Suman cuestionamientos en concursos del Ministerio Público
08/04/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Tras un pedido de suspensión de un proceso para cubrir un cargo de secretario letrado, legisladores notaron que no rige un reglamento acorde a la Constitución. Es alta la incidencia de la entrevista.
El pedido de suspensión de un concurso para cubrir el cargo de secretario letrado en la Defensoría General evidenció que la discrecionalidad está habilitada en los procesos de selección de funcionarios en el Ministerio Público de Salta.
El 22 de marzo, El Tribuno se hizo eco de una presentación que realizó la defensora civil 4, Natalia Buira, para solicitar la nulidad de un concurso para designar un secretario en "el ámbito Defensoría Oficial Civil del Distrito Judicial del Centro". Hasta ahora, la magistrada no recibió respuestas del Colegio de Gobierno, integrado por la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad; la defensora general, María Inés Diez; y el procurador general, Pablo López Viñals.
El concurso, que se convocó en febrero bajo la resolución 16.381, no especifica funciones para el cargo que se busca cubrir y solo refiere al "ámbito Defensoría Oficial Civil del Distrito Judicial del Centro". Este procedimiento solo tiene dos etapas, con un marcado peso en la entrevista, que puede otorgar hasta 60 puntos a los postulantes, contra 40 establecidos como tope para los antecedentes.
La nota presentada por Buira ya habría pasado por la Defensoría y ahora el Colegio deberá emitir una dictamen. En los últimos años, la Ciudad Judicial y el Ministerio Público los nombres cantados fueron moneda corriente en las selecciones, que debieran regirse por la idoneidad que acreditan los concursantes.
Días atrás, los diputados provinciales Héctor Chibán (Capital) y Mario Mimessi (San Martín) pusieron la mira en los concursos de funcionarios y, a través de una nota, pidieron que la suspensión de los procedimientos, incluyendo el que se abrió para el cargo de secretario letrado en la Defensoría General.
Los legisladores radicales remarcaron que luego "de dos décadas de funcionamiento del Ministerio Público no se ha dictado todavía un Reglamento General de Concursos, que se encuentre a la altura de los tiempos y cumpla con los estándares exigibles para materia tan delicada".
Argumentaron que la Constitución provincial fija que la designación de agentes y de funcionarios letrados del Ministerio Público se haga a través de concursos públicos.
Cuestionaron que el reglamento vigente "ofrece un campo inadmisiblemente amplio a la discrecionalidad", Indicaron que queda librado al Colegio de Gobierno la determinación de "la modalidad o tipo de concurso aplicable en cada caso", así como los detalles del proceso, la integración y criterios de valoración de la comisión evaluadora.
Buira, por cierto, había objetado que la comisión evaluadora del cargo de secretario letrado estuviera por la defensora general Diez y por personas que dependen de ella, mientras que en otros casos se convocaron a titulares de las defensorías.
Chibán y Mimessi detectaron que en al menos cinco cargos que están en concurso se redujo la evaluación a un análisis de antecedentes al que se otorga hasta 40 puntos y una entrevista, con 60 puntos.
"Es decir que, en teoría al menos, una persona con cero puntos en antecedentes podría resultar ganadora en un concurso aunque otro postulante sea merecedor de los 40 puntos atribuibles como máximo por ese concepto. Todo según el resultado de ambas en la entrevista", plantaron en la nota que elevaron a Lapad, Diez y López Viñals.
Los legisladores señalaron que en el Consejo de la Magistratura de Salta, en la última modificación reglamentaria, se redujo la incidencia de la entrevista de un 50 a un 30 por ciento. "Se entendió que, si bien puede ser útil, la entrevista claramente no es un método que aporte la objetividad exigida por las normas constitucionales".
Fuente de la Información: El Tribuno Salta
