Cinco imputados que captaban colegialas menores para servicios sexuales
17/09/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Una investigación realizada por la Fiscalía de Distrito dejó al descubierto una red que operaba en torno a un colegio secundario, del cual captaban a menores para ofrecerlas en servicios sexuales.
Con el remisero, con un rol clave en la captación, los acusados pagaban de 60 a 200 mil pesos por distintas prácticas sexuales, siendo el monto más alto por adolescentes vírgenes.
A instancia del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, en representación de la Fiscalía de Distrito, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal de cinco personas por el delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual.
Esta conducta penal fue formalizada bajo los agravantes de vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. Cuatro de ellos fueron imputados como coautores y un quinto (menor de edad), en calidad de partícipe necesario.
Las imputaciones -formalizadas el jueves pasado- recayeron sobre un remisero, tres hombres sindicados como clientes y un menor de 16 años, alumno de un colegio secundario de la zona sur de la ciudad, al que también asistían las tres víctimas, hasta ahora identificadas.
Precios tabulados
El fiscal reveló que los servicios sexuales eran organizados por el conductor en dos moteles en la ruta 26, mientras que uno de los clientes prefería su casa, en la que consumía estupefacientes. Al ser detenido, se encontró aceite de cannabis y marihuana en su casa. En cuanto a la escala de dinero que pagaban los clientes, informó que había una tabulación. “Por beso se pagaba 60 mil pesos, 20 más por sexo oral y así hasta llegar a 200 mil por penetración si aún no había perdido su virginidad”, reveló.
Solicitan prisión preventiva
Dado el tenor de las imputaciones, los representantes del MPF pidieron como medidas de coerción, la prisión preventiva de los imputados, con excepción del menor. Insistieron en que este hecho es de una “gravedad inusitada”, en el cual se encuentra comprometida la obligación del Estado respecto al delito de trata de personas.
Señaló que también “hay derechos humanos en estado puro” comprometidos, incluso “de dignidad de los niños”. Recordó que hay más víctimas que, por el momento, se negaron a declarar, existen pericias pendientes, ya que se trata de un caso de alta complejidad.
Mencionó los riesgos procesales como el de fuga y entorpecimiento, al igual que hizo énfasis en la escala penal del caso, la que va de 10 a 15 años de prisión, con lo cual hace imposible admitir la posibilidad de algún régimen de ejecución condicional.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
