición del ambiente es “una obligación constitucional de las provincias y del Estado Nacional… no es algo que puedan hacer si quieren o no. Además, se debería cobrar a los responsables”.

Por ahora, la denuncia por los incendios está radicada en la Fiscalía Penal de Cafayate a cargo de Sofía Fuentes.

Aplicar el acuerdo por un desmonte ilegal

La nota elevada por Greenpeace a Sáenz y García Castiella tiene como fin que el bosque desmontado ilegalme,nte que consideran “el más grande de Argentina”, sea totalmente restaurado.

Se trata de la deforestación que se realizó en una finca a nombre de José y Darío Karlen y que abarcó casi 12 mil hectáreas en 2014.

El desmonte había sido denunciado desde 2012 pero la Secretaría de Ambiente de la provincia nunca logró ver las máquinas. En 2014, por una inspección realizada por la ex AFIP, el desmonte ilegal fue detectado y también se comprobó que en la finca había personas en situación de esclavitud laboral.

En 2018, el Ministerio Público Fiscal firmó un acuerdo con los Karlen para que el lugar sea restaurado.

Tras 8 años de incumplir ese acuerdo, la administración de justicia de la provincia accedió a multar a los finqueros por 21.800 millones de pesos, lo cual equivale a 15 millones de dólares.

Los ambientalistas recordaron que en el acuerdo de 2018 se dejó establecido que “en caso de un incumplimiento de Karlen a alguna obligación del marco de restauración… se decretará la inmediata intervención de un Cuerpo de Administradores Judiciales compuesto por un abogado, un profesional de las ciencias ambientales y un profesional de las ciencias económicas propuestos por la Procuración General de la Provincia a requerimiento de Tribunal, con amplias facultades para abrir un proceso de ejecución de sentencia forzada del marco de restauración a costa y cargo de Karlen y con garantía sobre los inmuebles del área en recomposición”.

El paso a seguir tras la conformación del equipo, es que sus integrantes deberán inscribir la zona como Reserva Natural de Uso Múltiple Privada “en los términos de los artículos 25 y 53 de la Ley 7107, pudiendo tramitar los beneficios que el Sistema Provincial establece”.

En la carta los ambientalistas advirtieron que el acuerdo de restauración ambiental homologado el 3 de diciembre de 2018 destacó que en la finca habitan 12 familias criollas y que “en la zona norte de las matrículas desmontadas, las comunidades de Corralito y Cuchuy realizaban en el antiguo bosque recorridos de caza y recolección, así como venta de productos y realización de changas a los puesteros criollos residentes en la finca. Las comunidades wichi de la zona sur también realizaban recorridos en la finca en busca de chaguarales y otros recursos importantes para su subsistencia”.

Respecto a los mamíferos, precisaron que “se encontraron 31 especies en zonas aledañas a la finca, de las cuales nueve se encuentran categorizadas a nivel nacional como vulnerables. Dos especies protegidas son endémicas de la región: cabasú chaqueño y chancho quimilero". Esas especies “requieren áreas poco intervenidas por actividades humanas”. Además, dos especies son “consideradas monumentos naturales provinciales (decretos Nº 1660/00 y 4625/11): Jaguar y Tapir, especies cada vez menos frecuentes en la región chaqueña” y que al ser de gran tamaño “se ven afectadas directamente y de manera negativa por la pérdida y fragmentación de hábitat debido a sus mayores requerimientos territoriales”.

De acceder, la obligación de recomponer un bosque nativo que según la Ley Nacional y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos vigente en ese momento, estaba en categoría amarilla, se sentaría un precedente para evitar la destrucción del ambiente.

Fuente de la Información: Página 12