El ex juez Reynoso sigue en la Federal a la espera que Bavio defina su futuro
09/05/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, comienza hoy su segunda semana detenido en la delegación Salta de la Policía Federal.
El ex magistrado está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a beneficiar con gestiones judiciales a narcotraficantes.
A pesar de las declaraciones periodísticas de su abogado Federico Magno, que iba a solicitar la suspensión de la prisión y una detención domiciliaria, aduciendo razones de salud del ex juez, el trámite no se cumplió hasta el viernes.
Fuentes judiciales especulan que la estrategia de Magno es evitar el traslado de Reynoso a la Cárcel Federal de Güemes, como intenta el juez Julio Bavio. Otra posibilidad que se esbozó es que Bavio ordene su traslado a una clínica privada, de confirmarse las dolencias que indica su abogado.
Reynoso, que perdió los fueros que impedían su detención, estaba suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura desde el 22 de diciembre del año pasado, pero por otra causa, y estaba prevista la realización en breve de un juicio político en su contra.
En el decreto 625/2016, publicado en el Boletín Oficial del 29 de abril, el Presidente y el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aceptaron la renuncia de Reynoso, haciendo constar en los considerandos que "es necesario proceder" a su aceptación.
En su dimisión, Reynoso argumentó "cansancio moral" después de "una década luchando contra el narcotráfico", además de problemas de salud.
El ex juez fue procesado con prisión preventiva el 30 de noviembre último por el juez Bavio, quien lo acusó de liderar una "asociación ilícita, concusión y prevaricato", al hacer lugar al pedido del fiscal federal 2 de Salta, Eduardo Villalba, y a su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quienes habían iniciado una investigación a partir de denuncias en su contra. Para el magistrado, Reynoso, en su carácter de "jefe u organizador de la asociación ilícita", determinaba "en cada caso el monto de dinero o tipo de dádiva que la víctima debía afrontar como contraprestación al beneficio procesal a recibir".
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