El PAMI deberá restituir medicamentos gratuitos a jubilados salteños
18/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El Juzgado Federal N°2 de Mendoza dictó una medida cautelar que obliga al PAMI a restituir el acceso gratuito a medicamentos esenciales para jubilados de Salta, luego de que el gobierno nacional diera de baja el Programa Vivir Mejor.
La presentación fue realizada por el Centro de Jubilados y Pensionados el 21 de septiembre de Tartagal, con el acompañamiento del senador nacional Sergio Leavy.
A partir de una presentación judicial impulsada por el senador nacional por Salta, Sergio “Oso” Leavy, junto al Centro de Jubilados y Pensionados 21 de septiembre de Tartagal, la Justicia federal ordenó al PAMI restituir los medicamentos esenciales que el Gobierno nacional había quitado a los adultos mayores a través de una resolución del mes de diciembre de 2024.
La medida fue resuelta por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, en el marco de una acción de amparo que apunta contra las resoluciones PAMI-INSSJP N° 2.431 y 2.535/24, que habían eliminado el acceso gratuito a los medicamentos contemplados en el Programa Vivir Mejor. Con esta decisión judicial, el PAMI deberá restablecer la cobertura de esos tratamientos a partir de la próxima semana. “Es una medida cautelar por la que el PAMI debe devolver este derecho, que le cortó la actual gestión, y que afecta la salud y la economía de los jubilados salteños”, explicó Leavy. “Desde el Juzgado Federal de Mendoza N° 2 nos comunicaron hoy que dieron lugar a este amparo, que vengo acompañando, presentado por la presidenta del Centro de Jubilados de Tartagal, Inés Sánchez, y el doctor Facundo Maciel, contra las restricciones impuestas por el gobierno”, agregó.
El primer paso judicial
En diálogo con el periodista Héctor Alí, el abogado patrocinante de la presentación, Facundo Maciel, valoró la importancia de esta resolución para los jubilados de Salta: “Es una gran noticia para todos los jubilados de la provincia.
Esta medida judicial fue impulsada a partir del reclamo del Centro de Jubilados 21 de septiembre, por iniciativa del senador Sergio Leavy, quien tiene un compromiso constante con estas instituciones”.
Maciel detalló que la acción fue presentada originalmente en la jurisdicción de Tartagal, pero que, por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los amparos colectivos deben ser tratados en el primer juzgado que entienda sobre el caso, en este caso el Federal N°2 de Mendoza. “Eso generó una serie de traslados y una demora de alrededor de un mes en la tramitación del expediente”, indicó el abogado. “Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó que las causas sobre este tema debían concentrarse en ese juzgado, al ser el primero en actuar”, precisó. La cautelar dictada ahora tiene efecto inmediato sobre la provincia de Salta, aunque el fondo de la cuestión —es decir, la legalidad o no de las resoluciones del PAMI— todavía sigue en análisis.
Una acción que podría extenderse
Maciel también explicó que el Juzgado mendocino fue el primero en recibir presentaciones similares, a las que luego se sumaron Córdoba, Tucumán y Salta. “Ahora también se está sumando una asociación de derechos humanos de Córdoba, porque claramente esta situación implica una vulneración a los derechos fundamentales de las personas mayores. No se trata solamente del acceso a la salud, sino de derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional”, remarcó.
Consultado sobre el contexto político y jurídico que rodea a esta y otras medidas del gobierno de Javier Milei, el abogado fue categórico: “Durante la campaña, el presidente había anunciado un ajuste brutal. Pero desde el punto de vista jurídico, esto es inaceptable. Está vulnerando derechos consagrados por el simple hecho de ser personas. Hay una gravedad institucional muy grande”.
Un ajuste social con impacto profundo
El recorte de medicamentos del Programa Vivir Mejor fue parte de un paquete de medidas impulsadas por la administración de Javier Milei a partir de diciembre de 2024. Según denuncian diferentes organizaciones sociales, profesionales y legisladores, la decisión afectó gravemente a personas jubiladas que dependen exclusivamente del sistema público de salud para sus tratamientos crónicos. “Hay derechos que están reconocidos en nuestra Carta Magna. No es un capricho, son derechos fundamentales que se están desconociendo”, subrayó Maciel. “Con estas medidas buscamos restaurar derechos que fueron vulnerados”.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
