Una empresa y dos empleados acusados por contrabando de carne a Bolivia
05/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En marzo de 2024 los empleados trasladaron 15 medias reses a Bolivia por un paso no habilitado y unos días más tarde viajaron a ese país para cobrar más de $22 millones, que fueron secuestrados por Gendarmería.
La Unidad Fiscal Jujuy imputó a dos trabajadores y a la firma Dosan Inversiones SRL por contrabando de exportación e importación agravado de carne por una maniobra realizada el 7 de marzo de 2024, cuando los dos empleados usaron un paso no habilitado para trasladar 15 medias reses al Estado Plurinacional de Bolivia y cobraron por esa mercadería más de 22 millones de pesos.
La audiencia se desarrolló el viernes pasado ante el juez federal de Garantías de Jujuy Eduardo Hansen y estuvo a cargo de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero.
En una audiencia anterior la fiscalía imputó a César Daniel Fatti León por contrabando de exportación e importación en calidad de partícipe necesario, y a Marcos Ariel Saavedra, por contrabando de importación. Ahora amplió la imputación con el agravante previsto en el artículo 865 inciso “i” del Código Aduanero aplicable cuando el valor en plaza de la mercadería supera los tres millones de pesos.
Asimismo, también apoyándose en el Código Aduanero, la fiscalía extendió la imputación a la empresa, en su carácter de responsable solidaria por los delitos aduaneros atribuidos a sus dependientes.
La fiscalía detalló que el 11 de marzo de 2024 una patrulla del Escuadrón 21 La Quiaca de Gendarmería Nacional que recorría un sector fronterizo próximo a un paso ilegal habitualmente utilizado vio a Fatti León y Saavedra cuando ingresaban desde Bolivia. Al identificarlos detectaron que el primero llevaba 22.638.550 pesos, los cuales fueron secuestrados junto a su teléfono celular.
La investigación estableció que ambos hombres trabajaban en una carnicería que la firma Dosan posee en La Quiaca, y ninguno pudo justificar el dinero. Luego se determinó que cuatro días antes, el 7 de marzo, Fatti León había intervenido en el traslado ilegal a Bolivia de 15 medias reses, transportadas en un camión Iveco de la empresa.
La operación se concretó en dos momentos -mañana y tarde- y finalizó con el vehículo estacionado a escasos metros de la frontera, sin utilizar el paso habilitado. Desde ese punto la mercadería fue transferida a territorio boliviano. Según la hipótesis fiscal, el cobro de la operación ocurrió días después, cuando los dos empleados viajaron nuevamente al país vecino.
La fiscalía sostuvo que la hipótesis se corrobora con diversas evidencias: el reporte de geoposicionamiento del camión, el impacto de antenas del teléfono celular y mensajes intercambiados entre el imputado y su pareja, en los que se describen la carga y descarga de las reses. Entre los mensajes figuran expresiones como: “Estamos bajando”, “Con carne”, “Recién cargamos 15 medias” y “Vamos a ir a descargar”. En otro chat, su pareja advierte: “A pie están gendarmes”.
En cuanto a la empresa, la fiscalía sostuvo que estuvo directamente vinculada a las maniobras. La firma requirió formalmente la restitución del dinero incautado, aduciendo que era producto de una venta a una clienta y aportando factura y documentación respaldatoria. También acompañó constancias de relación laboral de los empleados.
De esos registros surge que Saavedra fue incorporado a la firma el 8 de marzo de 2021, mientras que Fatti León fue registrado recién el 13 de marzo de 2024, dos días después del procedimiento donde se secuestró el dinero.
Asimismo, se verificó que otros empleados registraban múltiples movimientos migratorios hacia la ciudad boliviana fronteriza de Villazón en horarios coincidentes y con permanencias breves, entre dos y tres horas.
Sobre la firma Dosan Inversiones SRL, se estableció que fue constituida el 10 de noviembre de 2009 en la ciudad de Salta y registra más de diez puntos de venta, entre ellos la carnicería ubicada en La Quiaca. Según los organismos de control, desarrolla diversas actividades vinculadas a la comercialización mayorista y minorista de carnes. La empresa cuenta con registro como Agente Aduanero, pero se encuentra suspendida para operar en comercio exterior desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios extraordinarios.
Con estas evidencias, la fiscalía fundó la imputación contra la empresa como persona jurídica, según el Código Aduanero, que prevé penas de 2 a 8 años de prisión para quien importe o exporte mercadería por lugares no habilitados, y el agravante de cuando el valor en plaza supera los tres millones de pesos.
Fuente de la Información: Página 12
