El mapa real de la corrupción: las provincias donde la justicia ordinaria también condena a exfuncionarios
03/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Sólo tres provincias muestran un avance judicial significativo en sede ordinaria contra ex funcionarios en los últimos diez años: Chubut, Entre Ríos y Jujuy. Catamarca registra una condena firme menor. El informe rescata una condena reciente en Salta
Cuando se mide el avance judicial sobre causas de corrupción en Argentina, el primer paso indispensable —y el más frecuentemente omitido— consiste en distinguir la jurisdicción donde tramita cada expediente. No es un dato técnico menor. El ministro de Justicia provincial es designado por el gobernador de turno, los integrantes del Superior Tribunal son propuestos por el mismo Poder Ejecutivo y aprobados por una Legislatura mayoritariamente oficialista, y los fiscales del Ministerio Público Fiscal de cada provincia rinden cuentas a un procurador general elegido por la misma trama política.
Esa cadena de nombramientos no impide la independencia judicial, pero la condiciona; especialmente cuando el imputado es un exgobernador, exministro o ex legislador del mismo signo político que controla el aparato institucional.
La justicia federal opera bajo otra lógica. Los jueces federales son propuestos por el Poder Ejecutivo nacional, evaluados por el Consejo de la Magistratura y confirmados por el Senado de la Nación. Los gobernadores provinciales no intervienen en esos nombramientos ni tienen incidencia directa sobre los fiscales federales que actúan en su territorio. La directiva, en términos institucionales, baja desde Buenos Aires.
Esa diferencia de marcos explica por qué algunas causas resonantes —la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por Vialidad o la sentencia al exjuez federal mendocino Walter Bento por liderar una asociación ilícita— no pueden contabilizarse cuando se evalúa la independencia de las justicias provinciales argentinas. Esos fallos son federales y, aunque hayan ocurrido en territorio santacruceño o mendocino, no involucraron a tribunales provinciales.
Aplicado ese filtro, el universo de causas se reduce drásticamente. Sólo tres provincias muestran un avance judicial significativo en sede ordinaria contra ex altos funcionarios en los últimos diez años: Chubut, Entre Ríos y Jujuy. Una cuarta —Catamarca— registra una condena firme menor. El resto del país aparece, en este indicador, en distintos grados de inactividad judicial provincial.
Chubut, la jurisdicción más activa
La justicia chubutense es, por lejos, la que más avanzó. Las causas conocidas como "Embrujo", "Revelación" y "Emergencia Climática" tramitaron íntegramente en tribunales provinciales —Cámara en lo Penal de Trelew y Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut— bajo la conducción de los fiscales Marcos Nápoli, Gustavo Núñez, Alex Williams y Omar Rodríguez del Ministerio Público Fiscal provincial.
La causa "Embrujo" surgió en marzo de 2018 a partir de un sobre de papel madera dejado anónimamente en la Legislatura provincial por una secretaria despechada por un romance con un funcionario de la gobernación de Mario Das Neves. El sobre contenía documentación sobre el manejo de fondos destinados a la reconstrucción de Comodoro Rivadavia, devastada un año antes por un alud que dejó tres mil personas sin techo. La investigación derivó en la condena, confirmada por la Corte Suprema en septiembre de 2023, a Diego Correa, exsecretario privado de Das Neves: 10 años de prisión, multa de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua, como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y autolavado de activos. Junto a Correa fueron condenados Diego Lüters (5 años), Daniela Souza (4 años) y Juan Carlos Ramón (3 años y 3 meses).
La derivación natural fue la causa "Revelación", que investigó el cobro sistemático de retornos del 3 al 5 por ciento sobre cada obra pública contratada durante el tercer mandato de Das Neves, parte de los cuales se destinaba al pago de sobresueldos a ministros. El esquema quedó documentado en planillas Excel y cheques fotocopiados secuestrados en allanamientos. El veredicto de culpabilidad llegó en abril de 2021 y la fijación de penas, en mayo del mismo año: Víctor Cisterna, ex ministro coordinador, recibió siete años; Pablo Oca, ex ministro de Economía, fue condenado a devolver tres millones de pesos; Alejandro Pagani, ex ministro de Infraestructura, cuatro años y ocho meses; Martín Bortagaray, ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda, otros cuatro años y ocho meses; Gonzalo Carpintero, ex secretario privado, tres años; Diego Lüters, tres años; Diego Correa, cinco años y seis meses sumados a "Embrujo"; y el empresario Martín Castillo, también condenado por cohecho activo. Los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales identificaron en el veredicto al propio Das Neves —ya fallecido en octubre de 2017— como "jefe" de la asociación ilícita.
A esas dos megacausas se sumó "Emergencia Climática", donde la Corte Suprema dejó firme en septiembre de 2024 la condena al ex subsecretario de Promoción Social Marcelo Fabián Suárez —dos años y medio en suspenso e inhabilitación de cinco años por encubrimiento agravado y falsedad ideológica—. Más de sesenta empresarios aceptaron suspensión de juicio a prueba en causas conexas a cambio de obras sociales y trabajos comunitarios.
La justicia chubutense desarmó así, mediante sentencias firmes en sede provincial, la práctica totalidad del esquema de corrupción que operó en la gobernación de Das Neves entre diciembre de 2015 y la muerte del mandatario en octubre de 2017.
Entre Ríos, el segundo distrito en actividad judicial
La provincia ocupa el segundo lugar del ranking por la combinación de una condena ya emitida —pendiente de la Corte Suprema— y un volumen excepcional de causas en trámite simultáneo contra el mismo círculo político.
El llamado "megajuicio", que en abril de 2022 condenó al exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, fue dictado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, conformado por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno. La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos —juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo— confirmó el fallo en mayo de 2023 y, en noviembre de 2024, ordenó la prisión preventiva efectiva del exmandatario. Junto a Urribarri fueron condenados su cuñado Juan Pablo Aguilera (seis años y medio) y el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez (seis años). Los fiscales que sostuvieron la acusación fueron Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull, en una causa originalmente conducida por la procuradora adjunta y exfiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, destituida en pleno juicio en diciembre de 2021 mediante un jury cuestionado por organizaciones profesionales y por el propio procurador general de la Nación.
El expediente se sostuvo pese a esa remoción, y de él derivaron las causas que definirán el panorama judicial entrerriano de 2026. El juez de Garantías Julián Vergara remitió a juicio en junio de 2025 la denominada "Causa Coimas", donde la fiscalía pide diez años de prisión para Urribarri por el direccionamiento ilícito de contratos a favor de la empresa Relevamientos Catastrales SA del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros. Cuatro exfuncionarios admitieron en juicios abreviados haber cobrado coimas en ese esquema y complicaron de esa manera al propio Urribarri: el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich, el exsecretario de Hacienda José Humberto Flores y el exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas Luis Alfonso Erbes. La causa por enriquecimiento ilícito contra Urribarri y Cardona Herreros, con audiencias fijadas entre marzo y abril de 2026, llega con un informe pericial que detecta un incremento patrimonial no justificado de 11.546.772 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros entre 2008 y 2015. Las tres causas surgieron por investigaciones periodísticas de la revista ANALISIS.
El ex diputado provincial y titular de UPCN José Ángel Allende, junto a su entorno familiar (también denunciado por ANALISIS), fue procesado en junio de 2025 por el juez de Garantías N° 8 Pablo Zoff por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento en noviembre de 2025. El cálculo pericial fija un incremento patrimonial de 10.481.385 pesos y 64.000 dólares a valores históricos. Pedro Báez enfrenta una segunda causa por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme, con un pedido fiscal de cinco años. El intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, con condena firme previa de 2006 por enriquecimiento ilícito, tiene dos causas en trámite por presuntos sobreprecios en obra pública y por nuevas cuentas no declaradas en Uruguay junto a su esposa, la senadora Patricia Díaz. Y a ello hay que sumarle las causas de contratos truchos I y II, por el desvío de 53 millones de dólares, que involucra a buena parte del arco político del peronismo entrerriano de los últimos 20 años.
Lo distintivo del caso entrerriano es la persistencia institucional pese a la presión política, el volumen de imputados de primera línea y el avance simultáneo de múltiples expedientes contra el mismo círculo de poder. Si las definiciones previstas para 2026 confirman las acusaciones, la provincia podría superar incluso a Chubut como caso testigo del avance de la justicia ordinaria sobre la corrupción gubernamental.
Jujuy: la condena más extensa de la justicia provincial
La causa "Pibes Villeros", que terminó con la condena unificada de quince años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, es el fallo más largo dictado por una justicia provincial argentina por delitos contra la administración pública en los últimos años. La sentencia original, de trece años, fue dictada en enero de 2019 por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy, integrado por las juezas Alejandra Tolaba, Claudia Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas. La Cámara de Casación Penal de Jujuy y el Superior Tribunal de Justicia provincial la confirmaron en sucesivas instancias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2022, rechazó el recurso de queja con un argumento que vale la pena rescatar para entender la doctrina sobre autonomía judicial provincial: "es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas". En mayo de 2025, el máximo tribunal dejó firme también la pena unificada de quince años, que sumó la condena por amenazas a personal policial.
La fiscalía la encabezaron Delia Ortiz, Diego Cusell, Liliana Fernández de Montiel y el fiscal anticorrupción Joaquín Millón, quien llegó a pedir 22 años de prisión en sus alegatos. La sentencia tuvo otros condenados: la ex legisladora provincial Mabel Balconte, la concejal Marcia Sagardía, el esposo de Sala Raúl Noro, y los ex integrantes del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea. El veredicto se basó en el desvío de aproximadamente 60 millones de pesos provenientes de programas habitacionales nacionales que fueron canalizados a través de cooperativas controladas por la organización Tupac Amaru y nunca derivaron en la construcción de las viviendas comprometidas.
Una "Megacausa" paralela investiga al ex gobernador Eduardo Fellner como presunto co-jefe de asociación ilícita junto a Sala. El expediente, que cifra el desvío en aproximadamente 1.200 millones de pesos por 1.850 viviendas no construidas y otras 500 sin terminar, sigue en trámite en sede provincial. La singularidad jujeña es política: a diferencia de Entre Ríos y Chubut, donde las condenas alcanzaron a integrantes del partido en el poder al momento de los hechos, Sala fue procesada y condenada bajo la administración de Gerardo Morales, exgobernador opositor al espacio que la dirigente integraba.
Catamarca, una sentencia firme aislada
En marzo de 2024 la Corte Suprema dejó firme la condena por defraudación a la administración pública contra Mónica Hernández, ex intendenta de San José de Santa María. La sentencia original había sido dictada por la justicia provincial catamarqueña. Es la única condena firme reciente en sede ordinaria de la provincia, en un escenario político donde el poder sigue concentrado en las familias Jalil y Saadi, herederas de los espacios que controlan Catamarca desde el regreso de la democracia. La justicia catamarqueña no registra avances comparables con los distritos antes mencionados.
Santa Fe: las únicas condenas son por la inundación de 2003
El único antecedente significativo de condena en la justicia santafesina contra ex funcionarios provinciales por hechos vinculados a la gestión es el dictado en febrero de 2018 por el juez Octavio Silva: tres años de prisión condicional al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti, por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas en la inundación que cubrió un tercio de la capital provincial el 29 de abril de 2003. La Cámara de Apelaciones —jueces Bruno Netri, Alejandro Tizón y Fernando Gentile Bersano— confirmó la condena en marzo de 2020. Ninguno de los condenados fue a prisión. La causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, que la oposición estimó en un quebranto de entre 500 y 1.000 millones de dólares, sigue sin imputados después de 31 años de tramitación.
Buenos Aires: investigaciones sin condenas firmes
El fiscal Sergio Garganta, de La Plata, pidió juicio oral en enero de 2023 contra el exgobernador Daniel Scioli, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, los exministros Alejandro Collia y Eduardo Aparicio, el ex titular de ABSA Guillermo Scarcella, el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia y el contador Walter Carbone, junto a varios empresarios. La causa investiga sobreprecios en la construcción de las Unidades de Pronta Atención, el presunto desvío de fondos para imprimir boletas "Scioli Presidente" en 2015 y compras irregulares de obras de arte. La jueza Marcela Garmendia interviene en el legajo, que aún no llegó a juicio oral. Hasta hoy no hay condenas penales contra ex funcionarios provinciales bonaerenses por hechos de corrupción de gestión. En marzo de 2026, el Honorable Tribunal de Cuentas dispuso un cargo pecuniario de 70 millones de pesos contra cuatro ex jerarcas del Astillero Río Santiago —Héctor Scavuzzo, Rodolfo Elísetch, Adrián Borcerio y Julio Borovik—, pero se trata de responsabilidad administrativa, no penal.
Córdoba: un sistema diseñado para que las causas no avancen
Los gobiernos consecutivos de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora llevan más de 25 años al frente de la provincia mediterránea. En todo ese período, las únicas condenas firmes en sede provincial contra exfuncionarios son las del exintendente Germán Kammerath, por negocios incompatibles con la función pública, y la del ex secretario de Ambiente Raúl Costa, por incumplimiento de la ley ambiental. En noviembre de 2025 la Corte Suprema confirmó el cierre definitivo de tres causas resonantes —los gasoductos troncales, "Camino del Cuadrado" y "Kolektor"— al rechazar los recursos presentados por los exlegisladores Aurelio García Elorrio, Juan Quinteros y Liliana Montero. El Fuero Anticorrupción provincial, creado por De la Sota en su segundo mandato, operó en los hechos como un filtro que sistemáticamente desestimó denuncias en etapas tempranas, sin posibilidad de que los querellantes accedieran a impulsar las pruebas.
Tucumán: la paradoja de la impunidad estructural
La investigación realizada por la periodista Irene Benito para Chequeado y La Gaceta documentó que en trece años se presentaron 219 denuncias por hechos de corrupción con trascendencia pública en Tucumán, y sólo una llegó a condena firme: la dictada contra tres policías de baja jerarquía por el caso del crimen de Paulina Lebbos. La Fiscalía Anticorrupción provincial fue suprimida en 2005, durante el primer mandato de José Alperovich. De las casi cuarenta denuncias por hechos de corrupción acumuladas contra el ex gobernador, ninguna prosperó en tribunales tucumanos —ordinarios o federales—. Su única condena firme, de dieciséis años de prisión por nueve hechos de abuso sexual contra una sobrina, la dictó en junio de 2024 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de Capital Federal, con asiento en Buenos Aires y no en territorio tucumano.
El resto del país: causas inexistentes en sede provincial
En las provincias de Mendoza, San Luis, La Rioja, Misiones, Formosa, Salta y Santiago del Estero no hay condenas significativas en justicia ordinaria contra exgobernadores, ministros o equivalentes por hechos de corrupción de gestión durante los últimos diez años.
Las causas resonantes que las afectaron —el ex juez federal Walter Bento en Mendoza, los exministros Sergio Freixes y Mario Zavala en San Luis— tramitaron en tribunales federales.
En Salta, las únicas condenas relevantes en sede provincial fueron contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario por integrar una organización narcocriminal en el penal de Villa Las Rosas, dictadas en octubre de 2025.
Misiones, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero, distritos donde el oficialismo gobierna desde hace dos o tres décadas sin alternancia, no registran procesos judiciales relevantes contra integrantes de los respectivos aparatos políticos en sede provincial.
Las causas tramitadas en justicia federal
El cuadro cambia sustancialmente cuando se incorporan las causas federales. La causa Vialidad, tramitada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Comodoro Py, terminó con la condena firme a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta agravada. El fallo, dictado en diciembre de 2022 y confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, quedó firme en la Corte Suprema en junio de 2025. La sentencia alcanzó también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a los ex funcionarios provinciales de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Daruich, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, todos con penas firmes de entre tres y seis años. El decomiso fijó un perjuicio cercano a los 685 mil millones de pesos.
En Mendoza, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó en febrero de 2026 al ex juez federal Walter Bento a dieciocho años de prisión, multa superior a los 540 millones de pesos e inhabilitación absoluta perpetua, por liderar desde 2007 una asociación ilícita que vendía resoluciones judiciales a cambio de coimas en causas de narcotráfico y contrabando. Otras dieciséis personas resultaron condenadas en el mismo proceso, incluida su esposa Marta Boiza (seis años) y su hijo Nahuel Bento, ex secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (cinco años). La estructura habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares.
En Chaco, el Tribunal Oral Federal N° 1 absolvió al ex gobernador Jorge Capitanich en diciembre de 2025 en la causa Fútbol para Todos, al anular la acusación fiscal. El ex mandatario chaqueño tiene además otras causas en trámite federal: la megacausa IAFEP, elevada a juicio por la fiscal Graciela Griffith Barreto, con dos ex funcionarios en prisión preventiva, y un pedido de procesamiento por fraude y lavado presentado en abril de 2026 por el fiscal Carlos Amad por la presunta cesión irregular de tierras fiscales a allegados de su ex secretaria Marta Soneira.
En San Luis, la Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2025 la condena a seis años de prisión al ex ministro de Legalidad Sergio Freixes y al ex viceministro Mario Zavala por presionar a jueces para que firmaran renuncias con fecha en blanco antes de asumir, en 2004. El juicio se sustanció en sede federal con la fiscal Gloria André y el fiscal general Raúl Pleé.
La causa Cuadernos, que en noviembre de 2025 inició el juicio oral más grande por corrupción en la historia argentina, juzgará a 87 imputados —entre ellos la propia Cristina Fernández, el ex ministro Julio De Vido, los empresarios Carlos Wagner y Enrique Pescarmona, y decenas de ex funcionarios y empresarios— por una trama de pago de sobornos durante los gobiernos kirchneristas que abarca delitos cometidos en distintas provincias. El proceso lo conduce el Tribunal Oral Federal N° 7 con la fiscal general Fabiana León y se desarrolla por Zoom porque ninguna sala judicial de Comodoro Py tiene capacidad para albergar a tantos acusados.
A esos fallos se suman las condenas firmes en sede federal a Julio De Vido (cuatro años por la tragedia de Once, dejada firme por la Corte en noviembre de 2025), Ricardo Jaime (seis años, también firme en 2024) y José López (trece años, pena unificada por Vialidad, enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas, dictada en agosto de 2025).
La diferencia entre uno y otro mapa es elocuente. Cuando la jurisdicción es federal, las causas avanzan con relativa independencia del poder político local; cuando depende de tribunales provinciales, el resultado oscila entre la persistencia institucional —Chubut, Entre Ríos, Jujuy— y la inactividad sistemática que protege a los aparatos políticos provinciales que controlan, en simultáneo, el Ejecutivo, la Legislatura y la cabeza del Poder Judicial.
Fuente de la Información: Análisis Digital
