Procuración Vs Policías, una pulseada de fondo
14/05/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El caso Sulca ahondó las diferencias entre la Procuración y el Ministerio de Seguridad con acusaciones cruzadas respecto a la actuación policial. La trágica muerte de la docente Rosa del Milagro Sulca afloró viejos rencores entre fiscales y policías
La relación entre el procurador Abel Cornejo y el ministro Juan Manuel Pulleiro no empezó de la mejor manera, apenas asumido el ministro se cruzó con el procurador por la excesiva cantidad y ad eternum de consignas policiales domiciliarias dispuestas por los fiscales, el segundo encontronazo ocurrió a consecuencia de que no había disponibilidad de médicos policiales para la realización de autopsias y recientemente por la actuación policial en el femicidio de la docente de Villa Mitre.
Los fiscales y policías siempre tuvieron rispideces sobre todo cuando los acusados eran los policías y a pedido de los fiscales, se disponía la inmediata detención del uniformado, negándosele la presunción de inocencia. Pero la gota que colmó el vaso fue la imputación y pedido de detención al comisario mayor Fabián Tolaba, Jefe del Centro de Coordinación Operativa.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputaron al jefe policial por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, con el argumento de que Tolaba se había negado a entregar inmediatamente a la fiscalía el audio del pedido de auxilio de la víctima. El requerimiento de los fiscales fue denegado por la jueza de Garantías Nº 1, doctora Ada Zunino con el fundamento de que objetivamente no existían elementos para imputar al comisario Tolaba por cuanto a la hora del hecho no se encontraba prestando servicio que carecía de facultades para entregar el audio y que para hacerlo debía requerir autorización de sus superiores. Que dicho sea de paso- de acuerdo a la Jueza Zunino- fue entregado en tiempo y forma por Tolaba en un CD y no por whatsapp como quería la fiscalía.
La mención de “autorización a sus superiores”, léase al ministro y secretario de Seguridad obligó a Pulleiro y a Benjamín Cruz, como medida de autodefensa, a salir a cortar el avance de la fiscalía sobre la cadena de mando, cuestionando sus juicios de valor respecto a la actuación del sistema 911 y señalando a la misma como responsable de la fuga y viralización del audio en las redes sociales, tensando mucho más una relación que venía tormentosa, especialmente con el procurador Abel Cornejo, quién ya había advertido que con la policía no tendría ningún tipo de tolerancia.
Las posturas irreconciliables de la Procuración como la de Seguridad parecen haber puesto en pugna dos poderes que en el medio tienen a una ciudadanía ávida de seguridad y a una fuerza policial sumida en la incertidumbre por la falta de respaldo a la hora de intervenir en cumplimiento de su función.
El Rol de Orozco
En plena disputa las declaraciones del diputado (ex policía) Gustavo Orozco, presidente de la Comisión de Seguridad, elevaron la intensidad del conflicto.
El legislador acusó a los fiscales de actuar apresuradamente al imputar a los policías Antonio Sanhueso y Juan Vizgarra, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. Además, pide que se tomen medidas por la filtración del audio de la víctima, y en caso de resultar la fiscalía la autora de la fuga solicitar la intervención de la Comisión de Juicio Político.
Inmediatamente en respuesta a estas declaraciones, la página de Fiscales Penales Salta publicó con el rimbombante título “Una Unidad Fiscal para investigar posibles expresiones amenazantes de un legislador”, donde informa que el Procurador General Abel Cornejo dispuso la creación de la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración conformado por los fiscales penales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores, que investigará los dichos del diputado de Rosario de la Frontera.
Entrevistado por El Expreso, el legislador rosarino, manifestó: “El título de la publicación me sugiere un avasallamiento al poder legislativo y a mis fueros de legislador, pero también una velada amenaza a mi persona, a mi carrera política y a mi familia, sospecho que el mismo no puede haberse realizado sin consentimiento del procurador”, dijo Orozco. Y agregó: “Mis expresiones se fundamentan en un informe oficial del Ministerio de Seguridad con todos los pormenores de este trágico hecho, que para ser breve lo analizo considerando tres puntos: Primero, el brutal femicidio que ya estaría esclarecido por el que están detenidos los supuestos autores, un mayor y una menor. Segundo: tiene que ver con la actuación del 911, entiendo que los dos policías que llegaron al lugar procedieron de acuerdo a la información que tenían y conforme al protocolo, esta información previamente pasó por dos instancias antes de llegar a ellos, estos concurrieron a constatar un incidente de violencia familiar y nunca escucharon el audio del pedido de auxilio, entonces para ellos no se daba la causal de poder ingresar al domicilio sin orden judicial como establece el artículo 303 inciso d) del Código Procesal Penal porque cuando llegan no escuchan roces provenientes de la casa que anuncien que allí se está cometiendo un delito, a que se pida socorro. Y tercer punto: la filtración del audio, un elemento de prueba que debía estar resguardado.”
Respecto a la detención de los policías Sanhuezo y Vizgarra dijo que “es muy triste referirse a estos temas cuando de por medio hay una muerte injusta de una docente muy querida, pero tiene que salir a luz toda la verdad , no puede ser que siempre el policía sea el chivo expiatorio, el hilo más delgado, al que detienen por si acaso, si hubo negligencias o impericias en el accionar del sistema 911 debe investigarse o si hubo fallas en el protocolo deben ser revisadas inmediatamente, pero esos dos policías están injustamente privados de su libertad con todos los perjuicios que ellos conlleva. En mi opinión hubo un proceder incorrecto de la fiscalía, al imputar y solicitar la detención de dos policías inocentes, como también apresuradamente pidieron la detención e imputaron el mismo delito al Jefe del Centro de Coordinación Operativa Comisario Mayor Tolaba lo que sabía y prudentemente fue denegado por la Jueza la doctora Zunino.”
En cuanto a la viralización del audio expresó que “de acuerdo al informe, el Comisario Tolaba le entregó la única copia existente en un CD a la fiscalía, por lo tanto se presume que la fuga se habría producido en el ámbito de la fiscalía y sea cuál sea el ámbito de la fiscalía y sea cuál sea el ámbito donde se produjo la filtración, deben tomarse las medidas correspondientes con los responsables y de ser necesario pedir un juicio político se pedirá, porque recuerdo que a un policía que publicó una foto de una escena de un hecho delictivo se lo expulsó de la fuerza y se lo condenó penalmente”.
Acerca de sus posibles expresiones amenazantes que menciona el artículo de Fiscales Penales, expresó que “no sé cuáles son las facultades que se arroga la Procuración para investigarme por mis manifestaciones. Como legislador y como presidente de la comisión de seguridad de diputados, tengo todo el derecho y la obligación de opinar especialmente sobre lo que tiene que ver con el área, si el proceder de un magistrado me parece incorrecto tengo la obligación de decirlo, nadie tiene porqué ofenderse, conozco y tuve trato con fiscales, y no todos son iguales, la mayoría son excelentes, pero si tenemos un procurador que cada dos por tres cambia los fiscales de las causas porque les endilga que no saben llevar una investigación o declara ante los medios que tiene fiscales que son cómplices de cuatreros o que a la justicia ingresaron muchos inútiles por acomodo político, no comprendo cómo se pueden molestar si yo digo que a mi entender no procedieron correctamente”. Finalizando “este título puso en alerta a mis pares que ya me ofrecieron su total apoyo porque de ninguna manera se puede permitir el avasallamiento de las inmunidades constitucionales y mucho menos la intromisión de un poder extraño que con coacción o coerción pretenda menoscabar las facultades legislativas”.
No caben dudas que el crimen de la docente ha trascendido la esfera judicial y tomando ribetes impensados amenazando en generar una crisis institucional que involucra a los poderes ejecutivo, legislativo y a la procuración, y en la cual el gobernador Saénz tiene que mediar políticamente para ponerle fin a una disputa de poderes que cuestiona fuertemente su liderazgo y que se agrava por el malestar de la ciudadanía ante la falta de seguridad y ante la situación de emergencia que vive el país y la provincia.
Fuente de la Información: El Expreso
