"Para Milei, la lucha contra la trata no es prioridad nacional"
04/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La referenta de la Fundación La Alameda y exdelegada del Comité Nacional contra la Trata en Salta, Stella Maris Corbacho, denunció que los recortes aplicados por el gobierno de Milei debilitaron las capacidades de prevención, asistencia y rescate
La provincia, vulnerable por su frontera, enfrenta el delito sin respaldo nacional. A propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, celebrado el pasado 30 de julio, la referenta de Fundación La Alameda y exdelegada del Comité Nacional contra la Trata, Stella Maris Corbacho, señaló que el gobierno nacional desmanteló los principales programas estatales que acompañaban a las víctimas y redujo la presencia territorial. Las consecuencias son graves en provincias como Salta, donde la vulnerabilidad social y la frontera permeable facilitan el delito.
"Vemos que para Milei la lucha contra la trata no es prioridad nacional, y eso afecta directamente a provincias vulnerables como es nuestra provincia de Salta, donde antes se lograban rescates coordinados y contención efectiva", dijo Corbacho, en diálogo con Salta/12
Según informó, los datos relevados por el Punto Focal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de la Provincia muestran que en 2024 se registraron 120 casos. De ese total, 113 correspondieron a trata con fines de explotación laboral y 6, a explotación sexual.
Entre las medidas más graves implementadas por el Gobierno nacional, se eliminó el Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata, que otorgaba ayuda económica directa. También se recortó drásticamente el presupuesto del Programa de Rescate, lo que dejó sin recursos los mecanismos de alojamiento, traslado y asistencia psicológica. A esto se suma el desmantelamiento del Comité Federal contra la Trata, la desvinculación de delegados provinciales y la interrupción de campañas de prevención y operativos coordinados.
En la misma línea, Corbacho señaló que fueron desguazados otros organismos fundamentales como el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Asimismo, se eliminó el programa de Registro de Nombre del Pasajero. Todo esto afectó el entramado territorial que permitía articular acciones concretas en la lucha contra la trata.
Según precisó Corbacho, se perdieron políticas públicas que habían logrado la restitución de derechos: desde el patrocinio jurídico hasta el acompañamiento terapéutico, pasando por leyes de inserción laboral y medidas inéditas como el cupo de vivienda para víctimas en provincias como Formosa, Misiones, Catamarca y Santiago del Estero.
Redes activas en la zona fronteriza
Corbacho es oriunda de Orán, por lo que conoce las complejidades del delito de la trata de personas en la zona fronteriza con Bolivia. Señaló que el tráfico de personas se hace por pasos ilegales, que se aprovecha de la alta vulnerabilidad social de las víctimas, a causa de la pobreza, falta de empleo y la captación se hace con falsas promesas.
Orán es zona de tránsito y captación, punto clave para mover víctimas hacia otras provincias. "Tuvimos el año pasado un caso donde dos hermanas fueron captadas por Facebook y trasladadas en un taxi de la terminal de Orán y llevadas a Jujuy para la explotación sexual, ellas pudieron escapar. La causa sigue abierta en investigación", dijo Corbacho.
La referenta denunció que operan redes activas de explotación sexual en prostíbulos y "explotación laboral principalmente en el área rural y doméstica".
Además, señaló que en algunos casos, los funcionarios policiales incluso son parte de este delito. "Tuvimos un caso de mujeres trabajadoras de frontera que fueron víctimas de la policía", contó.
“Las redes de trata siguen activas y el Estado está casi ausente. Las mafias aprovechan esta situación gravísima para seguir captando, mientras el Estado continúa su vaciamiento”, advirtió Corbacho.
La referenta dijo que en la provincia de Salta ya no hay coordinación con laNación ni asistencia directa a víctimas. "Solo el Punto Focal (de la provincia) está en la primera línea intentando seguir, pero no tiene herramientas desde el Gobierno nacional ya que no hay programas de asistencia de ningún tipo. Por ende, las víctimas quedan sin apoyo: no reciben dinero, ni contención, ni protección efectiva, están totalmente a la deriva", dijo.
La ausencia de profesionales en los operativos es otra señal crítica: “Tengo conocimiento de que en algunos casos solo participa la Policía, sin profesionales que garanticen un abordaje digno y respetuoso con las víctimas. En 2024, el tema de trata pasó directamente a las fuerzas de seguridad”, explicó.
“Estamos desbordados. Las ONG y los grupos comunitarios intentamos cubrir la falta del Estado, pero sin recursos se complica bastante”, describió. La Fundación La Alameda continúa recibiendo denuncias a través del 11-4870-2875 y colaborando con el Punto Focal salteño, pero la capacidad de respuesta está cada vez más limitada.
"Hoy el Estado sigue recibiendo denuncias, pero actúa con menos equipos, menos recursos y casi sin asistencia efectiva o prácticamente nula a las víctimas", dijo Corbacho.
Frontera militarizada sin disminución del delito
Corbacho también fue crítica del Plan Güemes, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Operación Julio Argentino Roca, coordinada por el Ministerio de Defensa de la Nación, que se están llevado a cabo en la frontera norte.
“Estos planes han apuntado principalmente a militarizar la frontera en números, pero los pasos clandestinos siguen existiendo, los delitos no han disminuido”, expresó. En particular, denunció que continúan los cruces irregulares por el río Bermejo, donde “siguen pasando niñas, adolescentes para explotación sexual, porque en Bolivia el pago es en dólar”. “No veo grandes logros todavía”, evaluó.
Por otro lado, advirtió que el enfoque militar no ha resuelto el problema en la frontera. “La droga está instalada en nuestros barrios, especialmente en nuestros jóvenes, donde muchas mujeres son vendidas para explotación sexual por droga”, alertó. También cuestionó el estado actual de los equipos de atención a víctimas: “El personal funciona a media máquina, un 50% de su personal fue despedido. Por ende, su funcionamiento no es regular, cuesta comunicarse”, dijo. Añadió que escuchó el “testimonio de gente que no pudo efectuar su denuncia”.
Sin prevención
"Desde el Estado Nacional están paralizadas las campañas de prevención y se restringieron la difusión y visibilización de la linea 145, esto tiene como saldo el descenso de las denuncias", dijo Corbacho.
La Fundación Alameda denunció además mediante un comunicado que desde finales de 2024 el sitio web oficial del Comité no se actualiza, la línea 145 ya no figura en campañas, no se publicó el Plan Bienal 2025-2026 exigido por ley, y las redes sociales oficiales permanecen inactivas.
Además, señaló que el Centro Nacional Especializado funciona con cupos limitados, no se avanzó en proyectos para refugios provinciales, y el programa de viviendas sociales quedó paralizado desde 2023. Asimismo, el Fondo Fiduciario, que mediante la Ley 27.508 había compensado a decenas de víctimas, "más de $70 millones entre 2019-2022", fue disuelto a fines de 2024 y reemplazado por mecanismos internos. Para 2025 sólo se informó la reparación a 56 personas con montos totales de $11,1 millones.
Fuente de la Información: Página 12
