Bullrich advirtió por el fuerte aumento de los alquileres en Orán para las fuerzas federales
30/10/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La ministra de Seguridad señaló que la llegada de efectivos nacionales a la frontera salteña está generando una suba de precios y escasez de viviendas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestó su inquietud por los elevados costos de los alquileres en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el norte de Salta. La funcionaria utilizó ese caso como ejemplo del impacto que produce la presencia de personal federal en las zonas de frontera, donde la demanda de viviendas crece de manera repentina y los precios se disparan.
Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, en el marco del debate del Presupuesto 2026, Bullrich describió la situación como “un problema estructural” que afecta a las fuerzas federales cuando deben instalarse en puntos estratégicos del país. En el caso de Orán, la combinación entre operativos de control fronterizo y la limitada oferta inmobiliaria generó un escenario de escasez y aumentos que complica tanto a los agentes desplazados como a los propios vecinos del lugar.
El incremento en la cantidad de efectivos federales en la frontera norte responde a los planes de seguridad implementados por el Gobierno nacional, entre ellos el Plan Güemes y el Operativo Roca, orientados a reforzar el control en pasos fronterizos y combatir delitos como el contrabando, el tráfico de drogas y el ingreso irregular de personas.
Sin embargo, esa mayor presencia trae aparejadas consecuencias en la economía local. Con la llegada de contingentes policiales y militares que necesitan alojamiento inmediato, los alquileres en Orán suben con rapidez. Los propietarios ajustan los precios ante la creciente demanda, lo que deja a muchos agentes y familias con dificultades para conseguir un lugar donde vivir.
Bullrich explicó que, para paliar esta situación, su cartera trabaja junto al Ministerio de Economía en un sistema de viviendas funcionales, es decir, unidades destinadas exclusivamente al alojamiento temporal de personal federal. Estas viviendas no pertenecen a los agentes de manera individual, sino que se asignan según la necesidad del servicio y se reutilizan cada vez que hay nuevos destinos.
Mientras tanto, en las localidades más pequeñas del departamento de Orán la problemática es aún más marcada. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, reconoció que la demanda habitacional supera ampliamente la oferta disponible. “El pueblo quedó chico”, advirtió, al señalar que la mayoría de los efectivos debe trasladarse hasta Orán para alquilar, aunque allí también escasean las opciones y los precios resultan elevados.
Como alternativa, algunos agentes buscan alojamiento en ciudades cercanas como Hipólito Yrigoyen, Pichanal o Embarcación, lo que implica mayores distancias y gastos de traslado. El fenómeno afecta no sólo a los trabajadores federales, sino también a los residentes locales, que enfrentan un mercado inmobiliario cada vez más restringido y costoso.
El caso de Orán expone una realidad extendida en distintas zonas de frontera del país, donde la llegada de efectivos federales o personal administrativo del Estado suele provocar un desbalance temporal entre la oferta y la demanda de viviendas. En ciudades medianas o pequeñas, donde el desarrollo urbano es limitado, estos movimientos pueden modificar en pocas semanas el valor de los alquileres y la disponibilidad de inmuebles.
En los últimos años, Orán y Aguas Blancas se consolidaron como puntos neurálgicos en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Su cercanía con Bolivia y el flujo constante de personas y mercaderías hacen que el despliegue de fuerzas federales sea permanente. Sin embargo, la falta de infraestructura habitacional adecuada sigue siendo un desafío para la radicación estable del personal de seguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad reconocen que la presión inmobiliaria en el norte salteño es un tema que requiere soluciones a largo plazo, con políticas de vivienda funcional que permitan a los agentes cumplir su tarea sin sobrecargar los mercados locales.
Mientras tanto, la preocupación se mantiene tanto entre los efectivos desplazados como entre los vecinos oranenses, que ven cómo los precios se encarecen y las opciones se reducen en una zona donde el déficit habitacional ya era una realidad.
La situación en Orán y Aguas Blancas se convierte así en un ejemplo de cómo los movimientos del Estado —en este caso, por razones de seguridad fronteriza— pueden generar impactos económicos y sociales que exceden el ámbito estrictamente operativo. Resolver ese desequilibrio será clave para garantizar no sólo la eficacia de los operativos, sino también el bienestar de quienes deben vivir y trabajar en la frontera norte de Salta.
Fuente de la Información: Agenda Salta
