Tras el rechazo social, Diputados mantuvo el financiamiento al Observatorio y el Comité
13/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La Cámara baja aprobó una versión modificada de la iniciativa que regula el financiamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité contra la Tortura.
El oficialismo eliminó la propuesta de cargos ad honorem y terminó aceptando un esquema de financiamiento compartido entre los poderes del Estado.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes la modificación de las leyes que regulan el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
La media sanción llegó luego de días de crisis para el oficialismo provincial, que debió retroceder en su proyecto original tras el rechazo de organizaciones feministas, organismos de derechos humanos, trabajadoras de ambos espacios y distintos sectores políticos y sociales.
La iniciativa aprobada finalmente fue muy distinta a la que había comenzado a circular durante el fin de semana. El texto original proponía que representantes de distintos poderes del Estado desempeñaran sus funciones ad honorem, algo que fue interpretado como un intento de vaciamiento institucional y precarización de organismos creados justamente para monitorear las violencias ejercidas desde el propio Estado y las desigualdades estructurales por razones de género.
La presión pública obligó al oficialismo a reescribir el proyecto en cuestión de horas. El nuevo esquema aprobado establece que cada poder u organismo deberá afrontar con sus propias partidas presupuestarias las remuneraciones de las personas que designe. Así, el Poder Ejecutivo financiará a quienes representen al Ejecutivo, a la Universidad Nacional de Salta y a las organizaciones sociales; mientras que el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados deberán pagar a sus propios representantes.
El cambio no fue menor. En los hechos, significó una marcha atrás del saencismo sobre el núcleo más cuestionado del proyecto original.
La encargada de defender el nuevo texto fue la diputada Laura Cartuccia, quien intentó presentar la modificación como una “solución razonable” frente al contexto económico actual y sostuvo que el proyecto había sido “trabajado intensamente” durante las últimas horas en las distintas comisiones. La legisladora aseguró que el nuevo esquema evita concentrar gastos en un solo sector del Estado y permite “fortalecer institucionalmente” ambos organismos sin generar “una estructura financiera íntegra nueva”.
Pero el trasfondo político del debate ya estaba instalado, dado que el oficialismo llegaba golpeado por las críticas y necesitaba desactivar rápidamente el costo político que había generado la iniciativa original.
Una alarma dentro del propio oficialismo
Uno de los momentos más delicados para el bloque oficialista ocurrió durante la intervención del diputado Luis Mendaña, quien tomó distancia del proyecto original y reveló que su nombre figuraba como coautor sin haber sido consultado. “Quiero dejar bien explícito que el proyecto original no tiene nada que ver con mi pensamiento”, afirmó. “Nadie me consultó a mí sobre esa situación, aunque figure mi firma”, agregó.
La declaración expuso un nivel de desorden interno poco habitual dentro del oficialismo. Mendaña incluso sostuvo que comenzó a recibir llamados y cuestionamientos por aparecer firmando una iniciativa con la que nunca estuvo de acuerdo. “Fue un error que esté mi nombre entre los autores y coautores de este proyecto”, dijo.
El legislador calificó como “una locura” la posibilidad de desfinanciar organismos de control y monitoreo, y sostuvo que justamente en contextos de crisis económica es cuando más deben fortalecerse. “Donde menos hay que ajustar es en los organismos de control”, aseguró.
La intervención dejó en evidencia que el proyecto original no solo había generado rechazo fuera de la Legislatura, sino también incomodidades dentro del propio saencismo. Mendaña defendió especialmente el rol constitucional del Comité contra la Tortura y reivindicó la función del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. “No es ideológico, es humano”, sostuvo al referirse a las políticas de género y a la necesidad de monitorear la violencia institucional y las desigualdades.
También advirtió sobre los riesgos de debilitar organismos que producen información y recomendaciones sobre las propias falencias estatales. “Si estos organismos no existieran, muchas situaciones quedarían invisibilizadas”, señaló.
La defensa de la autonomía
Otro de los ejes centrales del debate fue la autonomía institucional del Observatorio y del Comité contra la Tortura. La diputada Socorro Villamayor defendió que el Observatorio mantenga independencia funcional, y cuestionó una de las versiones previas del proyecto que proponía colocarlo bajo la órbita de una secretaría del Poder Ejecutivo. Este debate se dio durante la mañana del martes y la propuesta incluso llegó desde el mismo Ejecutivo. “Eso lesionaba la finalidad de su creación”, sostuvo.
Villamayor recordó que el organismo nació en 2014, a raíz de la declaración de la emergencia por violencia de género, justamente para producir información independiente sobre la problemática. “El Observatorio se creó para monitorear, recolectar, producir y sistematizar información de manera autónoma”, señaló.
Asimismo, defendió además el valor de los informes anuales producidos por el OVcM y sostuvo que el nuevo esquema presupuestario fortalece esa independencia. “Cada poder deberá hacerse cargo de la remuneración de quien designe y eso afianza la independencia intrapoderes”, explicó.
El discurso aislado de Durand Cornejo
En medio de un debate atravesado por discusiones sobre autonomía institucional, violencia de género y financiamiento estatal, la intervención de Guillermo Durand Cornejo quedó completamente aislada dentro del recinto. El diputado del bloque Conservador Popular fue el único que votó en contra del proyecto y utilizó su exposición para desplegar un discurso reaccionario contra las políticas de género y contra la propia existencia del Observatorio.
Durand Cornejo llegó a cuestionar el concepto de violencia de género, rechazó las políticas de igualdad y cargó contra derechos vinculados a identidades de género e infancias trans. Su intervención sonó tan vieja que, lejos de ordenar el debate, terminó funcionando como un contrapunto que reforzó la posición mayoritaria de defensa de los organismos. Incluso legisladores oficialistas y conservadores que mantuvieron diferencias con el Observatorio terminaron tomando distancia de sus planteos.
La diputada Mónica Goicoechea fue una de las que respondió directamente a ese discurso. “La verdad es que el inicio de este debate me shockeó. Parece un retroceso de mil años”, afirmó.
Goicoechea sostuvo que negar la violencia de género implica desconocer las consecuencias físicas, económicas y psicológicas que viven miles de mujeres en la provincia. También defendió que el trabajo realizado por el Observatorio sea remunerado y recordó que un esquema ad honorem terminaría expulsando a personas del interior provincial que no podrían sostener económicamente esa tarea. “Hace años que las mujeres venimos luchando por igualdad de oportunidades”, señaló.
“Los temas de mujeres no pueden tratarse con lo que sobra”
La diputada Mónica Juárez protagonizó otra de las intervenciones más fuertes de la sesión y defendió la necesidad de que las políticas vinculadas a violencia de género sean abordadas con recursos y dedicación profesional. “Los temas de mujeres no pueden ser tratados con lo que sobra”, afirmó.
Juárez sostuvo que si esos espacios fueran ad honorem solo podrían sostenerlos personas con tiempo y recursos económicos disponibles. “No son lugares para generar chapitas ideológicas. Son temas serios”, señaló.
La legisladora también cuestionó el funcionamiento de sectores de la justicia salteña en causas de violencia y familia y reclamó que el Observatorio avance en el monitoreo de esas situaciones. Dijo que “detrás de cada número hay historias, hay familias y hay mujeres sufriendo”.
El contexto nacional
La diputada Frida Fonseca vinculó el debate provincial con el contexto nacional de ajuste y desmantelamiento de políticas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei. Fonseca recordó que la violencia de género sigue siendo una de las expresiones más graves de desigualdad y sostuvo que organismos como el Observatorio y el Comité contra la Tortura resultan fundamentales para producir información y construir políticas públicas.
La legisladora aportó cifras sobre la situación en Salta: más de 39 mil denuncias por violencia de género durante 2025, 86 femicidios desde 2018 y decenas de muertes dudosas. “No estamos hablando de cuestiones menores”, afirmó.
También defendió que las personas que trabajan en estos organismos reciban una remuneración acorde. “Quien realiza un aporte social importante debe ser remunerado como corresponde”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Guillermo Kripper destacó que más de 150 personas se postularon para integrar el Observatorio en representación de la Cámara de Diputados. “Eso habla claramente de la preocupación que tiene la sociedad salteña sobre esta problemática”, afirmó. Kripper también defendió que sea una tarea remunerada y acompañó el nuevo dictamen.
La votación final
Antes de la aprobación definitiva, el diputado Sergio López incorporó una modificación para restituir un aspecto de la ley original que había quedado eliminado durante las sucesivas reescrituras del proyecto: la facultad del directorio del Observatorio para designar mediante concurso público al equipo interdisciplinario.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en general y en particular. El único voto negativo fue el de Guillermo Durand Cornejo, por lo que la iniciativa ahora pasará al Senado provincial para su revisión.
Detrás de la aprobación quedó una evidencia política. Por un lado, el intento inicial de avanzar sobre el financiamiento del Observatorio y del Comité contra la Tortura abrió una crisis que terminó desbordando el debate presupuestario y expuso tensiones internas, improvisación legislativa y diferencias dentro del propio bloque saencista.
Por el otro, la revelación de Mendaña sobre la utilización de su firma sin consulta previa terminó funcionando como una de las alertas más graves surgidas desde adentro del oficialismo. Una señal de que el proyecto original ya se había convertido en un problema político incluso antes de llegar al recinto.
Fuente de la Información: Página 12
