Por medida cautelar, la Justicia dispone una inspección ocular en la curtiembre de Atocha
13/08/2021. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En el marco del conflicto judicial que se lleva adelante por presunta contaminación, el juez de Cámara Marcelo Domínguez dispuso que el 17 de agosto se realice una inspección ocular en las instalaciones de la curtiembre firma Luaju SRL (ex Jamo) en At
La disposición de Marcelo Domínguez se efectuó en el marco de la medida cautelar presentada por el fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitando –por tercera vez- la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza Luaju. La fiscalía había presentado el martes pasado una nueva cautelar con la que busca dar estricto cumplimiento al deber legal de intervenir en defensa del medio ambiente y de los intereses generales de la sociedad, ante las evidentes pruebas de que Luaju desarrolla una actividad altamente contaminante de manera ilegal, pues la realiza sin “licencia ambiental”.
El requerimiento de Erazo Schmidt encuentra su sustento en que la actividad industrial de curtido de cuero que realiza Luaju no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental ni autorización legal alguna de organismo administrativo con competencia en materia ambiental. Además, los análisis de agua realizados por el Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) arrojaron presencia de metales pesados (sulfato de cromo, manganeso y cobre) en los efluentes vertidos y determinaron que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal”. Luaju emplea agua para uso industrial sin autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos. Tampoco obtuvo el “certificado de uso no conforme” de la Municipalidad de San Lorenzo.
El caso
La causa contra la curtiembre Luaju tuvo su origen en 2009, cuando por noticia criminis se inició una investigación de la curtiembre por olores nauseabundos. Diez años más tarde, y previo a su archivo, se solicitó a los especialistas ambientales del CIF, que hicieran una inspección al lugar. Se corroboró que, pese al tiempo transcurrido, nada había cambiado por lo que se tomaron muestras y se señalaron las irregularidades en las que incurría la empresa a nivel administrativo. El MPF instó a la Secretaría de Ambiente a ejercer sus funciones de control, por lo que se intimó a la empresa a presentar el Certificado de Aptitud Ambiental y la certificación del tratamiento de efluentes.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
