Reclaman el cierre de causas penales contra manifestantes contra la reforma en Jujuy
21/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
A dos años de las protestas contra la reforma regresiva impulsada por el ahora exgobernador Gerardo Morales, comunidades indígenas y otras organizaciones de Jujuy exigen que se investigue a los represores
Por Mariana Mamaní
A dos años de la reforma Constitucional que promovió el exgobernador Gerardo Morales, con represión y a espaldas del pueblo jujeño, las comunidades indígenas, diferentes sectores sociales, políticos, gremiales, de derechos humanos, y docentes que integraron la Multisectorial conmemoraron y reflexionaron sobre la violencia institucional que se desató en la provincia en junio y agosto de 2023
En esta semana, las comunidades indígenas de puna, quebrada y valles realizaron una marcha en defensa de los territorios y el agua, caminaron desde el lunes último pasando por diferentes localidades y lugares donde se realizaron cortes de ruta y permanencias en junio de 2023 con la consigna "arriba los derechos, abajo la reforma". Con las whipalas en alto, las comunidades llegaron a la capital jujeña el jueves último.
Por la noche participaron de la Asamblea Popular, donde se planteó el propósito de buscar la unidad para exigir justicia y defender derechos. El encuentro fue en la Plaza Belgrano, donde se reunirán todos los miércoles acompañando las demandas de jubilados, trabajadores de la cultura, personas con discapacidad, entre otros. El jueves se encendieron velas recordando las marchas de las antorchas que en junio de 2023 realizaron docentes y opositores a la reforma.
Varios dirigentes coincidieron en que “Jujuy fue un laboratorio represivo desde el 2015”, con la criminilización de la protesta social, que fue consolidada con la reforma constitucional, en la que se incluyó un capítulo que usa elconcepto de paz social como justificativo para reprimir manifestaciones públicas.
"Siempre hablamos del laboratorio de Gerardo Morales y decimos que era lo que se venía y ahora lo vemos en todo el país. Hablamos de presos políticos, persecución a luchadores sociales. Hoy Patricia Bullrich habilita a la Policía Federal a patrullar las redes sociales que no se puede opinar nada. Acá ya tuvimos compañeros que los metieron en cana por tuitear. Allanamientos, hostigamientos a las organizaciones sociales, sindicatos, docentes, estatales, jubilados, esto ya lo denunciamos”, reseñó Gonzalo Maurin, de la organización social Nuestra América.
Los manifestantes reclamaron que caigan las causas armadas en la provincia que tienen a varios imputados, además de las contravenciones que se les aplicaron. "El camino es la unidad y denunciar a los presos políticos desde Milagro Sala, y otros que son perseguidos por el partido judicial de Jujuy”, resaltaron.
En ese mismo sentido Fernando Acosta destacó que la reforma constitucional se aprobó sin el consenso de la población. "Tuvieron que apelar al palo, a los gases, a la represión, a los aprietes, todo lo que se vivió esos días. Es importante rescatar que ellos no tuvieron consenso para aplicar el ajuste, el saqueo que están haciendo”.
"Ahora a nivel nacional se aplica con la misma dirección que es el saqueo. Y para eso tienen que terminar con nuestros derechos y por eso buscan someternos a palo y persecución, cárcel, criminalizar la protesta social, porque no tienen consenso. No tienen razón, lo que tienen es poder, por eso nosotros tenemos que reconstruir un poder que sea capaz de frenarlos y que retrocedan para recuperar todos nuestros derechos sobre nuestra tierra, el agua, y principalmente la esperanza de vida”, alentó.
Santiago Zamora, de la CCC, llamó a la reflexión y resaltó el valor de "seguir peleando por la unidad para tratar que por lo menos el saqueo que quieren hacer les cueste más a las clases dominantes”.
Por otro lado Juan Barroso, estudiante de la Universidad Nacional de Jujuy que acompañó la marcha de las comunidades, advirtió que “el 90% de la provincia esta en rojo, toda pedimentada para ser explorada, esto es lo que las comunidades denuncian”.
Fabiola Suárez, de organismos de derechos humanos, destacó la continuidad de la protesta. “Jamás dejamos la plaza, las calles. Se vienen tiempos difíciles, la gente está viendo cómo sobrevivir". "Nos dicen que somos pocos y les digo que no nos han vencido. Cuando ya no estemos, van a estar los hijos, y así como nuestras madres sembraron, hoy somos cosecha de luchas contra la violencia institucional”.
Con los palos y con el Poder Judicial
En junio de 2023 se inició la represión a comunidades que llevaban adelante el proceso de resistencia al que llamaron Tercer Malón de la Paz, como continuidad de las protestas realizadas en 1946 y 2006, los tres con el común denominador del reclamo por la deuda histórica del Estado argentino que aún no reconoce los territorios de los pueblos preexistentes.
Las fuerzas de seguridad reprimieron el 16 de junio en Abra Pampa cuando en la capital jujeña se aprobaba la reforma. El 17 de junio hubo varios hechos de represión en Purmamarca; el 20 de junio se juró la Constitución bajo una gran movilización del pueblo jujeño, y la consiguiente represión, en inmediaciones de la Legislatura provincial, y el 30 de junio hubo otra represión en Humahuaca. En las tres represiones hubo más de un centenar de heridos, y cientos de detenidos.
Los efectivos de las fuerzas represivas disparaban balas de goma en la cara de los manifestantes, tres hombres fueron alcanzados por esos proyectiles y tuvieron graves lesiones oculares.
A dos años, siguen en trámite varias causas penales contra dirigentes por hechos relacionados a aquellos días, en que hubo cortes en la ruta nacional 9. Y recién en mayo de este año fueron imputados 35 efectivos de las fuerzas de seguridad, por el daño provocado con la represión, aunque no se llamo a declarar a los responsables de dar las órdenes, entre ellos, el exgobernador Gerardo Morales, el exministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el exjefe de la Policia, Herbas Mejías.
Las comunidades indígenas que se movilizaron esta semana (300 kilómetros, parte a pie y parte en colectivos), una vez en San Salvador entregaron petitorios en el Juzgado de Minas, en el Ministerio Público de la Acusación, en el gobierno provincial, la Legislatura y la Secretaria de Pueblos Indígenas solicitando que se respeten sus derechos.
Un informe de Amnistía Internacional Argentina, presentado en mayo último en Jujuy, concluyó que en la represión de junio de 2023 hubo un “Uso abusivo y excesivo de la fuerza”. La organización expresó entonces su preocupación porque a 2 años de los hechos no haya persona juzgada ni condenada.
“Se han utilizado armas de manera abusiva apuntando a la cara, hemos tenido más de 170 personas heridas, 10 personas con lesiones en las caras, 3 de ellas por lo menos con pérdidas de los ojos”, detalló la directora adjunta del organismo, Paola García Rey.
En defensa del territorio y el agua
Mientras las comunidades entregaban petitorios, Carlos Chuchuy, de la comunidad de Lumara, en Abra Pampa, señaló: "A dos años no hay ni un preso por las mutilaciones a nuestros hermanos en aquel junio negro. Vinimos ahora al Juzgado de Minas, les pregunté si toman agua, y dicen que sí, entonces hagan justicia”.
En cuanto a la actividad minera en Abra Pampa, el comunero dijo que mientras “todo el humedal de Miraflores tiene pedimentos mineros", el juez de Minas "nos responde que no hay influencia directa. Una vergüenza que sean jueces con esa calidad humana y quieren dirigir los destinos de la provincia”, afirmó.
Tras los cuatro días de marcha, Chuchuy consideró que “todos los lugares de permanencia fueron hostigados desde La Quiaca hasta en El Pongo (Perico), algunas fueron reprimidas" y por eso: "queremos juicio y castigo a los responsables de la brutal represión del 2023”, exigió.
“Queremos justicia por los responsables de la represión en Abra Pampa, en Humahuaca, a la permanencia en Purmamarca. Pedimos que se bajen las causas armadas de los luchadores, hermanos, y decimos basta a la corrupción. Nos quieren callar y nos quitan nuestros derechos, los recursos naturales, nuestros territorios”, agregó, Lidia Balcarce, referente de la comunidad kolla Caspalá, luego de dejar un petitorio en el MPA.
Otro manifestante, Nelson Subelza, habló sobre los pedimentos mineros en la Puna: “se quiere entregar la provincia a los extranjeros, ¿y dónde quedaron los derechos de los jujeños? Tenemos que entrar en un debate serio, responsable y en igualdad. Consideramos que podemos construir sociedades más comprensivas, más respetuosas para todos las comunidades y para los de la ciudad”, dijo.
“Tenemos agua, leyes que protegen los glaciares", que "no podemos destruir porque son el reservorio de agua para las futuras generaciones. Le pedimos a la sociedad que despierte y que no acepte la privatización que quiere Mekorot, empresa Israelí”, señaló sobre los antecedentes de la empresa que tiene convenio para la gestión de agua con la provincia de Jujuy.
Benito, de la comunidad de Potreros, del departamento Cochinoca, se reivindicó como uno de los "luchadores del 2023 en contra de la reforma". "Venimos a reclamar justicia, respeto, por nuestras comunidades y que cumplan con la consulta libre previa e informada. Hacen desalojos a muchas comunidades, terrible el manejo del gobierno. La comunidad está en contra de la megamineria porque viene a contaminar la vida”, relató.
Eva Calizaya, una de las productoras rurales de la finca El Pongo afectadas por empresas instaladas en Perico, habló sobre la lucha de las comunidades de esa zona en defensa de la tierra, "que es para producir, no para saquear y decimos no a la contaminación, al saqueo, no a la explotación del agua que es vida. Si nos contaminan el agua no podemos producir. En Jujuy no tenemos un representante acá son todos socios. Defendemos nuestro ecosistema y queremos justicia para los hermanos que son desalojados a lo largo del territorio”, manifestó.
Fuente de la Información: Página 12
