Piden perpetua para un exfederal por doble homicidio cometido en 1975
27/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron que el exoficial de la PFA sea condenado a la pena máxima como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
El fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila solicitaron la pena de prisión perpetua para el exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal (PFA) Juan Carlos Alzugaray, juzgado por los homicidios de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, cometidos el 20 de abril de 1975 en la localidad salteña de San Lorenzo. Para la fiscalía, este doble crimen fue uno de los delitos de lesa humanidad más atroces cometidos en la provincia.
El pedido fue formulado durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús. Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron que el exoficial de la PFA sea condenado a la pena máxima como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
En su exposición, la fiscalía sostuvo que el procedimiento policial fue una operación planificada para ejecutar a las víctimas y encubrir los asesinatos bajo la apariencia de un enfrentamiento armado, una modalidad utilizada durante el terrorismo de Estado. “Todo fue una operación mascarada para matarlos”, afirmó Amad.
El caso ya fue considerado un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible y por estos mismos hechos, el 29 de junio de 2015 el TOF N°1 de Salta ya había condenado a los exjefes de la Policía de Salta Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil.
Plan sistemático de exterminio
El caso data del 20 de abril de 1975, cuando un grupo de policías de la provincia y de la Delegación Salta de la PFA irrumpió en una casa de calle Lugones, en San Lorenzo, y mató a Terán y Díaz Romero, en el marco del plan sistemático de exterminio de enemigos políticos que el aparato represivo estatal llevaba adelante en esa época, descripta por el fiscal Amad en su alegato como “el reinado del terror” instaurado durante la dictadura cívico-militar.
Al reconstruir los hechos, la fiscalía explicó que, tras un atentado cometido días antes en Jujuy contra un directivo de la empresa Ledesma, las fuerzas de seguridad identificaron que las víctimas —sindicadas como integrantes de una organización política armada— podían haberse refugiado en la mencionada vivienda de San Lorenzo.
“La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, Según expuso Amad, antes del operativo en el que fueron asesinados Terán y Díaz Romero existió un primer allanamiento ilegal de esa casa, cuya realización quedó acreditada a partir de la declaración del entonces comisario Guil —condenado por el caso— y de otros elementos de prueba.
Esa hipótesis también fue respaldada por el testimonio de una de las moradoras de la vivienda, quien declaró que, cuando fue llevada al lugar tras los homicidios, encontró la casa completamente alterada, en condiciones que no se correspondían con el estado en que la había dejado días antes.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
