Salta es la segunda provincia del país en chicos y chicas que cobran la Ley Brisa
15/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Salta tiene una alta cobertura de la reparación económica para huérfanos y huérfanas de femicidio, pero en el 35% de los casos registrados entre 2021 y 2025 no se sabe si las víctimas tenían hijos
Un informe de Ciudadana Comunicación cruzó datos oficiales de la Jefatura de Gabinete con registros del Observatorio de Violencia Contra la Mujer y reveló una paradoja: Salta tiene una alta cobertura de la reparación económica para huérfanos y huérfanas de femicidio, pero en el 35% de los casos registrados entre 2021 y 2025 no se sabe si las víctimas tenían hijos. El 35% de los casos no informa si las víctimas tenían hijos o hijas
La provincia de Salta ocupa el segundo lugar del país en la tasa de niños, niñas y adolescentes que reciben la reparación económica prevista por la Ley Brisa (27.452), destinada a hijos e hijas de víctimas de femicidio o de violencia de género intrafamiliar.
A simple vista, el dato podría leerse como una señal de un Estado que llega con una política pública de reparación. Sin embargo, esa fotografía convive con otra mucho menos alentadora: en más de un tercio de los femicidios cometidos en la provincia durante los últimos cinco años no existe información pública sobre si la víctima tenía hijos o hijas.
La conclusión surge de un relevamiento de la agencia Ciudadana Comunicación, que cruzó el último informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación —con datos actualizados a febrero de 2026— con las estadísticas del Observatorio de Violencia Contra la Mujer (OVCM) y un registro periodístico propio elaborado a partir del seguimiento de los casos.
A febrero de este año, 69 niños, niñas y adolescentes de Salta cobraban la Ley Brisa, según los datos oficiales. En términos absolutos, Buenos Aires encabeza el listado con 485 beneficiarios, seguida por Santa Fe (141), Córdoba (104) y Chaco (70). Salta aparece quinta, apenas un caso por debajo de la provincia chaqueña.
Pero el escenario cambia cuando se compara la cantidad de beneficiarios con la población de cada jurisdicción. Salta alcanza una tasa de 4,79 beneficiarios cada cien mil habitantes y queda segunda a nivel nacional, solo detrás del Chaco (6,12). Más atrás aparecen Santa Fe (3,96), Buenos Aires (2,76) y Córdoba (2,61).
El dato muestra que, en términos relativos, Salta logró una de las coberturas más altas del país para una política pública que todavía permanece poco conocida por muchas familias.
Además, el crecimiento fue acelerado, puesto que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 apenas se habían presentado 23 solicitudes de incorporación al régimen y solo 18 habían sido aprobadas. Ya para julio del año pasado existían 23 beneficiarios. Siete meses después, el padrón había trepado a 69: prácticamente se triplicó.
Ese salto puede responder tanto a una mayor difusión del programa como al reconocimiento tardío de familias que durante meses o incluso años no habían podido acceder a un derecho ya vigente.
El agujero de los registros
La otra cara aparece cuando se observa la información sobre las víctimas de femicidio. Entre 2021 y 2025, el Observatorio de Violencia Contra la Mujer registró 48 hijos e hijas que quedaron sin su madre como consecuencia de femicidios en Salta. El número asciende a 52 si se incorporan los cuatro hijos de Rosmery Aramayo Torres, el primer femicidio de 2025.
El problema no está únicamente en la cantidad de niños y niñas registrados, sino en aquello que falta. Sobre 49 femicidios analizados entre 2021 y 2025, en 17 casos —el 35% del total— no existe información pública sobre si la víctima tenía hijos.
El subregistro fue especialmente marcado en los últimos años. En 2023 hubo 12 femicidios y en seis de ellos no se consignó información sobre maternidad. En 2024, de nueve femicidios registrados, cinco quedaron sin ese dato, es decir, más de la mitad de los casos.
No se trata de una omisión estadística menor, ya que cada femicidio que no informa si la víctima tenía hijos o hijas representa una posible familia que permanece invisible para el Estado y que puede quedar sin orientación para acceder a la reparación económica prevista por la Ley Brisa.
Un derecho que depende de ser visto
La Ley Brisa fue sancionada en 2018 para garantizar una reparación económica mensual —equivalente a una jubilación mínima— y cobertura integral de salud a hijos e hijas de víctimas de femicidio o de violencia familiar. El beneficio se percibe hasta los 21 años y es vitalicio para personas con discapacidad.
La norma busca reparar, al menos parcialmente, una de las consecuencias más profundas de la violencia machista: las infancias que quedan sin su madre y pasan a vivir con abuelas, tías, hermanos mayores u otros familiares, muchas veces sin respaldo económico ni acompañamiento estatal.
Pero para acceder al derecho primero hay que existir en los registros. El informe de Ciudadana Comunicación muestra así una paradoja. Salta aparece entre las provincias con mayor alcance de la Ley Brisa en relación con su población, pero al mismo tiempo mantiene un importante déficit en la producción de información básica sobre las víctimas de femicidio.
Mientras uno de cada tres casos siga sin informar si la mujer asesinada tenía hijos, será imposible saber cuántos niños y niñas quedaron realmente alcanzados por la violencia femicida y cuántos de ellos todavía esperan una reparación que, en los papeles, ya les corresponde.
Fuente de la Información: Página 12
