Voces en Salta contra el proyecto de falsas denuncias
02/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La abogada del Instituto Jurídico de Género, Josefina Arancibia y la referenta de Madres Protectoras Salta, Yanela Barrios, cuestionaron la propuesta legislativa que implica una regresión en DDHH de mujeres y de niños, niñas y adolescentes
La abogada del Instituto Jurídico de Género, Josefina Arancibia y la referenta de Madres Protectoras Salta, Yanela Barrios, cuestionaron esta propuesta legislativa que implica una regresión en materia de derechos humanos de las mujeres y de niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de género y sexual.
La abogada del Instituto Jurídico de Género, Josefina Arancibia, y la referenta de Madres Protectoras Salta, Yanela Barrios, coincidieron en señalar que el proyecto de falsas denuncias, con dictamen de comisión en el Senado, no solo vulnera principios constitucionales, sino que refuerza estereotipos judiciales, obstaculiza el acceso a la justicia.
El proyecto de falsas denuncias presentado por la senadora nacional Carolina Losada (UCR), con apoyo del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y del senador libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, obtuvo dictamen en comisión, pero aún no fue tratado en el recinto. El texto propone penas de tres a seis años de prisión para quienes denuncien falsamente en contextos de violencia de género, abuso sexual o violencia contra niñas, niños y adolescentes.
“Los riesgos que identifico son (...) el retroceso con relación a los avances que hemos tenido en materia legislativa. Hay que recordar siempre que nosotros vivimos en un Estado de derecho en donde la ley suprema en nuestro país es la Constitución Nacional. Y eso hasta la fecha no se ha modificado”, dijo Arancibia en diálogo con Salta/12.
La abogada recordó que tras la reforma constitucional de 1994, se incorporaron al artículo 75, inciso 22, tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
Arancibia consideró que el proyecto de falsas denuncias va en contra de todos estos principios rectores que establecen un piso mínimo sobre el cual hay que construir. "Nosotros tenemos en derechos humanos el principio de proporcionalidad y de no regresividad", señaló y advirtió que la propuesta legislativa es regresiva.
La preocupación no es solo jurídica. Arancibia advirtió que el proyecto refuerza un imaginario colectivo que pone en duda la palabra de las víctimas. “Acentúan esto que gira dentro del imaginario colectivo que tiene que ver con que todas las denuncias hechas por violencia de género son falsas. Y eso es de una falsedad terrible”, afirmó.
“Así como existe la presunción de inocencia que está establecida en nuestra Constitución Nacional, también hablo de la presunción de credibilidad en la palabra y en el relato de las víctimas”, añadió Arancibia.
Desde su experiencia profesional, describió el recorrido que deben transitar quienes denuncian violencia de género. “Primero tomar la decisión para hacer la denuncia. Una vez que se toma esa decisión, (ir) a todos los lugares por los que una víctima tiene que transitar: juzgados especializados de violencia, fiscalías, juzgados penales, juzgados de familia. Todas esas situaciones, por más que tengamos mecanismos aceitados, que en la práctica lamentablemente no es así, generan una situación de revictimización”, precisó.
Subrayó que “muy pocas veces podemos hablar de denuncias falsas". "No digo que no existan: sí existen las denuncias falsas, pero son menos los casos que se dan”. Y advierte que “estos proyectos de ley no hacen más que crear un ámbito propicio para dudar de la palabra de la víctima y, por otro lado, crean un retroceso con relación al avance legislativo que hemos tenido”.
La dimensión política del proyecto también genera inquietud. "Se pone a legislar sobre situaciones de violencia de género una fuerza política que desconoce a la violencia de género como tal”, denunció Arancibia. Y concluyó que esto además de un retroceso, es "una gran contradicción".
"Busca silenciarnos aún más"
Desde otro ángulo, Yanela Barrios, referenta de Madres Protectoras Salta, expresó su “profundo repudio y preocupación” frente a lo que considera una avanzada legislativa que busca impunidad para abusadores.
“Estos proyectos vienen de la mano de organizaciones que se presentan como defensoras de la infancia, pero que en realidad llevan años trabajando para instalar discursos negacionistas del abuso sexual infantil (ASI), como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría desacreditada creada por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, pedófilo confeso. Su intención era clara: proteger a agresores y silenciar a las víctimas”, manifestó Barrios.
Advirtió que esas ideas regresan bajo otros nombres, como “implantación de memoria”, “memorias inducidas” o “colonización de la memoria”. “Lo que plantean es que las madres manipulamos a nuestras hijas e hijos para denunciar falsamente. Pero eso no solo es falso, sino profundamente violento: las niñas y niños no mienten sobre el abuso, y hablan cuando se sienten seguros y escuchados”, afirmó.
Entre los proyectos más preocupantes, Barrios señaló tres: la reforma de artículos de la Ley 26.061 que limita la intervención pericial a un único profesional designado por el juez; la revinculación obligatoria con progenitores denunciados por abuso o violencia; y la creación de una comisión para revisar causas penales con condenas firmes por abuso sexual.
“Esto viola el derecho del niño o niña a ser escuchado/a en diversos entornos y pone la evaluación en manos de profesionales muchas veces alineados con el poder judicial, que ya ha demostrado proteger más a los agresores que a las víctimas”, advirtió.
La referenta también denunció que “en Argentina, de mil casos de abuso sexual infantil, solo cien llegan a denunciarse y solo uno obtiene condena firme. A esa impunidad estructural se le suma ahora esta avanzada legislativa que busca silenciarnos aún más”.
En Salta, la situación es crítica. “Seguimos en emergencia por violencia de género desde hace más de una década. Y, sin embargo, los femicidios y abusos siguen creciendo, con un sistema judicial que absuelve agresores todos los días. Las víctimas, en cambio, terminamos devastadas física, emocional y económicamente”, señaló Barrios.
“Las madres protectoras sabemos lo que es dejar la vida en una causa judicial. Sabemos lo que es que nos revictimicen, nos acusen, nos investiguen más a nosotras que a los propios abusadores. Sabemos lo que es vivir diez años esperando justicia”, añadió
“Este no es solo un debate legislativo. Es una amenaza directa a nuestras vidas, a nuestras hijas e hijos, a nuestra lucha. Y donde un Presidente sale abiertamente a hablar con frases netamente ligadas a la pedofilia, un miembro de Justicia que el año pasado expuso a una víctima al llevarla al Congreso y ahora ofrece salvar a un abusador. Ciertamente, este gobierno está vinculado a la pedofilia y buscan liberar la pedofilia en la Argentina", aseguró Barrios.
Fuente de la Información: Página 12
