Reforma del Jury: "La ciudadanía necesita jueces independientes"
09/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El secretario general del Colegio de Magistrados, Eduardo Barrionuevo, cuestionó la reforma del Jury aprobada en Diputados y advirtió sobre los riesgos de las suspensiones preventivas de jueces y fiscales.
La reforma de la Ley del Jurado de Enjuiciamiento aprobada por la Cámara de Diputados de Salta sigue generando tensión en el Poder Judicial y el Ministerio Público. En las últimas horas, el secretario general del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Eduardo Barrionuevo, cuestionó el proyecto y advirtió sobre el impacto institucional que podría tener la posibilidad de suspender preventivamente magistrados antes de la sustanciación formal del proceso.
"La ciudadanía necesita jueces independientes", sostuvo Barrionuevo en diálogo con Radio Salta, al defender la necesidad de preservar garantías constitucionales vinculadas al debido proceso, la defensa en juicio y la división de poderes.
El planteo se da después de que el Colegio de Magistrados emitiera un comunicado institucional en el que expresó preocupación por la reforma de la Ley 7.138, que incorpora medidas cautelares excepcionales para apartar preventivamente a jueces, fiscales y funcionarios judiciales ante hechos considerados graves.
Desde la entidad señalaron que la independencia judicial "es una garantía de la ciudadanía" y remarcaron que permitir apartamientos anticipados sin el debido proceso afecta la garantía constitucional de inamovilidad de magistrados prevista en la Constitución provincial.
Cuestionamientos al proyecto
Barrionuevo explicó que uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la posibilidad de avanzar con suspensiones preventivas antes de que exista un contradictorio pleno o un descargo formal del magistrado denunciado.
En el ámbito judicial sostienen que el sistema vigente ya contempla mecanismos de suspensión, pero recién luego de una etapa inicial de admisibilidad y con intervención del denunciado y del Procurador General.
También advierten que el nuevo esquema podría generar presiones indebidas sobre jueces y fiscales que intervienen en causas sensibles o de alto impacto político.
La discusión además quedó atravesada por cuestionamientos técnicos vinculados al sistema acusatorio vigente en Salta. En sectores judiciales consideran que avanzar hacia medidas preventivas sin contradictorio resulta incompatible con la lógica acusatoria y adversarial implementada en la provincia.
La preocupación a nivel nacional
La polémica también escaló a nivel nacional. La Asociación Argentina de Fiscales expresó esta semana su "preocupación institucional" por la reforma y alertó que una suspensión preventiva aplicada sobre denuncias aún no sustanciadas puede transformarse en "una sanción anticipada".
La entidad sostuvo además que denuncias "maliciosas, estratégicas o instrumentales" podrían utilizarse para condicionar investigaciones de corrupción, crimen organizado o abusos de poder.
Estadísticas del Jury
En paralelo, estadísticas oficiales sobre el funcionamiento del Jury comenzaron a alimentar el debate. Según documentación a la que accedió El Tribuno, entre 2022 y 2025 hubo nueve acusaciones declaradas inadmisibles en la etapa inicial, es decir, sin siquiera correr vista al denunciado.
En el mismo período hubo apenas dos acusaciones rechazadas luego de dar intervención al denunciado y al Procurador General.
También se registraron tres expedientes remitidos a la Superintendencia de la Corte o al Colegio de Gobierno del Ministerio Público por cuestiones administrativas y una acusación que concluyó por renuncia.
En cuanto a destituciones efectivas, hubo solamente dos en los últimos años.
Un caso en Tartagal
Una de ellas fue la de la exdefensora oficial civil de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, removida en 2021 luego de un proceso completo en el que se analizaron denuncias por presuntas irregularidades funcionales, manejo de donaciones y expedientes sin trámite.
La otra fue la del exjuez de Garantías de Orán, Claudio Alejandro Parisi, destituido en diciembre de 2024 tras un jury impulsado por el procurador general Pedro García Castiella.
En ambos casos, remarcan dentro del Poder Judicial, las destituciones llegaron después de procesos avanzados, con acusaciones formalizadas, producción de pruebas, alegatos y deliberación final del Jurado de Enjuiciamiento.
Por eso, el debate actual ya excede la reforma puntual y abrió una discusión más amplia sobre los límites institucionales del poder político sobre jueces y fiscales, el funcionamiento del sistema acusatorio y el alcance de las garantías constitucionales dentro del propio mecanismo de control judicial.
Fuente de la Información: El Tribuno
