Denuncian torturas y falta de defensa oficial efectiva en comisarías de Anta
11/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone participó de un monitoreo organizado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en Anta. Advirtió sobre graves vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad
La Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone, que es parte del Consejo Consultivo del Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia (CPTS), participó de un monitoreo organizado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en el departamento Anta, en el sur. Tras la inspección advirtió sobre graves vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad y apuntó especialmente contra la inacción del Ministerio Público de la Defensa.
Las inspecciones se realizaron el 28 de abril pasado. Fueron organizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y contaron con la participación del comisionado Rodrigo Solá. El monitoreo se hizo junto al mecanismo local de Prevención de la Tortura y participó también el presidente de la Asociación Miguel Ragone, Fernando Pequeño, en representación de las organizaciones de derechos humanos que integran el Consejo Consultivo.
La Asociación Ragone señaló después que las condiciones de encierro constatadas “violan sistemáticamente” los estándares establecidos en el habeas corpus colectivo impulsado por el Comité para la Prevención de la Tortura ante el hacinamiento en comisarías de la provincia. Sin embargo, la Asociación Ragone planteó además un cambio de enfoque ya que propuso dejar de concentrar el análisis únicamente en el accionar policial y dirigir el escrutinio hacia los organismos con capacidad real de modificar la situación.
“Modernizar la infraestructura penitenciaria requiere presupuesto, obras y tiempo. Que un defensor visite a su representado, tramite su cómputo de pena o solicite una domiciliaria no requiere nada de eso. Puede ocurrir hoy. La omisión del MPD no es una carencia de recursos: es una falla de cumplimiento”, señaló la Asociación Ragone.
Las condiciones detectadas
Según el relevamiento, en tres dependencias visitadas se repite un mismo patrón: “abandono estatal de las obligaciones básicas, custodia policial sin recursos ni formación, y ausencia de defensa técnica efectiva”.
En el pueblo de General Pizarro se detectaron cloacas colapsadas, personal policial que cocina con dinero propio y personas detenidas sin familiares que puedan acercarles alimentos. Además, se denunció que las entrevistas no pudieron realizarse con privacidad porque fueron denegadas por el suboficial de guardia.
En Las Lajitas se registró un brote de gripe sin atención adecuada y la situación de dos detenidos que, según el informe, ya cumplieron o están próximos a cumplir sus condenas pero desconocen la fecha de su libertad. Allí, los entrevistados coincidieron en que no vieron al defensor oficial más de una vez.
En el puesto policial de Piquete Cabado, en tanto, se relevaron encierros de 24 horas donde los detenidos no reciben luz natural, en el lugar no hay patio ni mobiliario. También se relevó el caso de un detenido que permanece desde hace casi dos años alojado en una dependencia de tránsito y una denuncia “creíble de tortura física en el momento de la aprehensión”.
Torturas
En su informe la Asociación incorporó testimonios directos de personas privadas de libertad y los presentó como evidencia central de las prácticas denunciadas.
“Me ahorcaban con el pelo y no me dejaban respirar. Me ponían la cabeza en una esquina y me tironeaban de tal forma que no podía respirar”, declaró un detenido alojado en una de las dependencias policiales, quien además presentaba un dedo fracturado sin diagnóstico radiológico y, según el informe, no había tenido contacto con su defensor oficial.
Otro detenido alojado en otra dependencia, relató: “Solo lo vi una vez, cuando me dieron los papeles de la condena. Estoy pidiendo el cómputo de pena y no pasa nada”. Según el informe, estima que le resta apenas un mes de condena pero no sabe cuándo recuperará la libertad y tampoco tendría contacto con el defensor oficial.
También se incluyó el testimonio de un detenido que denunció haber sido golpeado durante su detención en una dependencia policial. “Parece que nos estaban esperando. Los policías miraban y algunos pateaban también”, afirmó.
La Asociación Miguel Ragone sostuvo que la falta de información sobre las propias causas judiciales, la incertidumbre sobre los plazos de detención y la ausencia de defensa técnica generan “deterioro identitario” y contradicen el objetivo constitucional de resocialización. “El encierro en comisarías no resocializa: daña”, advirtió.
Cuestionamientos a la defensa pública
Uno de los puntos más críticos observados en el monitoreo en Anta apunta contra el funcionamiento de la defensa pública en el departamento. El principal problema es que hay un solo defensor, Juan Manuel Salinas, designado para los cinco municipios,
“Todos los detenidos entrevistados en Las Lajitas comparten el mismo defensor oficial. Ninguno ha tenido contacto regular con él. Ninguno tiene gestionado su cómputo de pena”, sostuvo la Asociación Ragone, que además mencionó el caso de una prisión domiciliaria “prometida” para un detenido lesionado que nunca fue tramitada.
“La paradoja es brutal: el Ministerio Público de la Defensa existe exactamente para proteger a quienes no pueden pagarse un abogado. En el Departamento de Anta, actúa como si esas personas no existieran”, señaló la Asociación.
Pedidos al Comité Provincial
Entre las medidas propuestas, la Asociación propuso que el Comité para la Prevención de la Tortura interpele de manera urgente al Ministerio Público de la Defensa para que informe sobre la representación jurídica en Anta, la frecuencia de contacto con las personas detenidas y los recursos presentados en cada caso.
Además, pidió elevar testimonios a la Corte de Justicia de Salta, impulsar investigaciones penales por las denuncias de violencia institucional y garantizar privacidad durante las entrevistas realizadas en las inspecciones.
Asimismo, propusieron incorporar como criterio de monitoreo el “daño subjetivo” que provoca el encierro prolongado en condiciones precarias, no solo desde el plano físico sino también sobre la identidad y la capacidad de las personas detenidas para ejercer sus derechos.
El sábado último, la Asociación Ragone se reunió con la Mesa de Derechos Humanos de Salta, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de DDH Lucrecia Barquet, la Asociación de DDHH Coca Gallardo, y con la Liga Argentina de Derechos Humanos. También, con integrantes de la Red Contra la Violencia Institucional, para dar a conocer la situación relevada en Anta y planificar estrategias a seguir en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Fuente de la Información: Página 12
