Rechazan una acusación penal contra indígenas en un conflicto territorial
29/09/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Gustavo Torres Rubelt, rechazó una acusación penal por usurpación contra dos pobladores indígenas que fueron denunciados por un finquero en el marco de un conflicto territorial.
El fiscal consideró que esto tiene que resolverse en el ámbito civil. “El derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros medios menos lesivos, debiendo preferirse ante todo la utilización de medios desprovistos de carácter de sanción penal, máxime cuando, como en el presente caso, nos encontramos ante una problemática dirimible estrictamente mediante la legislación civil y eventualmente administrativa”, sostuvo el fiscal.
El dictamen lo emitió en una causa contra dos hermanos de apellido Arjona, integrantes del pueblo Tastil, a quienes la empresa chilena Foxter SA denunció por usurpación en el marco del conflicto que mantiene con el pueblo Tastil, en la zona de la Quebrada del Toro.
El fiscal pidió el sobreseimiento de ambos acusados “por la causal establecida en el artículo 428 inciso C del CPP (Código Procesal Penal)”: que el hecho atribuido no encuadra en una figura penal.
La abogada de los Arjona, Verónica Huber, fue notificada del dictamen fiscal anteayer, justo el día en que el Senado aprobó la prórroga de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena. Ahora la abogada debe emitir su opinión (que será de adhesión al dictamen fiscal) y también los abogados de la firma, Maximiliano y Sebastián Espeche, y luego tomará una decisión el juez de Garantías N° 5 de la ciudad de Salta, Héctor Martínez.
Huber informó a Nuevo Diario que Foxter presionó a los comuneros para que acepten casas en comodato en otro lugar. Destacó que este comodato se puede terminar “en cualquier momento”, aunque se fije una fecha de término, y contó que a quienes no aceptaron, “digamos como que los maltrataron” y empezaron a hacerles denuncias por usurpación.
En este caso, Martínez convocó a una audiencia para escuchar a las partes. Los abogados de la empresa negaron todo tipo de presiones a los habitantes originarios e insistieron en que están usurpando tierras de la multinacional.
Por su parte, Huber sostuvo que “no es un tema penal, de últimas será un tema civil que habrá que discutirlo por otra vía, pero lo hacen penal para criminalizarlos y para evitar la aplicación de la 26160”.
Al parecer, los abogados de la empresa interpretaron que los argumentos de la defensa de los hermanos Arjona tienen contundencia, porque tras esa audiencia empezaron a citar a mediación a los comuneros. “Están pidiendo mediaciones a gente de Los Alisos, de Gólgota y de comunidades de más arriba”, contó Huber.
“Los terratenientes lo que hacen es criminalizar a la personas que toda la vida vivieron en esos lugares, en vez de si entienden que tienen derecho, hacer el reclamo por la vía civil y discutir los títulos. En penal no estás discutiendo los títulos, sino el ingreso violento, digamos clandestino a un lugar, que no es la situación de ninguna de las comunidades, las comunidades ya están ahí adentro (en este caso el territorio de la Finca el Toro)”, sostuvo la abogada.
Fuente: Nuevo Diario
