Siniestro vial en Circunvalación Oeste: tres años de prisión condicional por la muerte de dos chicas

11/01/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Tras un juicio abreviado, se resolvió que Ignacio Demitrópulos y Nicolás Mulki cumplirán prisión condicional y se acordó un resarcimiento económico en concepto de reparación.

Con el conocimiento y aceptación de las partes intervinientes, se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado en la causa contra dos jóvenes de 18 años, imputados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas (dos) en concurso ideal con lesiones culposas graves en siniestro vial. Ambos acusados cumplirán prisión condicional y se acordó un resarcimiento económico en concepto de reparación.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 6 en feria, en la audiencia de juicio abreviado contra Ignacio Demitrópulos y Nicolás Mulki, como coautores del delito de homicidio culposo en siniestro vial agravado por el número de víctimas (dos) en concurso ideal con lesiones culposas graves en siniestro vial.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado 14 de agosto de 2020 sobre la autopista Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta, a la altura de La Ciénega, donde dos menores fallecieron y una tercera resultó herida.

La jueza subrogante, Ada Guillermina Zunino

La jueza subrogante, Ada Guillermina Zunino, luego de recibir la confesión de culpabilidad de los dos acusados y la aceptación de los hechos endilgados, les impuso el cumplimiento de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial, además del cumplimiento de reglas de conducta.

Con el acuerdo de las querellas y todas las demás partes, se celebró el mismo y se fijó además un resarcimiento económico hacia las familias damnificadas en concepto de reparación.

Cabe aclarar que el juicio abreviado es un proceso que se encuentra contemplado en la ley procesal penal y que puede concretarse en determinados casos, cuando se establece un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal como acusador, el o los imputados y en algunos casos el o los querellantes, siendo uno de sus principales beneficios el reconocimiento de la responsabilidad penal de los acusados, la aplicación de pena, la economía procesal y la posibilidad de otorgar una rápida respuesta de la Justicia al acusado y a la sociedad.