Cinco hombres fueron imputados por la avioneta cargada con cocaína
08/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La fiscalía acusó a tres ciudadanos argentinos y dos bolivianos como integrantes de una organización criminal trasnacional. La avioneta traía una carga de al menos 364 kilos de cocaína.
La jueza federal de garantías Mariela Giménez dio por formalizada hoy la imputación fiscal, por contrabando de importación de estupefacientes agravado por la cantidad de personas, por la utilización de un medio de transporte aéreo irregular y la cantidad de droga, a cinco hombres en relación a la avioneta cargada de cocaína que cayó en una finca del sur de la provincia de Salta, en el departamento Rosario de la Frontera, el pasado 4 de noviembre.
La jueza también otorgó seis meses de plazo para la continuidad de la investigación, que recién se inicia, y dispuso que los cinco hombres detenidos, los salteños Julián Darío Mansilla (25), Johnatan Alejandro Gómez (35) y Jorge Alberto Cuéllar (26), y los bolivianos Juan Pablo Quinteros Peredo (45) y Henry Alvaro Mercado Cuajera (26), queden en prisión preventiva por el mismo plazo.
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"Estamos en un hecho de inusitada gravedad", sostuvo el fiscal general Eduardo Villalba refiriéndose a la cantidad de droga secuestrada, 364 kilos de cocaína, y a la modalidad utilizada para ingresarla al país, por vía aérea. "Tenemos elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad", afirmó más adelante.
El fiscal también resaltó la peligrosidad de la maniobra desplegada en la maniobra. Detalló que se había previsto que la avioneta, de matrícula boliviana (CP316), aterrizara en un campo señalizado con una lona blanca pintada con rojo. Por alguna razón todavía no establecida la aeronave falló en el intento de aterrizar y al seguir su deriva tocó con un ala al automóvil Gol de Mansilla, el choque provocó la rotura del tanque de combustible de la nave, que se volcó sobre el vehículo y provocó el incendio que lo quemó por completo. La avioneta siguió su derrotero y fue detenerse en un monte de churquis y malezas que habría atenuado la fuerza del impacto. "Que estén acá (los acusados) ya es un milagro", sostuvo Villalba.
La marca de las espinas
La camioneta quedó incrustada en una vegetación mayormente espinosa, un dato destacado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quien señaló que "todos los detenidos estaban raspados, lastimados", un elemento más que les llevó a darles certeza de que habían estado en ese lugar donde el fiscal Villalba y ella misma estuvieron y donde sufrieron también lastimaduras propias de las espinas.
La auxiliar fiscal dio un detalle de las acciones desplegadas por el Ministerio Público Fiscal federal y las fuerzas de seguridad desde que Gendarmería recibió el aviso (con videos incluidos) de vecinos que daban cuenta de la caída de una avioneta en una finca cercana a la ciudad de Rosario de la Frontera, en la tarde del 4 de noviembre. Para cuando llegó la primera patrulla de gendarmes, la nave estaba abandonada. Encontraron sangre en el asiento del piloto, dos bolsones con un total de 136 kilos de cocaína y otros elementos (como una gaseosa de origen boliviano) que denunciaban la procedencia de la nave y su carga.
La fiscal señaló que rastrillaron la zona en busca del piloto y los demás posibles participantes de la maniobra. Sobre las pistas que condujeron a los tres acusados locales, todos residentes en el pequeño poblado de Antilla (una antigua estación de trenes, a 58 kilómetros de Rosario de la Frontera), contó que la Policía de la Provincia de Salta informó que existía una denuncia sobre una organización narco integrada por Mansilla, Gómez y Cuéllar. Además, si bien se había quemado la chapa, era posible leer la patente del automóvil incendiado. Y Gendarmería encontró una cédula en la que aparecía el nombre de Julián Mansilla.
A la vez, Mansilla fue a la Comisaría de Antilla a denunciar el robo de este automóvil. Sostuvo que esa misma mañana cuatro hombres armados y con acento tucumano lo golpearon y le quitaron el vehículo, lo que para la fiscalía fue un ardid para justificar que el auto hubiera quedado al lado de la avioneta y las lastimaduras que él mismo tenía causadas por el choque. Mansilla se convirtió de esta manera en el primer detenido.
Al día siguiente Gómez fue detenido por la Policía Vial en el puesto El Durazno. En ese punto Altamirano dio un rodeo para explicar que encontraron enterrados otros 228 kilos de cocaína, aunque después se supo que en realidad el dato había sido aportado por Gómez, en un acuerdo de colaboración con la fiscalía.
Altamirano destacó la colaboración de las distintas fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Salta, de manera tal que se habían activado las alertas en todo el territorio.
Así fue que ese mismo 5 de noviembre, alrededor de las 19, tras recibir un aviso, la Policía Rural detuvo al piloto y al copiloto, que resultaron ser Quinteros Peredo y Mercado Cuajera, en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Finalmente, Cuéllar fue detenido el 6 de noviembre.
Organización trasnacional
El fiscal Villalba resaltó que aún resta determinar el origen de la droga. "La investigación recién comienza y claramente tenemos muchas más aristas que investigar", añadió la auxiliar fiscal Altamirano.
La auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi subrayó el carácter trasnacional de la organización. Sostuvo que en la provincia existía un "brazo logístico" para recibir, guardar y luego trasladar esta droga por el territorio nacional hacia su destino final.
La fiscalía sostuvo que mientras Quinteros y Mercado traían la droga, Mansilla, Gómez y Cuéllar la esperaban en tierra, habían ido con el automóvil de Mansilla y una camioneta de Gómez. Tras el choque, tomaron parte de la droga y huyeron en la camioneta.
Gamba Cremaschi detalló la acusación: por contrabando de importación de estupefacientes agravado por la cantidad de personas, por la utilización de un medio de transporte aéreo irregular. En el caso del piloto y el copiloto, los imputó en calidad de coautores, mientras que a los tres que esperaban en tierra los acusó como partícipes necesarios. Alternativamente, respecto de estos últimos concedió que también podría calificarse su conducta como participación necesaria en el delito de transporte de estupefacientes.
El abogado Martín Fleming, que asiste a Mansilla, se opuso a esta calificación y consideró que en todo caso corresponde imputarlo por una tentativa de transporte de estupefacientes. "No se ha descripto" la acción de Mansilla en cuanto al vuelo, señaló, sino que solo se lo ubica en la espera para supuestamente trasladar la droga, lo que finalmente no se hizo.
A su turno el defensor oficial Federico Petrina adhirió a este planteo respecto de Cuéllar. En cuanto a Quinteros y Mercado, a quienes también defiende, no hizo observaciones.
Un seguro de vida
El defensor de Gómez, el abogado Christian Morales Poma, que se opuso a la formalización de la imputación, provocó la reacción de la fiscalía porque luego de señalar que no se aportó prueba de su presencia en el lugar donde aterrizó la avioneta, afirmó que Gómez "fue coaccionado a declarar".
El abogado anunció que su defendido iba a referirse a esa denuncia. Gómez habló, pero desbibujó lo de la coacción: "Solo voy a ratificar lo que mi abogado dijo", balbuceó. La jueza le pidió precisiones: respondió que los representantes de la fiscalía le hicieron "una serie de preguntas" y le informaron cuántos años de pena podría corresponderle, "y he actuado bajo los efectos del miedo", dijo en un hilo de voz.
Esta acusación de que hubo una coacción "roza la falta de respeto al Ministerio Público Fiscal", reprochó el fiscal Villalba. Indicó que no habían dado más detalles "por una cuestión de acuerdo", reveló que fue el propio Gómez quien pidió declarar, que estuvo quien era su abogada entonces y que fue él quien informó el lugar donde se encontraba enterrada la droga encontrada en segundo término.
La auxiliar fiscal Florencia Altamirano añadió que la declaración "está filmada". "Él nos explicó como robó la droga de la avioneta" y "la escondió como un seguro de vida", reveló.
Gamba Cremaschi agregó que informar la pena que podría corresponderle a una persona que arriba a un acuerdo de colaboración es un requisito exigido a la fiscalía.
La jueza rechazó el planteo de la defensa. "No se advierte que haya habido coacción, sino más bien ha colaborado", sostuvo. También rechazó los demás planteos de las defensas. Los consideró prematuros, porque la investigación está en sus inicios.
Fuente de la Información: Página 12
