Restituyen la mayor parte del territorio desalojado en Las Pailas
26/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La jueza Diez Barrantes ordenó la restitución urgente de la mayor parte de las tierras del paraje de Cachi, tras reconocer que fueron desalojadas familias y predios que no estaban comprendidas en la sentencia
Resta ver quién asumirá la responsabilidad por el "error"
Finalmente, tras días de resistencia mediante manifestaciones públicas, marchas y hasta un escrache en la casa de la funcionaria judicial María Florencia Wayar, que demanda a familias indígenas, la administración de justicia de Salta ordenó la restitución de la mayor parte del territorio desalojado por la fuerza el 12 de junio, en el paraje Las Pailas del departamento Cachi.
Mediante un oficio firmado ayer la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación, María Fernanda Diez Barrantes, dispuso que el juez de Paz de Seclantás restituya la posesión de las fracciones del catastro 1025 a los comuneros Leoncio Fabián, René Fabián, Obalio Cruz y Dante Guzmán, quienes habían sido desalojados durante el operativo del 12 de junio.
La jueza aclaró expresamente que esos sectores no forman parte de las cuatro hectáreas ocupadas por Agustín Mamani, que eran el único objeto de la orden de desalojo dictada en la causa por vencimiento de contrato de arriendo que el comunero mantenía con Florencia Wayar. A pesar de que la orden de desalojo iba dirigida a la familia Mamani y las cuatro hectáreas que ocupaba, el juez de Paz Rafael Mamani y la Policía, con el acompañamiento del fiscal penal de Cachi, Daniel Alejandro Escalante, extendió el desalojo a otras 40 hectáreas, de uso de las las familias Fabián, Cruz y Guzmán, que ahora podrán continuar ocupándolas.
El acceso a la Legislatura Maira López
La decisión judicial se conoció al final de un largo día en el que miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas se reunieron con senadores provinciales, que se comprometieron a buscar alternativas para encontrar una resolución al conflicto, y se manifestaron después frente a la Legislatura protestando por el desalojo y acompañando a la Comunidad Lule Finca Las Costas, que se opone a la cesión, por parte del gobierno provincial, de un sector de su territorio a un club de rugby.
Al dar a conocer la novedad, la Comunidad Diaguita Kallchaki y sus abogados destacaron que además la resolución judicial “rectifica un oficio anterior y establece que la restitución deberá realizarse con la intervención del Juez de Paz de Seclantás y el acompañamiento de la Subcomisaría de Cachi, que deberá garantizar las condiciones de seguridad para cumplir la medida".
“La decisión judicial constituye un reconocimiento de que el operativo de desalojo alcanzó sectores que no estaban incluidos en la sentencia, por lo que ordena revertir esa situación mediante la restitución inmediata de las tierras a las personas afectadas", destacaron al final.
Precisamente, la ampliación injustificada de la superficie a desalojar y la inclusión en la medida de familias que ni siquiera habían podido defenderse ante el Juzgado de Díaz Barrantes fue uno de los principales cuestionamientos de la Comunidad el día del desalojo.
A pesar de que este despropósito fue señalado reiteradamente por comuneros y comuneras y sus abogados, los ejecutores del desalojo se mostraron inflexibles. Al día siguiente su obstinación recibió el respaldo del Ministerio Público Fiscal representado en este caso por el fiscal Escalante, que llegó a acusar por usurpación a Leoncio Fabián, Héctor Fabián, Oballo Cruz, Conrado Cruz, Cecilia Mamani y Ulises Yanes, quienes habían sido denunciados por Florencia Wayar.
La última decisión de Diez Barrantes, que tuvo que suspender unos días de licencia para hacerse cargo del conflicto generado por las irregularidades de la ejecución de su orden, implica un reconocimiento de estas falencias en la actuación de oficinas del Estado.
Por otro lado, la orden de restitución se conoció después de que esta misma magistrada rechazara un planteo de nulidad del desalojo, presentado por los abogados de la Comunidad Las Pailas. En esa resolución la jueza aclaraba que estaba a la espera de informes sobre el desalojo, pero se valía de un informe del propio juez de Paz (actor interesado) para afirmar que “miembros integrantes de la comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, (...) no fueron desalojados” y aseguraba también que el informe de lanzamiento del juez de Paz no da cuenta de la presencia de infancias, personas con discapacidad y adultos mayores. Datito de costado: la jueza Diez Barrantes también usa (como el fiscal Escalante) el término “menores” para referirse a personas menores de edad.
Por otra parte, retomando el hilo central, el desalojo provocó, además de un daño moral, un perjuicio económico a las familias a quienes les sacaron sus pertenencias, les impidieron el acceso a sus cultivos y obligaron a retirar sus animales. La jueza no precisó quién asumirá la responsabilidad por esos daños.
Este diario lo consultó. Una fuente judicial indicó que el “error” fue del juez de Paz y que en todo caso debería ser denunciado penalmente para que se lo investigue por su mal proceder. Queda claro que el responsable último es el Estado salteño, pero sería un buen ejercicio de democracia que se identifique con nombre y apellido a las personas funcionarias estatales, de los poderes que fueran, cuya actuación deficiente provocó estos perjuicios.
Fuente de la Información: Página 12
