Una provincia quiere sancionar a adultos que dejen armas al alcance de menores
04/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El proyecto tiene media sanción del Senado y apunta a prevenir riesgos en hogares con chicos, con arrestos, multas y agravantes
Un arma guardada sin medidas de seguridad en una casa con menores podría derivar en sanciones para los adultos responsables en Salta. La Legislatura provincial analiza un proyecto que obliga a padres, tutores o convivientes a mantener armas de fuego fuera del alcance de niños y adolescentes. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.
El eje de la propuesta está puesto en la prevención dentro del hogar. La norma busca establecer responsabilidades concretas para los adultos que conviven con menores de 18 años en domicilios donde existen armas de fuego. El objetivo es evitar que chicos o adolescentes accedan a armamento, municiones o elementos en condiciones de disparo, una situación que puede terminar en lesiones, delitos o episodios de alto riesgo.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Alejandra Navarro, quien explicó en diálogo con Cadena 3 que el proyecto prevé sanciones para quienes no cumplan con las reglas de resguardo. Las penas contemplan arrestos de hasta 30 días o multas equivalentes, según la gravedad del caso. La aplicación quedará en manos de la Justicia, que deberá evaluar cada situación concreta.
El proyecto no apunta únicamente a castigar la tenencia de un arma dentro de una vivienda. El foco está en cómo se guarda, quién puede acceder a ella y si existen menores expuestos a ese riesgo. Por eso, el texto exige que el arma quede fuera del alcance de niños y adolescentes, con municiones separadas y bajo condiciones compatibles con los protocolos de seguridad.
Las sanciones podrían agravarse si el menor logra sacar el arma del domicilio. También se prevén incrementos si la lleva a una escuela, la exhibe en redes sociales, la utiliza para cometer un delito o provoca lesiones. En esos casos, el endurecimiento de la pena podría ir desde un 50% hasta un 200%, según la situación verificada.
Otro punto sensible aparece cuando el arma está cargada o lista para disparar. El proyecto considera esa condición como un agravante, al igual que el almacenamiento conjunto de armas y municiones. La separación entre el arma y las balas forma parte de las recomendaciones básicas de seguridad, precisamente para reducir la posibilidad de uso inmediato por parte de una persona no autorizada.
La propuesta también incorpora consecuencias económicas adicionales para los adultos responsables. Si el hecho obliga a desplegar un operativo policial, sanitario o de emergencia, quienes incumplieron con el resguardo deberán afrontar esos costos. Esa obligación puede aplicarse, por ejemplo, si la situación ocurre en una institución educativa o requiere intervención médica por riesgo o daño concreto.
Las escuelas tendrán un papel importante dentro del esquema preventivo. Las autoridades educativas podrán dar aviso ante situaciones sospechosas, especialmente si detectan que un menor tuvo contacto con un arma o realizó alguna amenaza vinculada con su uso. También cualquier ciudadano podrá informar hechos de este tipo para que intervenga la Justicia.
El proyecto establece que será un juez de garantías quien determine si corresponde aplicar sanciones. Esa instancia permitirá evaluar pruebas, circunstancias del caso y responsabilidades de los adultos involucrados. La intervención judicial busca evitar respuestas automáticas, pero también dar herramientas para actuar antes de que un episodio derive en consecuencias irreparables.
Cuando el arma involucrada no esté registrada, se dará intervención a la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Ese organismo tiene competencia en la fiscalización y regulación de la tenencia de armamento en el país. La participación de la ANMaC permitirá revisar la legalidad de la tenencia, además de las condiciones de guarda dentro del hogar.
Fuente de la Información: lu17
