Una joven japonesa acusa a su esposo futbolista por violencia y trata
02/02/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La joven, de 23 años, denunció agresiones sexuales, físicas, psicológicas y económicas, además de privación ilegítima de la libertad y trata de personas. Pese a las reiteradas desobediencias, su marido no quedó detenido.
La denunciante sigue siendo hostigada mientras espera regresar a Japón con su bebé. Denuncia de revictimización institucional
Una mujer de 23 años, de nacionalidad japonesa, denunció en Salta a su esposo, un futbolista salteño de la misma edad, por violencia sexual reiterada, violencia física, psicológica y económica, privación ilegítima de la libertad, amenazas y trata de personas.
La reconstrucción del caso se basa en el relato de la víctima y en el testimonio de la traductora que la conoció cuando la llamaron para que interprete su denuncia por violencia intrafamiliar y que después se convertiría en la heroína que la rescató.
La denunciante y la traductora recurrieron organismos estatales y, tras incumplimientos e irregularidades, decidieron acudir a los medios de comunicación. Señalan que el agresor sigue hostigando a la víctima, acusándola a ella y a sus familiares que están en Japón, por medios telefónicos y digitales, incumpliendo las medidas de protección. Las autoridades se han negado a detenerlo. Ante la inacción de la justicia provincial, la mujer hizo una denuncia paralela por trata de personas en la justicia federal.
Según el relato de la joven, conoció a M. L., un salteño de 23 años, mediante una aplicación de citas. Él se desempeñaba como futbolista, llevaba 4 meses en Japón “Estaba contratado en un equipo de Japón, más o menos conocido, pero lo echaron a los dos meses por fumar marihuana”, señaló.
Ambos iniciaron una relación que avanzó con rapidez y se casaron en Japón. Ella quedó embarazada en diciembre de aquel año. Después “él toma la decisión de que era más barato tener al bebé en la Argentina, porque era gratis. No sabía que había cambiado la ley con (el gobernador Gustavo) Sáenz y que les cobraban a los extranjeros”.
La joven expresó que no estaba de acuerdo, pero él sacó los pasajes sin decirle nada y la trajo al país. Ingresó con visa de turista, la renovó pero ya está vencida.
Siempre de acuerdo a su testimonio, la violencia sexual comenzó en los primeros meses de la convivencia. La mujer sostuvo que el embarazo no fue planificado ni consensuado, “le pedía que use protección y él no quiso”.
Según consta en la denuncia, la violencia sexual continuó durante el embarazo y después del parto, con relaciones impuestas sin consentimiento, que se repetían varias veces por semana.
En aislamiento y sin pasaporte
La mujer relató que al llegar a Salta, su pareja la mantuvo en un aislamiento extremo y le retuvo el pasaporte. La llevó a la casa de su familia donde vivían su suegro, un enfermero ex jefe del Samec y actual empleado de esa dependencia, la suegra que es enfermera y el cuñado, también enfermero, con el que su marido la celaba de manera constante. La joven consideró que todos tenían conocimiento de la violencia que vivía. Además tenía otro cuñado gendarme y consideró que “algo sabía”.
Relató que su marido la encerraba en su habitación del segundo piso y la maltrataba. Además, controlaba su celular y las comunicaciones con sus familiares en Japón y con otras personas.
Según contó, se escapó una vez, buscó a la madre de su marido, pero no tuvo ayuda. En otra ocasión cuando él le pegaba, los suegros le dijeron que “deje de gritar porque molestaba a los vecinos”.
Según relató la denunciante, “la primera violencia fuerte fue en junio del 2025, cuando ella estaba embarazada”. Él “la celaba con el hermano. Entonces le permitía ir al baño nomás que estaba abajo. Hasta que le pegó en junio. Ahí le quebró el dedo, tenía todo el cuerpo lleno de moretones”.
La mujer fue asistida por el Samec. “Se tapó todo. Nunca le curaron el dedo que ahora ella lo tiene quebrado, se le curó así, se unió el hueso ya chueco”. Tampoco el Samec dio el aviso para que se activaran protocolos de violencia de género.
La joven enfrenta diversas barreras para el acceso a la justicia y a sus derechos, entre ellas la idiomática. Con su pareja, se comunicaban en japonés, portugués e inglés. Ella conoce palabras en español pero tiene dificultades para una comunicación fluida.
Después del nacimiento del bebé, la pareja se mudó a un departamento de la calle Necochea.
Un pedido de ayuda
El 25 de octubre, la intérprete recibió un llamado para asistir a “una chica que había denunciado violencia intrafamiliar por la web”. Intervino desde entonces la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez.
“La jueza estaba viendo si lo excluía a él del domicilio, pero ella tenía una depresión postparto, no sabía moverse, no sabía el idioma. La jueza determinó que él se iba a quedar en el domicilio, pero con una consigna personalizada”, indicó la intérprete.
Según contó la joven, su marido se denunció a sí mismo, por asesoramiento de un abogado. “Él se quería ir a Inglaterra a jugar a la pelota” y “necesitaba el DNI del bebé, para que pueda salir del país”, pero había surgido un inconveniente porque no lo fueron a asentar en los 45 días. Entonces, “un abogado le sugiere que él haga una denuncia de violencia intrafamiliar para que Japón la rescate a ella y al bebé. Y Japón se la lleve”.
La joven relató que M. pagó a la abogada Nilda Ferreyra para que supuestamente la represente. Después, esta letrada pedía en nombre de ella que se retire la consigna personalizada. Hubo una audiencia por este motivo el 5 de diciembre. El futbolista fue representado por el abogado Santiago Pedroza. Según indicó la víctima, este letrado le hizo practicar lo que tenía que decir negando la violencia de género. La mujer expresó que le tiene miedo a este abogado.
La jueza se negó a levantar la consigna personalizada. Pese a ello, la Comisaría 1° la volvió ambulatoria.
Después, según indicó, el marido despidió a la abogada que la representaba y le pagó a otra profesional del estudio de su defensor, quien insistió con el pedido de levantamiento de consigna. La joven dijo que en todas esas gestiones era obligada a firmar sin consentimiento.
Un viaje ficticio a Jujuy
El 14 de diciembre, su marido “le entrega plata a la consigna que se llama Natalia Frías”. Y después de ese día no tuvo más consigna. La joven indicó que esta policía “hace un informe diciendo que ella ve partir el auto con patente tanto rumbo a Jujuy”, lo que no era cierto. Asimismo, aseguró que aunque “está anotado (que) hasta el 23 de diciembre” tuvo consigna, “es mentira”.
Además, aseguró que recibió notificaciones de gastos de su tarjeta de crédito con una deuda de millones.
Según relató, el denunciado manejaba sus ahorros, utilizaba sus tarjetas de crédito y la obligaba a escribirle a su familia en Japón para que enviaran dinero que él se gastaba. Hoy la joven tiene una deuda de 18 millones de pesos. También denunció estos hechos.
Relató que al reclamar a su marido por este motivo, él “le pegó”. Esto fue en Navidad. Después él salió y la joven logró enviar un mensaje a la traductora que había conocido en la justicia. Le pidió encontrarse y que también le transmitiera ese mensaje a la abogada Ferreyra, para reunirse con ambas. La joven además se disculpó diciendo que no podía contestar bien los mensajes “porque él le controlaba todo” y que iba a borrar esa comunicación porque tenía miedo que si él se enteraba, le “iba a pegar o a asfixiar, que vivía con miedo constante”.
La mujer no alcanzó a decir que de nuevo se habían mudado. El 27 de diciembre, la traductora la fue a ver a su anterior domicilio pero no la encontró. Entonces fue a pedir la nueva dirección a la Comisaría 1°, ahí se enteró que no estaban realizando la consigna porque la pareja “se había ido a Jujuy”.
La joven logró enviar un mensaje diciendo que el marido controlaba su teléfono y lo borró. El esposo había enviado mensajes haciéndose pasar por ella diciendo que estaban de viaje. Luego la obligó a llamar diciendo que estaba en Jujuy. La traductora llamó al 911. Finalmente, pudieron rescatarla en el departamento, donde la hallaron golpeada.
A la espera para volver a Japón
Las causas penales por la violencia física, privación de libertad y amenazas se tramitan en la fiscalía penal de Violencia Familiar y de Género 3. La principal queja de la víctima sobre la fiscalía es que bajo la excusa de que en feria el expediente “no estaba habilitado”, evitaron pedir la detención del agresor.
La joven desconoce si se le ha imputado algún delito a su agresor. Tampoco sabe qué Juzgado de Garantías controla este proceso.
En la causa por violencia sexual interviene desde hace dos semanas la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 2, que la citó a declarar en febrero. La joven pidió que se adelante la audiencia porque está la espera de poder regresar a su país, pero se lo negaron. Asimismo, le anticiparon que no le pondrán traductor o traductora y que “se presente con el celular” mediante el traductor de Google, lo que viola la ley de víctimas.
El 30 de diciembre el Juzgado de Familia ordenó que el denunciado colaborara para que la madre y su hijo pudieran regresar a su país. El hombre prometió pagar un salario mínimo vital y móvil, pero nunca cumplió. La joven encontró dinero en su cuenta y con eso está sobreviviendo.
Su padre estaría tratando de juntar dinero para pagar los pasajes y los trámites que se requieren para que pueda regresar al país.
El Polo Integral de la Mujer se comprometió a brindar asistencia básica para el bebé pero hasta el momento no la dio. Necesita necesita pañales XL, leche 1 y ropa, porque no tiene recursos.
La joven se negó a ir al refugio porque le iban a retener el teléfono y a mantenerla incomunicada, cuando requiere estar en contacto con su familia en Japón. Además, no le garantizaban que tuviera intérprete. En todo este tiempo su bebé también se enfermó y la intérprete la acompañó en los trámites que tuvo que hacer.
Hoy, la madre y su hijo permanecen en Salta bajo consigna policial en un domicilio reservado de una familia que la está ayudando.
El marido continúa intentando contactarla y enviando mensajes a sus familiares en el extranjero hablando mal de ella y de la traductora que la viene asistiendo de forma solidaria.
La joven está a la espera de una resolución judicial que autorice la salida del país. El Juzgado de Familia consultó al marido si se oponía a la salida del niño pero él no contestó y quedó en rebeldía. Además, había registrado al niño solo con su nombre. El Polo de las Mujeres le asignó a la madre una abogada para que la represente en este expediente.
Por otro lado, la defensora pública de Violencia Familiar y de Género, Liza Medrano la representará en las causas penales.
Fuente de la Información: Página 12
