Cachi: Las Pailas: piden que se garantice el desalojo
22/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los propietarios temen nuevos intentos de ocupación. Perdieron el control de cerca del 70% de la propiedad.
La recuperación de una parte de las tierras de Finca Las Pailas, en Cachi, tras una orden judicial de desalojo ejecutada la semana pasada, no puso fin a un conflicto que se arrastra desde hace más de una década y media. Los propietarios de los terrenos aseguran que, pese al fallo favorable, continúan viviendo bajo un clima de tensión, amenazas y hostigamiento por parte de quienes usurparon la finca invocando derechos ancestrales.
Según relataron, la disputa comenzó en 2010 cuando un grupo de arrendatarios dejó de reconocer los contratos vigentes y comenzó a reivindicar derechos territoriales como integrantes de una supuesta comunidad originaria. Los dueños sostienen que detrás de ese proceso existió asesoramiento externo y una estrategia para consolidar ocupaciones en tierras privadas.
"La Justicia nos reconoció la propiedad y nos devolvió la posesión, pero seguimos viviendo con miedo", señalaron los propietarios.
Los primeros juicios de desalojo obtuvieron sentencias favorables ya en 2012. Sin embargo, la vigencia de la Ley Nacional 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras se realizaban relevamientos territoriales, impidió por años la ejecución de las medidas judiciales.
Los propietarios cuestionan la forma en que se realizaron esos relevamientos y sostienen que nunca fueron consultados durante los procedimientos administrativos. También afirman que las tierras incorporadas a los registros comunitarios continuaron siendo propiedades privadas con títulos perfectamente identificados.
Durante ese período, aseguran, la ocupación se expandió progresivamente hasta alcanzar cerca del 70% de la superficie de la finca.
"Nosotros respetamos todos los procesos judiciales y esperamos pacíficamente durante 16 años. Mientras tanto, la ocupación fue creciendo y terminamos perdiendo el control de gran parte de nuestras tierras", expresaron.
Uno de los puntos de la denuncia de los propietarios es que quienes se presentaban como integrantes de una comunidad actuaban, en los hechos, como dueños.
Sostienen que los ocupantes explotaron parcelas por cuenta propia, comercializaron la producción de manera individual y utilizaron la figura comunitaria como mecanismo para impedir acciones judiciales, todo con una intención claramente expansionista para ocupar más superficie dentro de la finca privada.
"La comunidad nunca funcionó como tal. Cada uno explotaba la parcela usurpada y obtenía beneficios particulares", afirmaron.
Además, señalaron que varias personas involucradas poseen propiedades fuera de la finca y residencias en otros sectores del valle, por lo que rechazan los planteos que presentan el operativo judicial como un desalojo de familias sin alternativas habitacionales.
Aunque el operativo judicial permitió recuperar el control territorial de la parcela en conflicto, los propietarios aseguran que el escenario sigue siendo delicado.
Relataron que recibieron amenazas directas, agresiones verbales e incluso manifestaciones frente a sus domicilios particulares. Según denunciaron, personas vinculadas al conflicto se presentaron en una vivienda familiar de la ciudad de Salta para insultarlos públicamente y acusarlos de racismo.
"Lo que más queremos es vivir en paz. Queremos recuperar definitivamente lo que nos pertenece y dejar de ser acosados", manifestaron.
También sostuvieron que otras personas que colaboraron con el procedimiento judicial, incluidos efectivos policiales y funcionarios intervinientes, habrían sido objeto de intimidaciones posteriores.
Esperan una definición judicial
Pese al desalojo, los propietarios consideran que aún resta una resolución que despeje definitivamente las dudas sobre el alcance de la medida. Temen que interpretaciones restrictivas del fallo permitan nuevos intentos de ocupación y reabran un conflicto que ya lleva más de 16 años.
Por ello reclamaron que la Justicia ratifique las actuaciones realizadas, garantice el cumplimiento de la orden de desalojo y otorgue seguridad jurídica tanto a los titulares de Las Pailas como a otros productores de los Valles Calchaquíes que atravesaron situaciones similares. "Queremos que se termine esta situación. No pedimos privilegios, solo que se respete la propiedad privada y que podamos trabajar nuestras tierras sin amenazas ni violencia", concluyeron.
Fuente de la Información: El Tribuno
