Diecisiete condenados por la red narcocriminal carcelaria
16/10/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Dos internos del penal y familiares de internos recibieron penas de prisión de entre 1 y 9 años y 6 meses. Vendían estupefacientes y otorgaban beneficios a cambio de coimas
La Sala 7 del Tribunal de Juicio integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar condenó a 17 personas consideradas responsables de una organización delictiva que operaba en la Unidad Carcelaria 1, el penal ubicado en Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta.
El Tribunal impuso penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de prisión a los funcionarios penitenciarios; y penas de entre 1 y 9 años y 6 meses a los internos y familiares involucrados.
En su mayoría, las condenas se corresponden con lo solicitado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador General Pedro García Castiella, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y los fiscales Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes afirmaron que en el juicio quedó acreditado que estas personas ahora condenadas actuaron de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas, para sostener un sistema para la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel y perpetrar exacciones ilegales.
En su momento, en su alegato final el procurador general resaltó la gravedad institucional de este caso y la necesidad de garantizar la verdad real frente a los hechos investigados. Advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos, al permitir que algunos funcionarios decidieran quién sufría abusos y quién obtenía privilegios, desnaturalizando la función estatal de ejecución de las penas.
Asimismo, sostuvo que estas conductas no sólo configuraron delitos económicos y contra la administración pública, sino que atentaron directamente contra la dignidad de las personas privadas de libertad, cuya protección constituye una obligación internacional del Estado. También destacó que la organización ilícita contaba con jerarquías y roles definidos, con un funcionamiento persistente en el tiempo, y llamó a fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza.
El detalle de las penas
Este es el detalle de penas impuestas a los funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta que fueron condenados como partícipes de una asociación ilícita.
Sergio Faustino Moya fue condenado a 10 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los "delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real".
Francisco Arturo Bisceglia fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión de prisión efectiva por los mismos delitos, solo que en el caso de la concusión se le atribuyeron cinco hechos.
Luis Roberto Castaño recibió una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita.
Marcos Matías Bucotich García: 6 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada, exacciones ilegales agravadas -concusión y asociación ilícita.
Raúl Antonio Arjona: 7 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada, exacciones ilegales agravadas -concusión y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Marcelo Olguín Magno: 4 años y 6 meses de prisión efectiva por exacciones ilegales agravadas -concusión y asociación ilícita.
Rubén Antonio Guaymás: 5 años de prisión efectiva por de exacciones ilegales agravadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
José Luis Alarcón: 8 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada, exacciones ilegales agravadas -concusión y asociación ilícita.
También fueron condenados:
Baldomero Darío Córdoba: a 2 años de prisión de ejecución condicional como partícipe necesario de exacciones ilegales agravadas.
Manuel Méndez: 9 años y 6 meses de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada, asociación ilícita. Como tenía una condena anterior de 10 años, se unificó en una única condena de 19 años y 6 meses. Además, fue declarado reincidente por primera vez.
María Inés Méndez: 9 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita.
Héctor Gustavo Banega: 8 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita.
Ivana Marcela Gutiérrez: 6 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita.
María Cristina Galindo: 6 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada.
Nicole Judith Ana Luna: 6 años de prisión efectiva, bajo modalidad domiciliaria con consigna policial, por ser partícipe necesaria de comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita.
Patricia Daiana del Rosario Flores: 4 años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes agravada y ser miembro de asociación ilícita.
Andrea Abigail Alba: 1 año de prisión de ejecución condicional por tenencia simple de estupefacientes. Como tenía una condena anterior de 7 años y 2 meses, se unificó en una única condena a 8 años y 2 meses de prisión.
Sobre otros dos acusados, Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía había retirado la acusación.
Los fundamentos del veredicto serán leídos en cinco días hábiles.
Fuente de la Información: Página 12
