En los últimos dos meses, se duplicaron los pedidos de juicio por abuso policial en Salta

30/08/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

El decreto que otorgó súperpoderes a los uniformados salteños suma críticas; pero el gobierno lo mantiene.

En todo el 2019, la fiscalía de Derechos Humanos elevó cuatro pedidos de juicio contra efectivos policiales. El recambio en la fiscalía arrojó sus frutos: en dos meses y medio de la gestión de Verónica Simesen de Bielke se duplicaron los pedidos. También disminuyó, de manera abrupta, la cantidad de causas que pasan a ser archivadas sin ser, siquiera, investigadas.

Pero estas estadísticas no se explican, solamente, por el cambio de un cargo o porque se investigue más y mejor.  El mayor número de causas tiene que ver, en gran parte, con el Decreto 255, hoy ley 8191, que le otorgó a la Policía de Salta el poder para sancionar incumplimientos a las normas que busca evitar la propagación de la pandemia.

Blanca Lescano, de la Comisión de familiares de detenidos-desaparecidos enumeró que el gatillo fácil, las golpizas en dependencias policiales y en traslados y los allanamientos sin orden judicial se han vuelto lugares comunes en los últimos meses. “En Salta se ha perfeccionado el métido y la policía dispara directo a la cara, como en Chile. Seis hombres perdieron un ojo, al ser disparados por la policía”, dijo Canela Álvarez, integrante de HIJOS.

El reclamo viene desde hace dos meses y el pasado 26 de agosto se sumó Adolfo Pérez Esquivel,  Premio Nobel de la Paz. “La normativa la Gobernación de Salta apunta más a la represión y no a la solución de los problemas”. Dijo, asimismo, que el problema que busca solucionar el gobierno de Salta “no se resuelve con más violencia, se resuelve con políticas de Estado que tienen que ser de prevención y seguridad social”. Advirtió, además, sobre un retroceso de la democracia.

Asimismo el colegio de abogados rechazó de manera abierta la ley que faculta a los efectivos con más poder. El Colegio de Abogados de Salta, que solicitó sumarse como amicus curiae (amigo del Tribunal) en la acción de inconstitucionalidad que se presentaron en la Justicia organismos de derechos humanos y que se tramita en la Corte de Justicia.

“Compartimos en todas sus partes la tacha de inconstitucionalidad que ha realizado la actora, y sobre todo el reproche en torno a las inconductas contrarias a los derechos humanos que ha desplegado la autoridad de aplicación del DNU 255/20 (Policía de la Provincia de Salta) debido a que ha generado desde su vigencia, violencia institucional de tal magnitud, que ha intervenido la Secretaría de DDHH de la Nación; violencia en desmedro de quienes han sufrido la aplicación de las sanciones impuestas en la norma ilegal”, señala el texto presentado.

Por otra parte, enfatizan que la ley es inconstitucional porque “exorbitó el ámbito de sus facultades, alterando la división de poderes y el principio republicano al arrogarse facultades no conferidas por la Constitución, aun en emergencia”, y sustenta esta afirmación en que crea una “contravención, de contenido sancionatorio de naturaleza penal, por medio de un decreto de necesidad de urgencia».

Finalmente señala que hay una “afectación del Principio de Debido Proceso”, ya que el DNU altera el principio del juez natural, al ser juzgado por el Jefe de Policía, ”privándole al contraventor de los derechos que le reconoce la ley y la Constitución para ejercer su defensa en juicio, mediante una defensa técnica asignada por el Ministerio Público, es decir la Defensoría General de la Provincia de Salta”.

El 2 de julio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo, ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad y excesos en el accionar policial de Salta.

El 6 de julio, la delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, se reunió con el titular del Inadi, Gustavo Farquharson, para tratar de sumar voces y visibilizar los casos de abuso policial.

El titular del Inadi también sostuvo que hay un modus operandi de la policía local en el armado de causas de abuso, de resistencia a la autoridad. “Les inventan causas de agresión, los detienen porque no tienen barbijo, los golpean y les inventan causas, ese es el modo de funcionar de la policía que además es un modo estructural, no son casos aislados como dice el Ministro de Seguridad de la provincia”, enfatizó.

El único ente estatal que ha tomado nota de la violación sistemática de los Derechos Humanos ha sido la Procuración, con una nueva fiscal. Los demás sectores han decidido mirar para otro lado.

Fuente de la Información: Daniel Salmoral