Alerta ante la posibilidad de que reduzcan la custodia policial a casos de violencia de género
24/02/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En la última reunión del Consejo Asesor de Fiscales se analizó el tema de la problemáticas de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género, las cuales se agravarían seriamente si se concretara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Pro
Vale recordar que el 24 de diciembre pasado, a pesar de haberse asignado custodia fija y personal a Liliana del Valle Flores, la mujer fue asesinada por su exmarido, el policía Edgar Exequiel Almirón, quien ingresó por el sector posterior de la vivienda. Luego, se mató. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 4, Gustavo Torres Rubelt, imputó al custodio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese marco, los fiscales de la especialidad, a través de la consejera Claudia Geria, propusieron la urgente implementación de un sistema que registre las notificaciones de las medidas cautelares dictadas por jueces de Violencia Familiar y de Género y jueces de Garantías, en un contexto de violencia de género y plantearon la necesidad de contar con pulseras electrónicas y botones antipánico para el certero resguardo de las víctimas, además de la necesaria capacitación del personal policial, para que deriven correctamente las denuncias de violencia de género a las fiscalías especializadas en la materia y no a las fiscalías comunes.
Además, pidieron que se replique el esquema vigente entre el Ministerio Público Fiscal y el hospital San Bernardo, que permite que las víctimas de violencia que ingresan por guardia, sean asistidas en forma integral, y asesoradas también sobre la cuestión legal. Destacaron que, por ejemplo, en la jurisdicción de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 4, en la zona sudeste, se presentan complicaciones cada vez que una víctima acude al hospital Papa Francisco o a los centros de salud cercanos, porque los profesionales de la salud aducen que no son forenses y no emiten informes sobre el estado de salud de las víctimas. Con ello, se pierden valiosas pruebas para los procesos de investigación y sanción de los violentos.
Finalmente, propusieron unificar criterios de valoración de riesgos de la víctima de todos los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Poder Ejecutivo Provincial y Municipal y cualquier otra área vinculada con el abordaje de la violencia.
Fuente de la Información: El Expreso de Salta
