Pereyra Rozas, mal ejemplo del Estado para loteadores
19/07/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Mientras la Fundación no sea indemnizada las viviendas sociales no tendrán escrituras.
En los últimos años, con expropiaciones que dejaron a miles de familias sin acceso a escrituras y condiciones de vida más dignas, el Estado provincial sentó malos ejemplos para los loteadores privados.
La expropiación de un bien supone el sacrificio de un interés particular en beneficio del interés general, razón por la cual la declaración de utilidad pública debe ser razonable y suficientemente motivada.
Tales extremos no se cumplieron -por citar un caso testigo- con las 83 hectáreas expropiadas en la zona norte de la capital a la Fundación César Pereyra Rozas. Allí la entidad tenía en marcha un desarrollo, como medio para cumplir con su objeto de beneficencia.
Esos terrenos eran parte sustancial del patrimonio que Pereyra Rozas destinó en su testamento a obras de bien público. Para ello, antes del avance expropiatorio la Fundación había obtenido la aprobación de planos y las demás factibilidades exigidas por organismos competentes.
Con los primeros ingresos del emprendimiento inmobiliario debía, en lo inmediato, construir y equipar en parte del predio un hogar para ancianos, donado a la Congregación Hijas de San Camilo, y un centro de salud con orientación geriátrica.
De acuerdo con el Plan Trienal que aprobó el propio Estado provincial al otorgarle la personería jurídica, la Fundación debía alcanzar las metas del testamento en dos años. La expropiación, sin embargo, frustró la ejecución del plan y la consecuente construcción de las obras de bien público.
Antes de que se sancionara la ley de utilidad pública, en noviembre de 2013, el Ejecutivo y el Senado estaban plenamente informados sobre el destino de beneficencia dispuesto en el testamento. Pereyra Rozas, quien falleció el 22 de julio de 2000, había dejado mandas expresas al respecto.
Pese a contar con documentación determinante sobre la inutilidad de la expropiación, en vista de que se comprometerían fondos públicos para lograr un objetivo de urbanización ya encarado, el Gobierno apuró el despojó a la Fundación. Pasaron seis años y medio desde el momento en que tomó posesión de las tierras con el depósito de una exigua suma equivalente al valor fiscal del bien. Al día de hoy el expediente de expropiación no ha superado la etapa administrativa, interrumpida por un incidente que se encuentra desde hace más de un año a resolución de la Corte de Justicia.
En 2013 se había fijado oficialmente una indemnización de $140 millones. Ese monto difirió de los $700 millones que reclamó entonces la Fundación. Las consecuencias de la demanda son fáciles de inferir, al igual que el largo trámite judicial. Y mientras el Estado provincial no indemnice a la Fundación, cientos de familias adjudicatarias no podrán tener las escrituras de las viviendas que allí se construyeron con fondos públicos.
Fuente de la Información: El Tribuno