El INAI y la provincia reanudan el relevamiento territorial por 6 meses más
11/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La resolución 186/2025, firmada por Claudio Avruj, prorroga por seis meses el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta para continuar las tareas de relevamiento técnico, jurídico y catastral de la propiedad comunitaria indígena
Sin embargo, no repone los efectos jurídicos de la Ley 26.160 ni restablece la suspensión de desalojos.
Tras meses de parálisis del proceso de regularización y conflictos crecientes en territorios indígenas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) publicó ayer en el Boletín Oficial, la resolución 186/2025, que extiende por seis meses el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta.
El texto, firmado por Claudio Avruj, apunta a “garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos de las comunidades” y a retomar de forma limitada los relevamientos de la propiedad comunitaria indígena suspendidos desde la derogación de la Ley 26.160, que declaraba la emergencia de esta propiedad y suspendía los desalojos hasta tanto se realizaran los relevamientos.
Hace una semana un informe de la agencia Ciudadana Comunicación había advertido que más de 140 mil personas indígenas en Salta quedaron sin protección territorial, tras la derogación de la norma sancionada en 2006. El informe, publicado el 2 de noviembre, mostró con cifras oficiales el impacto directo del decreto 1083/2024, firmado por Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado, que eliminó la ley de emergencia territorial indígena y con ella la suspensión de desalojos y los relevamientos catastrales en territorios habitados por pueblos originarios de todo el país.
El informe señalaba que antes de la derogación, Salta tenía 76 comunidades en proceso de relevamiento por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial (RETECI.), más que cualquier otra provincia. Sin embargo, solo se había ejecutado el 40% del presupuesto asignado, $78 millones de $195 millones previstos, con vencimiento de plazo en marzo de 2025. Con la derogación de la norma, la provincia detuvo este relevamiento al no contar con resguardo legal.
Además, quedó evidenciado que Salta es la provincia más afectada, dado que el Censo 2022 registró que 142.870 personas se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios en Salta, lo que representa el 11% de la población provincial, una proporción sin equivalente en la Argentina. Los pueblos Wichí, Guaraní, Kolla, Chorote y Chané predominan en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, convirtiéndose en los más poblados de la jurisdicción, que también cuenta con la mayor diversidad de pueblos indígenas.
Qué dice la resolución
La resolución 186/2025 aprueba una adenda al convenio firmado en 2023 entre el INAI y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, prorrogando por seis meses sus efectos y habilitando la utilización de más de 53 millones de pesos en fondos remanentes.
De ese total, 14,2 millones de pesos se destinarán al pago de honorarios y 39,2 millones, a la conformación de un nuevo Equipo Técnico Operativo (ETO) integrado por tres profesionales: un técnico legal, uno de georreferenciamiento y uno administrativo.
El anexo de la resolución redefine los objetivos iniciales del programa. Ya no se trata solo de culminar relevamientos, sino de “identificar las situaciones actuales de conflictos territoriales que atraviesan las comunidades con poseedores o propietarios particulares”, y de “diseñar estrategias legales” para la defensa de sus derechos en instancias judiciales y extrajudiciales.
Entre otros puntos relevantes, la adenda establece el intercambio de información entre Nación y Provincia sobre relevamientos previos y carpetas técnicas; el fortalecimiento de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta como órgano de articulación, y la obligación de presentar informes de avance y resultados al INAI.
El documento también aclara que los fondos restantes del convenio original fueron rendidos y aprobados, salvo el saldo actual que “será utilizado para las actividades planificadas en la adenda”.
“Queremos saber cómo se ejecutarán los fondos”
Tras conocerse la resolución, Ulises Yanes, vocal por el pueblo Diaguita y vicepresidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), dijo a Salta/12 que no existe información oficial adicional sobre la adenda más allá de lo publicado en el Boletín Oficial.
Informó que hoy presentarán pedidos de informes al Ejecutivo provincial "para conocer en detalle los alcances, objetivos y ejecución de los fondos involucrados". Yanes señaló que consideran "fundamental estar informados de manera correspondiente sobre toda acción que el Estado provincial lleve adelante en relación a los pueblos originarios y sus comunidades”.
El referente recordó que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) es el organismo de articulación institucional de las políticas públicas indígenas en la provincia y subrayó la necesidad de transparencia. “Cualquier medida que se tome sin participación efectiva de las comunidades corre el riesgo de repetir los errores del pasado”, advirtió.
A las mismas inquietudes se sumó la voz de Tujuay Gea Zamora, médica wichí e integrante del grupo Na' Nechepa (Levantémonos, en wichí), quien advirtió que el plazo y el presupuesto previsto en la resolución es “claramente insuficiente” para revertir años de postergación.
La médica se encontraba recorriendo los departamentos de San Martín y Rivadavia, junto a otros dirigentes y jóvenes indígenas. Después de conocer la disposición nacional, el grupo se preguntó "¿qué tanto se va a lograr (en los seis meses), si hubo un montón de cosas que no se hicieron en años?". Insistieron en que "otra vez el presupuesto parece insuficiente para la magnitud del trabajo territorial que eso necesita, y sigue habiendo desinformación y falta de circulación de información hacia las comunidades”.
Zamora sostuvo que, aunque la medida “parece traer cierto alivio”, las comunidades se preguntan si en Salta “existe una estructura suficientemente bien armada” para concretar los relevamientos pendientes. “Tenemos gente que lleva años esperando su carpeta técnica sin una sola respuesta de Asuntos Indígenas ni de los enlaces del INAI. Si en estos seis meses no se finalizan, ¿qué pasa con los que quedan afuera? ¿Cuánto van a facilitar que realmente se hagan esos relevamientos?”, cuestionó.
También vinculó la preocupación territorial con la ejecución del Corredor Bioceánico Capricornio, cuya traza atravesará territorios indígenas en el norte provincial. "No hubo consulta previa, libre e informada, y al no circular la información las comunidades ni siquiera pueden establecer un mínimo de negociación sobre los beneficios o impactos que traerá ese proyecto”, explicó.
En ese sentido, subrayó la necesidad de repensar la política indígena desde las propias comunidades y cuestionó la orientación actual del INAI con la gestión de Claudio Avruj. Dijo que desde que asumió este funcionario, el organismo perdió jerarquía y se alejó de los territorios. "Las decisiones parecen responder más a intereses personales o externos que a las demandas reales de los pueblos originarios”, insistió.
El caso testigo
Mientras las resoluciones se discuten en Buenos Aires, en el territorio los conflictos se agravan. Desde mediados de octubre, en El Churcal, comunidad diaguita del Valle Calchaquí, unas 40 familias enfrentan un nuevo intento de despojo. Pese a contar con relevamiento territorial aprobado y con la carpeta técnica prevista por la Ley 26.160, el territorio fue vendido a un extranjero mediante maniobras que serían fraudulentas.
“Un allegado a los supuestos titulares registrales ofrecía gestionar el acceso a la luz eléctrica, pero lo que en realidad pedía era firmar una cesión donde los comuneros aparecían como simples tenedores de la tierra”, denunció Rafael Delgadillo, abogado del equipo jurídico que acompaña a la comunidad e integrante de FM Diaguita Ambrosio Casimiro.
La cacica Liliana Vilte, referente del lugar, fue víctima de violencia y hostigamiento tras rechazar las presiones. “Nos amenazaron con desalojarnos y destruyeron parte de las cosechas”, relató. El caso expone una dinámica que se repite a lo largo de los Valles Calchaquíes, donde crece la presión inmobiliaria y vitivinícola sobre territorios ancestrales.
Un marco frágil
La resolución 186/2025 intenta dar continuidad administrativa a los relevamientos en Salta, pero no repone los efectos jurídicos de la Ley 26.160 ni restablece la suspensión de desalojos. En los hechos, las comunidades siguen expuestas a litigios y ventas fraudulentas como la de El Churcal.
El informe de Ciudadana Comunicación lo sintetizó al sostener que la eliminación de la Ley 26.160 "puso fin a la política pública más prolongada hacia los pueblos originarios en casi veinte años". Por lo que, sin esa herramienta, los relevamientos carecen de fuerza protectora y los territorios quedan vulnerables frente a intereses privados.
Las organizaciones y comunidades indígenas advirtieron que el desafío será que esta adenda no se convierta en un parche más sobre un problema estructural; donde prevalece la ausencia de una política de Estado que garantice el derecho indígena al territorio, tal como promueve el gobierno nacional de La Libertad Avanza.
Fuente de la Información: Página 12
