Desastre petrolero en Puesto Guardián: seis empresas en capilla por el daño ambiental
05/09/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Para la Procuración, las sucesivas operadoras son responsables solidarias.El dictamen abarca a President, EPP, Netherfield, Tripetrol, San José e YPF.
Las fugas del pozo LO-x10, que sigue acrecentando daños ambientales y biológicos en Lomas de Olmedo, como evidencian nuevos testimonios fílmicos de animales vacunos muertos en sectores aledaños al área de exclusión cercada, tienen en la mira judicial una cadena de responsabilidades que se remonta hasta los años setenta, cuando se hicieron los primeros hallazgos de crudo comercial en el área petrolera Puesto Guardián.
Transcurrieron cinco décadas desde aquellas perforaciones de YPF, tras las que muchos pozos permanecieron inactivos y sin el debido sellado. Desde el primer concesionamiento dispuesto tras la privatización de 1991, se sucedieron en el área de Pichanal (Orán) otras cinco petroleras que explotaron su crudo, facturaron fortunas, ejecutaron otras perforaciones y se retiraron sin cumplir, en ningún caso, con el abandono definitivo de pozos, como se conoce a una responsabilidad de la que se desentendieron.
Los cambios de manos en la explotación y el aplazamiento indefinido de los sellados tuvo consecuencias nefastas entre 2006 y 2012. Durante esos seis años el pozo MdT-14 de Martínez de Tineo estuvo fuera de control. Y sus violentas erupciones de lodo, petróleo y gases causaron estragos en la flora nativa, la fauna silvestre y animales de cría de fincas vecinas por la contaminación de suelos y acuíferos.
La operadora de entonces, Petrolera San José, entabló un contencioso federal contra YPF. El pleito con el que se dirimió la responsabilidad del abandono definitivo llevó años. Un juzgado de Buenos Aires determinó, finalmente, que la petrolera estatal debía correr con los gastos. El control de las fugas del citado pozo demandó complejas intervenciones que costaron cerca de 30 millones de dólares.
En años posteriores otras petroleras privadas se sucedieron en la explotación del área de Pichanal, a través de cesiones aprobadas con resoluciones y decretos provinciales. La última operadoras, President Petroleum, se declaró recientemente en quiebra y dejó otro pozo del área Puesto Guardián, el LO-x10 de Lomas de Olmedo, con fugas que lugareños afectados empezaron a denunciar hace dos años.
Este es el crítico contexto ante el cual el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, acaba de dictaminar que todas las petroleras que se sucedieron en Puesto Guardián deben responder solidariamente por los daños generados por las fugas del pozo de Lomas de Olmedo.
El dictamen, que el jefe de fiscales emitió en el marco de una acción de reparación ambiental que promovió la Provincia y se tramita actualmente ante la Corte de Justicia, abarca a las empresas President Petroleum, EPP Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José e YPF.
A juicio del Procurador, las petroleras que se sucedieron como concesionarias del área deben responder solidariamente por los daños ambientales que se determinen, de acuerdo al principio de responsabilidad objetiva que la ley 25.675 (General del Ambiente) y el Código Civil y Comercial de la Nación consagran en materia ambiental.
La cadena de responsabilidades
La causa que se inició con la presentación de la Provincia ante el Juzgado Contencioso Administrativo persigue la contención, mitigación, recomposición y saneamiento del ambiente afectado por los pasivos ambientales evidenciados en el área Puesto Guardián.
Antes, en 2023, la Fiscalía Penal de Pichanal abrió una investigación y -con la apoyatura de la Procuración General y del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF)- exigió en una audiencia celebrada el pasado 25 de mayo medidas de seguridad para las personas y el ambiente circundante al pozo de Lomas de Olmedo.
Captura de las filmaciones que muestran más vacunos muertos en Lomas de Olmedo.
El pasado 5 de junio, a través de una medida cautelar, se impusieron obligaciones inmediatas a President Petroleum, como reforzar el perímetro de seguridad, impedir el acceso de personas y animales, instalar cartelería preventiva y contener los fluidos emanados del pozo mediante técnicas adecuadas.
En el contencioso, la operadora esgrimió que no podía responder por daños provocados por terceros antes de su concesión y cuestionó que las exigencias se le impusieran de forma exclusiva, sin involucrar al resto de las hoy demandadas.
Ante ese planteo, Pedro García Castiella recordó que, conforme al artículo 31 de la ley 25.675, cuando el daño ambiental colectivo proviene de la intervención de múltiples actores, o no puede individualizarse la contribución de cada uno, todos los responsables son solidariamente obligados a su reparación.
Antecedentes
En agosto de 1991, tras la privatización de YPF, el gobierno nacional adjudicó el área de Puesto Guardián a tres petroleras privadas: EPP, Tripetrol Petroleum Ecuador y Netherfield Corporation.
Ya con el dominio originario de los recursos hidrocarburiferos área reasumido por la Provincia, mediante las resoluciones 14/08 y 14/09 se autorizó la cesión de los derechos de EPP a Tripetrol y Netherfield. En 2010, por decreto provincial 3461, se perfeccionaron esos traspasos accionarios.
En 2011, por decreto 4517, el Ejecutivo provincial autorizó a Netherfield a ceder la totalidad de su participación a Petrolera San José. Ese mismo año, por decreto 4982, la concesión de Petrolera San José y Tripetrol fue extendida hasta el 24 de agosto de 2026.
En noviembre de 2012, por decreto 3533, el gobierno provincial autorizó a Tripetrol a ceder su 50% de participación a President Petroleum, que en 2014 adquirió los derechos que seguían en manos de empresarios ecuatorianos y quedó como titular única de la concesión.
No solo derechos
En su dictamen, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, remarcó que mediante instrumentos legales se autorizó expresamente la cesión de derechos, obligaciones y pasivos —incluidos los ambientales— a distintas concesionarias, por lo que los pasivos del área Puesto Guardián están enlazados en una cadena en la que las responsabilidades que deben ser asumidas por cada una de ellas.
El jefe de fiscales mencionó puntualmente, entre esos instrumentos legales, al decreto provincial 2174/2015
Fuente de la Información: El Tribuno
