TOMA Y DACA
01/09/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El fenómeno social mas trascendente de los últimos tiempos es sin dudas la toma de terrenos. A pesar de que la pandemia lo deja entrever como el «oportunismo de unos pocos», se trata mas bien del derecho a la vivienda que tiene todo ciudadano argentin
Desde el principio, los movimientos urbanos tuvieron que ver con la migración de pobladores del interior o del campo a las ciudades mas grandes para buscar un progreso o mejora dentro de sus familias.
Las ciudades latinoamericanas nacen segregadas desde la colonia. El interior de la ciudad colonial marcaba el carácter de dominio y estratificación española. Tal es así que la sociedad se organizó siempre con la gran división (ahora llamada grieta) entre señores y servidumbre (hace un par de siglos), gente bien y sector popular. Así la cercanía a la plaza principal (espacio simbólico del poder) iba marcando el mayor status social. Dejando en las afueras a los pobres y desposeídos, garantizando la hegemonía y seguridad de la clase dominante, tendiendo a erradicar a aquellos elementos que le son desagradables, hacia la periferia. Hacia finales de la década del ’50, surgió una nueva iniciativa de acceso a la vivienda: las tomas de terreno por parte de quienes se transformaron en un movimiento social.
Un movimiento social es una acción que involucra a un grupo social, que posee una identidad y que plantea una lucha reivindicativa. Todo movimiento social está orientado al cambio: desea cambiar el estado de las casas, por lo tanto, su dinámica buscará establecer mecanismos de presión, los cuales les dará fuerza para negociar. Los movimientos sociales pueden ubicarse tanto adentro como afuera del sistema establecido. Pueden pretender cambiar aquellos aspectos del sistema que les afecta o cambiar el sistema completamente. La diferencia entre las tomas de terreno y otras iniciativas es que son producto de una acción organizada de pobladores, los cuales se autorreconocen a sí mismos como diferentes de los «otros». De este modo están presentes la dimensión comunitaria de la acción, así como la dimensión de identidad. Esta acción se realiza en búsqueda de una reivindicación habitacional, buscando establecer una negociación directa con el estado y sus instituciones, asimilándose, de esta forma movimientos sindicales.
Este es el fundamento principal de las tomas de terrenos que no tienen una base política que desestabilice al gobierno de turno.
En la toma que se llevó a cabo en el Km 2 sobre ruta 21, avenida Gaucho Méndez, a mediados del mes de mayo, no hubo punteros partidarios. Fueron solo un grupo de ciudadanos que ejercieron su derecho a adquirir una vivienda y sólo contaron con el asesoramiento de la abogada Antonieta Plaza, quien es la titular de la Fundación «Tomar Acción», quien entendió que estas 124 familias, buscaban ejercer su derecho a la vivienda, luego de años de espera para que sus carpetas sean beneficiadas en algún sorteo del IPV. No se trata de una chicana política sino de una necesidad cada vez mas imperiosa, teniendo en cuenta que la pandemia no les permite trabajar a quienes se ganan su peso a diario y de esta forma se les hace imposible pagar un alquiler.
Lo mejor en este caso sería llegar por la vía judicial y así se hizo. La Fundación presentó una acción de amparo colectivo en contra del IPV, «a los efectos de que el organismo demandado reformule las normas de adjudicación de viviendas e incluya mecanismos que contemplen y guarden relación con la normativa vigente de «supra – protección» legal y principios jurídicos de resguardo de los grupos en situación de vulnerabilidad social, es decir, personas con discapacidad, mujeres en circunstancias de violencia y grupos de personas sujetas a evicciones forzosas por el bajo nivel de ingresos de sus integrantes».
El IPV nunca dio a conocer los mecanismos que debiera tener estipulados para el acceso a la vivienda para los sectores mas desfavorecidos. información que le fuera solicitada oportunamente. Respecto al derecho a la vivienda adecuada se reconoce la obligación del estado de implementar en forma inmediata una vigilancia eficaz de la situación de la vivienda en su jurisdicción, para lo cual debe realizar un relevamiento del problema y de los grupos que se encuentran en situación desfavorable o desventajosa, entre las que se encuentran personas sin hogar y sus familias, personas alojadas inadecuadamente, sin acceso a las instalaciones basicas , personas que viven en asentamientos ilegales, sujetas a deshaucios forzosos, como también a las de bajos ingresos. «Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el deshaucio, el hostigamiento y las amenazas y es el Estado el que debe adoptar medidas destinadas a conferir seguridad legal a la tenencia», afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº7 del falló de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de Nación contra el Gobierno de CABA, lo que se sienta jurisprudencia para este caso.
Aunque los fondos para la ejecución de las viviendas vengan de Nación, la provincia, a través del IPV, se reserva el derecho la facultad de reglamentar el acceso a la adjudicación con resguardo de las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país federal.
Luego de la toma, se requirió una acción notarial para identificar a cada una de las 124 familias que produjeron la toma, para que trate de una chicana polìtica sino de una necesidad genuina de personas identificadas como los tomadores, teniendo la certeza de que solo ellos serán los beneficiarios a la hora de recibir la tan anhelada vivienda. Se aclara también que estas personas estaban imposibilitadas de salir a generar ingresos. Esto provocó que dejen de pagar alquileres precarios que sostenían hasta ese momento con el trabajo diario. Todo esto antes de la pandemia. La mayoría de ellas, mujeres con hijos que estaban tratando de escapar de situaciones violentas, de hacinamiento o abuso.
En su charla con el director actual del IPV, Gustavo Carrizo, la letrada pudo constatar que no existen perspectivas de llevar adelante un plan habitacional que contemple la situación de estas 124 familias. Aunque el IPV cuente con una asignación discrecional de viviendas para «casos especiales», que podrían sufrir una reformulación para los mecanismos de adjudicación.
Por otra parte, actuó el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien entiende que la demanda es inadmisible. «Que la Fundación Tomar Acción postula una representación colectiva, manifestando que se produjo un hecho único y complejo que causa lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, pero que el objeto concreto de la acción es que se otorgue un mecanismo de acceso a la vivienda para estas 124 familias que se apostaron al costado de la ruta 21 el 29 de mayo de 2020».
Por último, la jueza, Guadalupe Villagran, a cargo de la causa expone su interpretación de los hechos que no es precisamente la misma que tiene el Procurador General de la Provincia, debido a que para ella «la acción está enfocada en el aspecto colectivo de los efectos del hecho que habría producido el agravio a los derechos de los integrantes del grupo, toda vez que la actora sostiene que el IPV no contempla en su normativa mecanismos que otorguen prioridad a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Si bien (el Procurador) refiere al antecedente de 124 familias que se apostaron al costado de la Ruta 21 el 29 de mayo de 2020, de la lectura de la demanda no surge que persiga dar solución al problema de vivienda de estas personas. Por el contrario, enuncia la necesidad de adecuación de la normativa a los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Nación en el precedente «QCSY c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Así las cosas, la Fundación cuenta con un plazo de 10 días para remitir toda la información necesaria de las 124 familias, con pruebas fehacientes de lo que se diga. Es a partir de allí que se verá como sigue la causa.
Lo cierto es que, mediante esta acción colectiva, se desnudó una gran falencia del gobierno en política habitacional, que ya lleva muchos años sin resolverle problemas a quienes en verdad lo necesitan. Es el momento de cambiar esa realidad para los salteños.
Fuente de la Información: Cuarto Poder
