Familia campesina resiste otro intento de desalojo en El Pongo
18/07/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La administración de la finca insiste en que esas tierras deben ser anexadas al Parque Industrial de Perico. Los Ibáñez defienden su posesión centenaria. Las representantes legales del colectivo campesino interpusieron ayer un habeas corpus
La administración de la finca insiste en que esas tierras deben ser anexadas al Parque Industrial de Perico. Los Ibáñez defienden su posesión centenaria. Las representantes legales del colectivo campesino interpusieron ayer un habeas corpus para defender la integridad de mujeres, hombres y niños frente a la violencia policial. Hoy los recibe el juez de control en San Salvador de Jujuy
La familia Ibáñez pide justicia en Jujuy. Defiende 37 hectáreas de territorio dentro de la Finca El Pongo. Se trata de un espacio que ocupan desde hace cinco generaciones. Viven en Hornillos por más de cien años y a quien pregunta le recuerdan que, en su momento, el propio Plinio Zavala -que legó su propiedad familiar para beneficio de los habitantes del pueblo jujeño de Perico- les reconoció la posesión de las hectáreas que hoy reclaman como propias.
Pese a los antecedentes, hasta ayer por la noche medio centenar de policías continuaban hostigando a la familia, en un intento por expulsarlos definitivamente.
"Sabemos que el desalojo está flojo de papeles", dijo a Salta/12 Silvana Llanes, una de las dos abogadas que representa a la familia en el litigio que mantienen contra la administración del legado de Zavala. En ese sentido, la letrada informó que hoy a las 10 de la mañana el juez de control Javier Salvatierra la recibirá en audiencia formal, con el objeto de resolver el habeas corpus colectivo que interpuso ayer en procura de proteger la integridad de los campesinos frente a las agresiones y hostilidades de los uniformados.
"Entraron cien policías, el abogado Oliver Alanis, y la jueza de Paz de Perico, Silvana Moreira", comenzó relatando Griselda Ibáñez. "Anoche (por el miércoles) nos prometieron que iban a regresar para sacarnos por la fuerza. Nosotros nos pusimos firmes, pero sabemos que no hay justicia en Jujuy", lamentó. De hecho, Walter Méndez, comunero de la comunidad kolla de Inca Cueva (Tilcara) que viajó para apoyar a la familia, relató ayer a este diario que sobre el mediodía un grupo de mujeres permanecían sobre el suelo desafiando las topadoras. Intentaban evitar que las máquinas destrozaran aún más su terruño.
"Sabemos como funciona la ilegalidad en Jujuy con los desalojos, por eso apoyamos a la familia. Es tremendo, otra vez, lo que se vive", afirmó. Méndez integra un colectivo compuesto por comunidades originarias y organizaciones populares que hoy por la mañana realizarán una asamblea en el lugar donde transcurre el intento de desalojo. "Tenemos que organizarnos para resistir", afirmó Méndez.
"Me tratan de usurpadora, cuando son ellos quienes turban el territorio", dijo Griselda Ibáñez. "Mi papá, mi hermano, mis hijos de 23, 24 y 12 años, también mis nietos de 5 y 6 años", enumeró, "todos estamos en peligro desde que regresaron para hostigarnos con la intención de expulsarnos". Si bien el pico de conflictividad de los procedimientos ocurrió entre la noche del martes, la madrugada del miércoles y la jornada de ayer, la estrategia de amedrentamiento por parte de la administración de la Finca El Pongo se viene desarrollando desde la semana pasada. "El martes 8 de julio comenzaron a atacarnos. Ellos siempre actúan en feria judicial", remarcó la campesina. "Intentaron notificarnos con una orden que ya denunciamos por irregular", acotó.
Imagen captura de video. Gentileza Griselda Ibañez.
Griselda Ibáñez también recordó que el fiscal que entiende el caso del desalojo es Juan Carlos Baiud. Sin embargo, ayer Griselda viralizó un video en el que documentó el momento en el que un policía explicaba a varias mujeres de esa familia que era el fiscal Diego Funes quien había librado un oficio para proceder al desalojo definitivo.
"Hay un habeas corpus interpuesto y el Ministerio Público de la Acusación ya fue notificado. Por lo tanto, la actuación que hagan en el lugar es ilegal", explicó la abogada Alejandra Cejas, que también patrocina a la familia. La escucharon las mujeres que continuaban resistiendo los embates de la administración de El Pongo.
Un operativo "muy costoso"
La abogada Silvana Llanes contó que la jueza de Paz Silvana Moreira "aseguró frente a varios concejales periqueños que el operativo les estaba costando mucha plata". "Nos sorprendió a todos", afirmó, "porque interpretamos de inmediato que los efectivos policiales del operativo eran pagados por la administración de la Finca". Si bien la jueza de Paz cambió de tema, Llanes infirió que ese era el motivo por el cual los uniformados "no podían explicar quién les había dado la orden para hacer efectivo el desalojo. Solo repetían que esa orden fue verbal", destacó.
La concejala Mónica Alaniz, electa por LLA, fue una de las que escuchó el comentrio de la jueza de Paz. Alaniz no solo confirmó a este diario la versión de Llanes, sino que fue más allá. "No es la primera vez que vemos al gobierno provincial aplastando a quienes viven en El Pongo", afirmó. "Esas tierras no son fiscales", dijo. De paso recordó que hasta la administración de Gerardo Morales, El Pongo contaba con 11 mil hectáreas de tierras destinadas únicamente a la producción de hortalizas.
"Este gobierno avanza como si fuera el dueño de la finca y sin dar la informacion pública a la población. Sacaron arrendatarios de hortalizas para dar lugar a una plantacion de marihuana", se quejó. Puntualmente, Alaniz reclamó que la información relativa a los ingresos del cannabis medicinal sea pública, ya que esos fondos deben estar destinados al hospital de Perico. Destacó además que el legado de Plinio Zabala cumple medio siglo en agosto.
La concejala Anahí Juárez, del PJ, también se solidarizó con la familia. Hizo una transmisión en vivo el miércoles desde el acceso al territorio campesino del conflicto, y mientras los policías ingresaban al predio de los Ibáñez. Le reclamó al intendente Rolando Ficoseco que medie ante el gobierno provincial para que cesen las hostilidades contra las familia campesina.
Juárez recordó que otros grupos ya fueron desalojadas del predio, siempre para cumplir con la meta de la administración de la Finca: extender el área del Parque Industrial de Perico. "No hubo orden judicial para este desalojo", afirmó. "Dieron un paso atrás cuando nos vieron llegar y después, cuando creyeron que nos estabamos retirando, trajeron las topadoras", relató. "Pedimos al intendente que venga a defender a esta familia ¿Cuánto más tenemos que perder los periqueños?, ¿cuánto más vamos a permitir avanzar y avasallar a Morales y a(l gobernador Carlos) Sadir? ¿cuántos derechos nos van a quitar?", cuestionó.
Por su parte, Silvana Llanes afirmó que la noche del martes, alrededor de las 23, los policías "estaban maltratando a dos ancianas y le pegaron a un chico", afirmó. "Curiosamente, avanzan durante la feria judicial", insistió. "Parece que creen que uno se va en esa fecha y entonces pueden avanzar contra la gente vulnerable", reflexionó.
Elaborado en base a capa de catastros de Jujuy (Analía Brizuela)
"Jujuy es una cárcel a cielo abierto y desde hace mucho tiempo, porque no hay garantías constitucionales", agregó. En ese sentido, afirmó que no hay seguridad jurídica y que la violencia institucional solo es posible por "la mafia judicial". "Mendigamos cuotas de justicia, porque no hay un sistema de frenos y contrapesos", afirmó.
El conflicto por las tierras de los Ibáñez, que involucra a la administración del legado de Plinio Zavala, escala desde enero pasado. Esas hectáreas se superponen al área proyectada para extender el Parque Industrial de Perico. Se trata de un proyecto que impulsó el ex gobernador Gerardo Morales. Justamente, hace dos años, el ex funcionario cedió parte del territorio campesino (unas 20 hectáreas dentro de El Pongo) a la empresa china Tsinshan Mining Development para la construcción de una planta destinada a elaborar hidróxido de litio a partir del carbonato que procesa Eramine -socia de la empresa china en ese momento- en la Puna sobre el límite que disputan Salta y Catamarca.
Por ese antecedente, la edil libertaria Mónica Alaniz cuestionó también el futuro ambiental del pueblo. "No estamos en contra del progreso, estamos en contra del cómo se llega a esos lugares. Los periqueños no sabemos cuál es el plan", cuestionó. "Con tanta falta de información, tenemos nuestras dudas sobre los efectos que causará una planta de esas características tanto en la finca como en el pueblo", cerró la concejala electa.
Fuente de la Información: Página 12
