Abogado denunciado por violencia de género ya no tiene restricciones judiciales
19/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Una de las denunciantes de Matías Sanz Navamuel reprochó el levantamiento de la medida y advirtió sobre el riesgo que enfrentan, tanto ella como otras dos víctimas.
El proceso contra el abogado está detenido porque se considera que su estado de salud mental no le permite afrontarlo. El querellante cuestionó que la custodia recaiga sobre la denunciante
Una mujer denunció a quien entonces era su esposo, el abogado Matías Sanz Navamuel, por una violenta agresión, el 18 de mayo de 2020. Seis años después, sostuvo que las amenazas nunca cesaron y expresó temor ante la reciente decisión judicial que dejó sin efecto el arresto domiciliario que cumplía el acusado, aunque mantuvo restricciones de acercamiento y de monitoreo electrónico.
La denunciante, P. F., declaró el martes último en una audiencia de revisión realizada ante el juez de Garantías Ignacio Colombo, en el marco de las causas que acumula Sanz Navamuel. En la audiencia intervinieron el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y los abogados de la defensa Fernando Teseyra y Raymundo Sosa.
Sanz Navamuel enfrenta cargos por amenazas agravadas (15 hechos), coacción agravada, turbación de la posesión y desobediencia judicial (19 hechos), en concurso ideal, en perjuicio de su exesposa. También se le imputa coacción agravada en perjuicio de I. G. L., y amenazas agravadas en perjuicio de S. A., quienes fueron sucesivas parejas del acusado.
La resolución judicial del 16 de junio, dejó sin efecto el arresto domiciliario que Sanz Navamuel venía cumpliendo y estableció medidas sustitutivas: mantener el sistema de monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros de los domicilios de las víctimas y de los lugares que frecuentan; prohibición de contacto por cualquier vía con las víctimas y su grupo familiar; prohibición de ejercer actos de violencia de cualquier tipo, física, verbal o psicológica, y obligación de continuar con los tratamientos prescriptos por sus médicos.
Seis años de denuncias por violencia de género
P. F. sostiene que la agresión denunciada el 18 de mayo de 2020 no fue un episodio aislado sino el inicio de una situación de violencia de género que continuó mediante amenazas, hostigamientos y conflictos judiciales que afectaron distintos aspectos de su vida.
Ese día salió a trabajar pero ya se sentía descompuesta. Había cuarentena pero las ópticas habían sido declaradas servicio esencial, así que ella salía a trabajar mientras Sanz Navamuel permanecía en la casa.
Según denunció, se retiró del negocio alrededor de las 9, compró un remedio y tomó un remis a su casa. Al llegar notó que pese al frío intenso, los ventanales estaban abiertos. Entró y vio a Sanz Navamuel de espaldas mirando hacia el patio. Y más adentro, a una persona que había frecuentado la casa y cuya presencia ella había cuestionado muchas veces. Lo que presenció la dejó en shock.
Fue al dormitorio y cuando Sanz Navamuel entró a la habitación, pensó que quería darle explicaciones. No estaba en condiciones: se sentía mal. Su intención era pedirle que la dejara tranquila. No tuvo tiempo. “Me cruzó la cara de dos bofetadas. Sangraron mis labios, sangró mi nariz, y me tomó del brazo y comenzó a arrastrarme por el pasillo”, relató.
P. F. recordó que en un salón que da a la cocina, el abogado se sacó una bufanda y se la envolvió a ella en el cuello. “Empezó a hacerme caminar para atrás, empujándome y apretándome la garganta”, describió. Cuando intentó hacerla pasar al salón siguiente, ella cayó de espaldas. Él cayó sobre ella. “Tapó mi boca, me hizo sangrar más”, recordó. Durante todo el trayecto no paraba de insultarla y de repetirle una y otra vez que no dijera nada. “Su mayor preocupación era que no se enterara el Senado (donde era empleado)”, contó.
En un momento Sanz Navamuel miró hacia afuera. “Fueron segundos, aproveché y grité con todas mis fuerzas”, recordó. Él volvió a taparle la boca, pero los ventanales abiertos habían permitido que los vecinos la escucharan y llamaran al 911.
Cuando los policias llegaron, Sanz Navamuel intentó correr, pero los policías no lo detuvieron. A ella la sentaron en la vereda. Él se acercaba cada tanto y la amenazaba. “Me decía que no iba a ser yo la víctima, que lo iba a matar a mi hijo, que iba a acabar con toda su vida”, relató.
La denunciante recordó además que Sanz Navamuel impidió que la atendieran. “Hizo desaparecer a la policía, hizo desaparecer la ambulancia. No permitió que me lleven al hospital”, contó. Dijo que por las amenazas decidió callar y quedarse en la casa.
Aunque después se fue y hizo la denuncia días después, cuando pudo volver al trabajo y contactó a una abogada especializada en violencia de género. “No podía caminar, tenía la cadera destruida. Las piernas destruidas, el brazo que no lo podía mover”, describió.
Desde entonces, aseguró, su vida cambió por completo: “Me acostaba con consignas en la puerta, me levantaba para salir a trabajar con dos consignas al costado. Trabajaba con consignas en la puerta de la óptica. Siempre con miedo”.
El hostigamiento constante también tuvo consecuencias económicas y familiares. Tuvo que vender su local comercial. “De ese negocio viví prácticamente veinte años. Estudió mi hijo, pagué cuentas, yo vivía de eso. Él hizo que me lo embarguen, me embargaron el auto”. “Tuve que malvender porque necesitaba pagar las cuentas”, afirmó.
Explicó además que la presencia permanente de consignas policiales en la puerta de la óptica espantaba a los clientes. “Me limitó muchísimo. Igual, seguí trabajando”, pero “las amenazas de él eran todos los días, todo el tiempo”, relató.
Entre las consecuencias más dolorosas P. F. mencionó el distanciamiento de familiares debido a las amenazas. “Tener que alejarme de mi familia porque él amenazó a todos, mis hermanos, mis sobrinos, y para protegerlos a ellos me tuve que alejar”, señaló.
Pese al tiempo transcurrido, dijo que no se arrepiente de haber denunciado. “Los resultados no se están viendo, pero yo denuncié, no me quedé callada. Enfrenté al poder de Sanz Navamuel y a todos los que lo rodean. Enfrenté al Senado con todo el miedo encima, pero lo enfrenté porque yo estoy diciendo la verdad. Yo no hice nada malo. Acá el que es mala persona, el ingrato, el corrupto, es él y todos los que lo rodean, todos los que lo siguen rodeando”, expresó.
Durante su intervención ante el juez, P. F. recordó que otras mujeres también denunciaron a Sanz Navamuel por hechos de violencia de género.
La advertencia de la querella
El abogado querellante, Vidal Villalba Samaniego, explicó que la defensa viene planteando desde hace tiempo que el diagnóstico de bipolaridad crónica y progresiva de Sanz Navamuel le impide afrontar el proceso penal.
Según distintas juntas médicas, la patología se agrava con el tiempo. Los especialistas que declararon, tres psiquiatras y el psicólogo tratante, coincidieron en que no está en condiciones de afrontar un proceso penal.
Sin embargo, Villalba Samaniego subrayó que esa condición no le impidió a Sanz Navamuel ejercer la abogacía durante más de 30 años ni desempeñarse como asesor legal de planta permanente en el Senado provincial. Según explicó, los médicos atribuyen el deterioro actual al carácter progresivo de la enfermedad: cuando Sanz Navamuel se trataba y tomaba la medicación, podía desenvolverse con normalidad; las recaídas ocurrían cuando abandonaba el tratamiento.
El querellante señaló que la causa penal está suspendida desde 2023 por la incapacidad sobreviniente del acusado, pero advirtió que esa suspensión no detiene los plazos de prescripción. Indicó que Sanz Navamuel acumula 14 imputaciones concretas, con pericias caligráficas que lo identifican como autor de las amenazas. Hay además otros hechos que no pudieron imputarse formalmente debido a la suspensión del proceso.
Frente a ese cuadro, el abogado fue enfático: “Yo seguí solicitando que siga el proceso, que se le haga el tratamiento que se le tenga que hacer, se le medique, pero, como todos los ciudadanos, tiene que afrontar las consecuencias de su conducta”.
Mientras la defensa buscó el sobreseimiento total y el levantamiento de todas las medidas, la querella y la fiscalía reclamaron escuchar nuevamente a los profesionales de salud para ampliar los dictámenes. La resolución fue un punto intermedio: se prorrogó la suspensión del proceso por 60 días, se levantó el arresto domiciliario que Sanz Navamuel cumplía desde hacía cinco años y se mantuvieron las medidas de protección para las víctimas, aunque para P. F. y su abogado, son insuficientes.
Para el querellante, esa decisión expone a las víctimas a un riesgo concreto. “La sensación que tengo es que estamos a merced de que él se chispotee y cometa una locura. No estamos en época de experimento. Hay que tomar todas las precauciones necesarias y efectivas sin margen alguno”, advirtió.
Cuestionó asimismo que tras el levantamiento del arresto domiciliario se haya dispuesto custodia policial para P. F. en lugar de para el acusado. Para el abogado, es revictimizante: “La carga siempre la sostiene la víctima en vez de que se vigile al victimario”, reprochó.
Anticipó que solicitará que esa disposición se reemplace por una custodia personalizada sobre Sanz Navamuel. “Si el Estado, en su deber de protección, tiene que poner custodia las 24 horas que pernocte con él, tendrá que hacerse así. No se puede experimentar con esto”, sostuvo.
Para el abogado, el caso también expone las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres que denuncian violencia de género en Salta. “Es una justicia que exige más esfuerzo de la víctima que del victimario”, sostuvo. Cuestionó que durante años la carga de las medidas de protección haya recaído sobre las denunciantes: “Acá la que denuncia tiene que vivir más presa. Se le priva más de la libertad a la denunciante que al victimario”.
Señaló que detrás de esa dinámica se transmite a las víctimas un “mensaje oculto” para que desistan de denunciar a sus agresores. “La estructura de poder de Salta es patriarcal y por más que se quiera disfrazar con reformas y leyes, la operatividad de esas reformas sigue siendo muy agotadora”, insistió. “Hay toda una estructura de poder que apaña la violencia en Salta”, concluyó.
Respecto de los recursos humanos del sistema judicial, Villalba Samaniego sostuvo que más allá de la creación formal de fiscalías y juzgados especializados en violencia de género, quienes actúan en las causas no están suficientemente preparados para abordarlas con perspectiva de género. “La realidad supera mucho a la apariencia”, afirmó.
Fuente de la Información: Página 12
