Sáenz pide que se restituyan las pensiones por discapacidad
04/09/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El gobierno de Salta presentará una cautelar y un amparo ante la Corte Suprema. La provincia de Salta planteará además que se paguen los montos que se hayan retenido hasta el momento, y que se garanticen las prestaciones y otros beneficios suspendidos
El gobierno de Salta presentará una cautelar y un amparo ante la Corte Suprema. La provincia de Salta planteará además que se paguen los montos que se hayan retenido hasta el momento, y que se garanticen las prestaciones y otros beneficios suspendidos junto con las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado para que presente una acción de amparo exigiendo el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.
Además, en el amparo se solicitará que la administración de justicia ordene la devolución de los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.
La instrucción llega a meses de la quita de pensiones que el gobernador Sáenz verificó durante el fin de semana, en el marco de una visita que realizó a Metán.
En sus redes digitales, el mandatario contó: “hoy estuve con Abel ‘Chicho’ Valencia, un vecino de Metán que perdió sus dos piernas y al que la Agencia Nacional de Discapacidad le suspendió su pensión por invalidez. Esta decisión, además, lo dejó sin cobertura de salud”.
Añadió entonces que “el equilibrio fiscal es importante, pero no vale todo para sostenerlo. Debe ir de la mano de la sensibilidad y la humanidad. Porque detrás de cada número hay personas, familias y sueños que no pueden esperar”. “Si conocés a alguien que esté atravesando una situación similar en Salta, contámelo en los comentarios. Me voy a ocupar personalmente para que cada caso tenga una respuesta”, pidió.
El caso de Valencia ilustra el de muchos otros: no le llegó la citación al domicilio y, consecuentemente, no se presentó al turno de la auditoría. Esto implicó la quita de la pensión y los demás beneficios para garantizar sus derechos.
La injusticia ya se veía venir a las claras desde marzo de este año cuando llegaron las citaciones de la ANDIS al departamento Rivadavia. En ese momento, las familias residentes en este amplio territorio intentaban sobrevivir a las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo. La provincia pidió entonces que el proceso se frene por un tiempo.
Luego llegaron las largas colas de las personas con discapacidad en la sede salteña de la ANDIS, dado que nunca les había llegado notificación alguna y temían perder sus beneficios, como sucedió en algunos casos.
Competencia originaria de provincias
La decisión de Sáenz es posterior a la medida presentada ya por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien informó de una presentación judicial también en sus redes digitales.
Según indicó a Salta/12 el fiscal de Estado de Salta, Agustín Pérez Alsina, el recurso judicial estaría radicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a más tardar el lunes que viene.
El fiscal de Estado explicó que el recurso va directo al máximo tribunal argentino que tiene competencia originaria ante las presentaciones que realizan las provincias y que tienen como contraparte a la Nación.
El pedido “es que se reestablezca la totalidad” de las pensiones no contributivas, dijo Pérez Alsina al sostener que esto involucra también el restablecimiento de los beneficios quitados a beneficiarios y beneficiarias.
El amparo también plantea que solo una vez que se reestablezcan las pensiones, se hagan las auditorías para anular las que correspondan. “No es un decir devuélvanle a todo el mundo. Sino por ahora reestablecerlas y profundizar esta auditoría para que caigan aquellas (PNC) que no corresponden”, sostuvo el funcionario.
Respecto a las razones por las que recién ahora el gobierno salteña decide ir a la administración de justicia por las pensiones por discapacidad, Pérez Alsina indicó que el Ejecutivo provincial “viene actuando desde hace ya un tiempo a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Discapacidad pidiendo informes a Nación y a ANDIS para que envíen información de las pensiones suspendidas y si fueron auditadas o no”.
La intención de la información era contar con el número real o al menos aproximado de los beneficios dados de baja, que se estima serían más de 200 en la provincia. La Nación y la ANDIS “empezaron a responder los informes con tardanza o incompletos y se decidió no esperar más”, explicó.
El fiscal de Estado indicó que la falta de notificación formal sobre la realización de la auditoría a beneficiarios y beneficiarias, podría perjudicar sobre todo a quienes viven en el interior de la provincia.
Una vez presentada el amparo resta esperar la respuesta de la Corte Suprema sobre la cautelar solicitada, que sería la vía judicial más rápida para restituir derechos. Sin embargo, se conoce de las demoras que caracterizan los fallos del tribunal. Ese tiempo “ya depende de la responsabilidad institucional” del máximo tribunal en expedirse en una cautelar “que sanearía bastante” la situación que atraviesan por el momento las personas con discapacidad, dijo Pérez Alsina.
En la Justicia Federal salteña ya hay un recurso de amparo con cautelar incluida presentados por un abogado que también espera una resolución.
Fuente de la Información: Página 12
