Piden a la Procuración garantizar el derecho a defensa de indígenas
24/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El centro ALFA hizo una presentación al Ministerio Público por la detención de un joven wichí acusado de intentar sustraer una bolsa de maíz. “Una forma de discriminación”
El Centro Comunitario ALFA elevó una presentación al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, pidiéndole que se garanticen las condiciones de derecho a la defensa y acceso a la justicia de las comunidades indígenas, en particular en el caso de Ariel Costas, un joven wichí de 26 años, con discapacidad, que se encuentra detenido desde el viernes 17 de julio en una comisaría de Embarcación, municipio del departamento San Martín.
La fiscal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a Costas por "tentativa de hurto agravado de productos separados del suelo", delito en el artículo 163 del Código Penal y que tiene penas de 1 a 6 años. Al parecer, la fiscalía apunta a una pena máxima, dado que insiste en mantener la detención del joven, que mañana cumple una semana en esta condición.
Álvaro Arias Camacho, abogado y coordinador del Centro Comunitario ALFA (Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica), detalló en el documento elevado a la Procuración General que familiares de Cosas se comunicaron con esta organización indicando que fue imposible tener contacto con el defensor oficial que el Estado le asignó a Costas. La familia no puede acceder a un abogado particular porque no cuenta con los recursos económicos para afrontar este gasto.
Arias Camacho sumó que "no solo es dificultoso para la familia", que vive en General Ballivián (también en el departamento San Martín), llegar hasta Embarcación, "sino que no tienen a su disposición ninguna forma de comunicarse con la defensa pública asignada a Ariel Costas, quien además es una persona discapacitada situación esa que debe ser debidamente considerada".
Tal como lo indicó la referente wichí de Ballivián, Laurentina Nicasio, el Centro ALFA sostuvo en la presentación que la familia del joven detenido sostiene que tienen pruebas de la inocencia de Costas, quien fue señalado como el presunto autor de un intento de hurto de una bolsa de maíz por el finquero Gotardo Karlen, dueño de la finca en la que el joven fue detenido. La familia de Costas desconoce las acciones tomadas por la defensa oficial para tratar de resolver la situación judicial de Costas.
Poco antes de que fuera detenido Costas estaba en la comunidad El Quebracho, adonde había llegado para visitar a la familia de su esposa que vive en esa comunidad, ubicada a unos 40 kilómetros de Ballivián, contó Nicasio. La referente dijo que el finquero sacó de ese lugar a Costas, diciéndole que necesitaba un testigo de un presunto robo a su finca. Pero una vez en la propiedad, el joven fue detenido.
"En su desesperación, al sentir el sistema judicial tan distante y hostil, la comunidad El Quebracho decidió realizar cortes de ruta en el acceso a Ballivián a fin de poder visibilizar su reclamo por respuestas, lo que dio lugar a un importante operativo de Gendarmería Nacional", detalló Arias Camacho en la nota a la Procuración.
Una justicia desigual
"Situaciones como esta atestiguan las dificultades de acceso a la jurisdicción y, en el caso, a un adecuado acceso al derecho a la defensa, que tienen muchas personas de comunidades indígenas del norte de nuestra provincia, donde las largas distancias, la inexistencia de dependencias del Ministerio Público en zonas accesibles para ellos, la falta de recursos económicos, el maltrato que recibieron y la falta de información constituyen obstáculos recurrentes", sostuvo el Centro ALFA en el escrito presentado.
La organización añadió que esto genera a su vez "una impotencia que conduce a medidas de fuerza que luego generan nuevas causas penales y, en ocasiones, represión".
Es así que entendió que esta marginación y las posteriores prácticas de criminalización de la protesta constituyen "una forma de discriminación que termina reforzando un acceso desigual a la justicia para los ciudadanos de la provincia, que hoy afecta a la comunidad wichi El Quebracho".
El Centro ALFA pidió que se arbitren las medidas para asegurar el contacto pleno de la defensa pública con los familiares del joven encausado y que se aprovechen las tecnologías actualmente disponibles para posibilitar este contacto. Pidió también información sobre el estado de salud de Ariel Costas.
Fuente de la Información: Página 12
