Por un error de cálculo, un juez habría liberado a 4 asesinos
29/04/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Además, dispuso la libertad sin notificar al padre de la víctima. La fiscalía apeló y volvieron a detener a los sopechosos
El caso es "vox populi" en la ciudad de Orán, tanto por la talla de los homicidas que fueron liberados, la saña desplegada en el crimen cometido, como así también por tratarse de un funcionario judicial que ya fue protagonista de otros escándalos similares.
Se trata del juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, quien, al parecer, erró el cálculo de los plazos de otorgamiento de la libertad y dispuso dicho beneficio para cuatro sujetos, quienes permanecían tras las rejas por el brutal asesinato de Ezequiel Tapia, un joven de 18 años que fue asesinado a golpes, pedradas y cuchilladas en un incidente callejero en esa ciudad.
El crimen ocurrió el 25 de marzo pasado, siendo imputados cuatro sujetos por el asesinato de Tapia, un joven boxeador, quien habría sido víctima de un intento de robo de su campera.
Cabe aclarar, que tras la detención de un sospechoso, el artículo 390 del Código Procesal Penal otorga un plazo de 15 días para que la fiscalía presente el pedido de prisión preventiva, siendo este plazo de días corridos con vencimiento a las 24 horas del último día. Asimismo, los artículos 215 y 217, del mismo Código, establecen determinadas salvedades al respecto. Cuando el cumplimiento de este plazo, por ejemplo, cae en fechas inhábil, como sábado, domingo o feriados, trasladando el plazo al día hábil siguiente e incluso señala una extensión de dos horas.
En este caso, dos de los sospechosos fueron detenidos el mismo 25 de marzo, mientras que los otros dos al día siguiente. Para el primero de los casos, el plazo se cumplía el domingo, por lo que debió extenderse hasta el lunes a las 24. El artículo 217, en tanto, señala que si el plazo vence transcurridas las horas de oficina, el mismo se extiende hasta las dos horas del día hábil siguiente, por lo que el vencimiento sería las 9.30 del 10 de abril.
A las 8.30 de ese día, sin embargo, en la mesa de entrada del juzgado ya había ingresado el pedido de prisión preventiva, lo cual, al parecer, no fue advertido por el magistrado, quien dispuso la libertad de los dos primeros sospechosos detenidos, como así también la de los restantes.
Otra falla
Entre otras de las críticas realizadas al magistrado, según fuentes judiciales, se encuentra el virtual incumplimiento de un artículo de la Ley 27.372, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017. La norma se refiere a la protección de los derechos y garantías de la víctima de un delito.
La ley tiene como objetivos el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte.
El artículo 5° de esta ley enumera todos los derechos que tendrá la víctima, entre los distintos incisos se encuentra el siguiente: k) la víctima tiene derecho "a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente.".
En este caso, según surge de distintas actuaciones que figuran en el expediente, el juez Oyarzú, no cumplió con esta ley, pues René Tapia, el padre de Ezequiel, la víctima, no fue citado por el magistrado y tampoco notificado de su decisión de liberar a los asesinos de su hijo.
Por ende, las críticas en contra del juez llovieron de todos lados, pues señalaron como inaudito el hecho de que un magistrado ignore la ley, y en este caso una norma que fue sancionada en busca a acortar la distancia entre la justicia y la sociedad.
Asesinado a golpes, pedradas y cuchilladas
El asesinato de Ezequiel Tapia, según lo que consta en el expediente, ocurrió el domingo 25 de marzo en horas de la madrugada, tras salir de un boliche bailable y durante un incidente callejero que tuvo como escenario la esquina de las calles Esquiú y pasaje Cisterna.
Por lo investigado por la policía, Tapia fue interceptado por los cuatro acusados, ya que dos de ellos pretendían robarle la campera que llevaba puesta, cuando caminaba de regreso a su vivienda, la que se encuentra ubicada a metros de donde fue asesinado.
Dada su condición de boxeador, el joven se resistió al asalto y lo hizo a manos limpia. De acuerdo a algunos testigos, la víctima los enfrentó y los derribó a piñas, mientras que un tercero apareció por detrás y lo hacía con enormes piedras en sus manos.
En seguida, los otros cómplices lo imitaron y acorralaron a Tapia, a quien comenzaron a apedrear, para luego, cuando ya estaba caído, se abalanzaron sobre el joven y le aplicaron numerosos golpes de puntapiés.
En ese accionar, uno de los agresores, al ver que el joven se comenzaba a poner de pie, se le tiró encima y le asestó una cuchillada, lo que causó que Tapia volviera a caer al piso. Minutos después, el padre de la víctima, apareció, y defendió a su hijo.
Los asaltantes, entonces, dejaron caer la campera, y otros elementos robados al joven, entre ellos su documento. El joven se levantó y, ante la aparición de los agresores, nuevamente los enfrentó junto a su padre, circunstancias en que fue nuevamente acuchillado.
Los atacantes cesaron en su ataque asesino recién cuando escucharon la sirena de la policía, la que fue alertada por los vecinos, algunos de los cuales alcanzaron a ver parte de la agresión, por lo que su aporte fue vital para la investigación del caso.
Cuando los policías llegaron auxiliaron al joven, quien luego fue trasladado al hospital San Vicente de Paul, de esa ciudad, donde posteriormente falleció debido a la grave herida que recibió en el tórax, lesión que le causó una severa hemorragia interna.
La policía, en tanto, detuvo en la escena del hecho a dos de los acusados, mientras que al día siguiente, al tener mayor precisión de las personas implicadas en la agresión, capturaron a los otros dos sospechosos. Todos vecinos de la zona donde ocurrió el crimen.
Se trata de César David Saravia, de 18 años; Rodrigo Joaquín Miguel, "Dibu", de 22 años; Nelson Hugo Parada, 22 años y Maximiliano Iván Aguilera, de 22 años, "Pantera", quienes fueron imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo.
La muerte de Tapia, dada las circunstancias y la violencia desplegada por sus asesinos, generó gran conmoción entre los vecinos, quienes vieron un poco de alivio tras la detención de los cuatro sospechosos, cuya situación procesal se encuentra seriamente comprometida.
No descartan intereses "ajenos" en la liberación de los acusados
Tras el escándalo, surgieron rumores que apuntan a una maniobra tendiente a favorecer a otro magistrado en un concurso para juez federal de esa ciudad.
En los últimos días surgieron fuertes rumores que de la decisión de liberar a los cuatro sospechosos del asesinato del joven Tapia, podría estar vinculada a otros intereses, en particular, al de generar un desprestigio de la fiscal actuante, Claudia Carreras, quien está ternada en el concurso para juez federal de la ciudad de Orán.
En este sentido, fuentes propias de la justicia oranense no descartan que el supuesto error de cálculo, en realidad, no lo fue, sino que todo "se calculó a la medida de otro interesado". Aunque, las fuentes se reservaron identificar al supuesto beneficiario con esta, aparente, maniobra, las especulaciones giran en dos nombres.
Los mismos son los otros dos postulantes en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura de la Nación al Poder Ejecutivo de la Nación. Y esos nombres son los de Jorge Gustavo Montoya Guillermo Díaz Martínez, quienes comparten la terna con la fiscal.
Uno de los hechos que llevan a sostener este rumor, según las fuentes, es una avanzada mediática, en la cual un importante diario de la capital se dio a conocer la liberación, pero se obvió el detalle del cálculo de los plazos, para descargar sobre la fiscal, Carreras, a cargo del caso, toda la responsabilidad.
Asimismo, se omitió informar que la fiscalía habría apelado la decisión del magistrado, como así también que se pidió de inmediato nuevamente la detención de los cuatro sujetos, medidas que fue avalada por el magistrado cuestionado, quien habría intentado a cambio que la fiscal retire una apelación que lo dejaría en evidencia en su error.
Por otra parte, también se cuestionó el hecho de que se haya liberado a los medios fotos de tres de los sospechosos liberados, accionar que no hizo más que perjudicar el proceso penal, ya que ahora vería complicada una medida de reconocimiento de personas, por ejemplo.
Afortunadamente, la policía pudo recapturar a los acusados sin inconvenientes, hecho que no fue puesto de manifiesto por el diario que aparece sindicado como parte de esta "opereta" jurídica-mediática que tendría como objetivo favorecer a uno a costa del desprestigio de otro.
Gran expectativa
Dada las circunstancias en que el juez anterior debió abandonar su cargo, conocida por todos, las expectativas por conocer quién lo remplazará son muchas en Orán, donde todos esperan conocer el nombre y rostro del juez o jueza que tomará el despacho del ex juez, Raúl Reynoso.
Para ello, el Consejo de la Magistratura de la Nación, celebró el concurso 371, por el cual, se analizó a cada uno de los postulantes que se presentaron, se evaluó sus antecedentes, exámenes escritor y entrevista oral, para finalmente, el 12 de marzo pasado, elevar la terna en cuestión.
Dos de los ternados son ampliamente conocidos por los ciudadanos de Orán, quienes esperan a alguien conocido en ese puesto. El tercero, en tanto, se trata de un postulante desconocido para los oranenses, aunque no para el resto del mundo judicial.
Nos referimos a Díaz Martínez, un abogado de Catamarca destacado en materia de defensa de Derechos Humanos, quien también está ternado en el concurso 382, por medio del cual se busca cubrir una vacante en el Juzgado Federal 2 de esa provincia.
Por ello, las expectativas de que el designado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, salga de entre Carreras o Montoya, son muchas y la incertidumbre al respecto, tiene a todos en Orán sumidos en una gran cuenta regresiva, de la cual un tanto apuestan a uno y otros tanto a otra.
Enfrentamientos constantes
A contrapierna de lo que sucede en la capital salteña, donde ya las diferencias entre jueces y fiscales quedaron prácticamente atrás, a excepción de algunos magistrados, en especial los más viejos, en el interior de la provincia, esta transición es aún más lenta y se percibe todavía un fuerte rechazo a la reforma procesal penal.
Los jueces de Garantías, como los del Tribunal de Juicio, por lo general, se resisten todavía a entregar en manos de los fiscales la dirección de la causa, y pretenden seguir al frente del expediente, cuando el modelo acusatorio, vigente con el nuevo Código Procesal Penal, llegó para quedarse y sepultar el viejo sistema mixto.
Los magistrados extrañan el manejo total de la investigación, por lo que, en cuanto oportunidad tienen, marcan distancia con los fiscales, los nuevo vecinos, a quienes les cuesta aceptar como los que tiene la batuta ahora en materia de investigación penal.
Por ello, los enfrentamientos son constantes, tanto en el trámite de las distintas causas, como en el debate oral, donde los jueces, al tener la última palabra, no escatiman dejar en supuesta evidencia a los fiscales, cuando éstos no llegan a sumar suficientes elementos de pruebas.
En el proceso, como en este caso, en tanto, también se advierten una fuerte disparidad de criterio, la cual termina siendo resuelta por los jueces del Tribunal de Impugnación, quienes son los encargados de dirimir las posiciones opuestas de los jueces y los fiscales.
El 29 de julio del año pasado, casualmente, este semanario dio a conocer otro incidente, en el cual un juez de Orán, Claudio Parisi, ordenó a pedido de la fiscalía, un allanamiento en una causa por drogas, pero posteriormente dispuso la devolución de dinero, un arma de fuego y una balanza de precisión.
El caso puso en el ojo de la tormenta al juez, Claudio Parisi, quien dio la orden y luego la contraorden, accionar que finalmente fue luego reparado por otro magistrado, con lo cual se logró recuperar los elementos secuestrado, como así también la fiscalía avanzó contra los delincuentes.
Este caso, de tantos, es un clara muestra de que la relación entre jueces y fiscales en Orán, no es de las mejores, lo cual deja al resto de los operadores judiciales como espectadores de planteos y contra planteos, situación que, como la presente, favorece a los que delinquen, pues como dice el dicho, a "río revuelto, ganancia de pescadores".
EL INTRA
