Unos doce cargos judiciales aguardan aval del Senado
07/11/2019. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo junto a los de Guillermo Catalano y Ernesto Samson, para quienes el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, solicitó la renovación en sus cargos como jueces de la Corte.
Dos de los postulantes fueron cuestionados públicamente y registraron impugnaciones durante la etapa de observación.
De esos catorce pliegos, la Comisión de Acuerdos, Justicia y Designaciones del Senado completó los trámites de los altos magistrados, los que recibieron sus respectivos acuerdos en siete días, según lo consignado en el sitio informativo de la Cámara de Senadores de Salta.
Los otros doce pliegos, en tanto, ya completaron la etapa de observación y ahora esperan a que la comisión avance con el tratamiento de cada uno.
Al respecto, el artículo 152 de Reglamento de la Cámara de Senadores de la Provincia, establece, tras la etapa de observación, el período de entrevistas de los postulantes.
De los doce postulantes que esperan aún los respectivos “acuerdos”, dos de ellos fueron ya cuestionados públicamente y registraron impugnaciones durante la etapa de observación.
Se trata de los abogados, Eugenia María Celeste Hernández Berni y Juan Marcos Ezequiel Molinati, postulados por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de Asesora de Incapaces Nº 5 del Distrito Judicial del Centro y Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro respectivamente.
Con un escrito, acompañado de más de 40 firmas, tanto del comité como de ciudadanos, la Procuración formalizó la impugnación ante la Cámara Alta.
En la misma, resaltaron que Molinati aparece en los registros del Ministerio Público de Salta con dos denuncias vinculadas a violencia de género que datan de 2011 y 2017. Se trata de acusaciones que fueron archivadas por el desestimiento de las presuntas víctimas.
"Ello pese a las marcadas recomendaciones sobre indagar sobre los motivos que llevaron a la víctima a retractarse, ya que esto puede ser una manifestación de la violencia denunciada, a través de coacciones o intimidaciones ejercidas por el agresor para que retire la denuncia", remarcaron en el escrito.
Respecto a Hernández Berni, el mismo Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género impugnó el pliego de esta postulante en razón de que la misma no informó al Consejo de la Magistratura sobre una denuncia administrativa en su contra por violencia laboral.
También la cuestionaron por su actuación en el caso de la niña de la comunidad wichí de Alto La Sierra, que fue violada en 2015 por un grupo de jóvenes criollos de esa localidad. La nena, de 12 años y con retraso madurativo, según el escrito, no tuvo de parte de la postulante ninguna asistencia, ayuda ni contención oficial.
Según registros del Ministerio Público, Hernández Benrni tiene una denuncia por violencia y acoso laboral. La presentó el 11 de julio de 2018 la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público, el que denunció “permanentes agresiones, hostigamientos y vulneraciones que deben ser interrumpidas de manera inmediata”.
Fuente de la Información: Nuevo Diario