Una Escuela Judicial genera tensiones en el Consejo de la Magistratura bonaerense
31/10/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El oficialismo impuso un nuevo sistema para transparentar la selección de jueces.
La oposición en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires denunció la delicada situación económica por la que atraviesa ese organismo bonaerense.
La denuncia surgió en la última sesión de Diputados, cuando se aprobaron cambios en el Consejo y se estableció que los postulantes a jueces deberán pasar antes por una Escuela Judicial.
El kirchnerismo rechazó las modificaciones y la diputada Lucía Portos denunció la compleja situación económica del Consejo.
Portos hizo una cruda comparación entre los presupuestos de provincia y la Ciudad para los Consejos. El organismo bonaerense cuenta con 55 millones anuales, mientras que el Consejo porteño tiene asignada una partida de 6.700 millones para 2018.
Según Portos, si se descuenta la carga salarial, le quedan al Consejo porteño unos 1.900 millones para sus gastos operativos.
Desde el gobierno aseguraron que la comparación no es posible toda vez que el organismo porteño se ocupa además de los sueldos de todos los agentes judiciales de la Ciudad. A eso se suma la compra de equipamiento y más el sistema de enjuiciamiento del jueces y fiscales, algo que no hace el Consejo bonaerense que solo apunta a la selección de magistrados.
En la provincia, el proceso de enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales está a cargo del Senado.
En cuanto a la productividad. La diputada de La Cámpora aseguró en la sesión que el Consejo bonaerense realiza unas 200 ternas por año, mientras que el organismo porteño logra entre 10 y 15 ternas.
Pero además, mostró su preocupación por un párrafo de la nueva ley que abre la posibilidad al Consejo de realizar convenios con instituciones públicas y privadas. Según alertó, eso podría ser un intento de Cambiemos para privatizar la selección de los jueces.
Según pudo saber LPO, en el Consejo de la provincia hay una fuerte puja entre el ala que responde a la Justicia y otro sector que responde a la Política. Esa tensión no es nueva, pero recrudeció en los últimos meses. El trasfondo de la pulseada es la posibilidad de elegir a los magistrados.
En ese contexto, el congelamiento de los fondos al Consejo es una herramienta del sector político para limitar el accionar del ala judicial dentro del organismo.
Desde el gobierno sostienen que la reforma -que establece una Escuela Judicial- apunta a despolitizar el sistema, pero a su vez de desalentar a la 'familia judicial'. El objetivo ahora es fijar los contenidos mínimos y descentralizar cursos en distintas universidades de la provincia.
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