Para la Justicia Federal, el puente de Vaqueros está en ejecución
02/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los querellantes manifestaron su preocupación por la falta de garantías sobre el aporte de los fondos y evalúan la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una obra suspendida
Con la obra del puente de Vaqueros demorada, cuando no suspendida, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, conformada por Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Santiago French y Ernesto Solá Espeche, rechazó el recurso de amparo presentado por la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), con el argumento de que la construcción está en ejecución. Además, cargó las costas del proceso a los usuarios.
Con esta resolución se avaló la decisión de la jueza federal Mariela Giménez, quien ya había rechazado el amparo presentado por UCU haciendo suyos los fundamentos de la provincia, la Nación y la empresa sobre la continuidad de la ejecución de la obra.
La resolución de la Cámara Federal reseña que "el Ministerio de Economía de la Nación en fecha 9/12/25 instruyó al Banco de la Nación Argentina para que -en su condición de agente fiduciario- abone el certificado de obra N° 36 con cargo al ‘Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte’ por la cantidad de $706.937.546”, parte de la suma que se supone, tiene incluida la obra del puente de Vaqueros.
La instrucción llegó dos meses después de la decisión de Giménez, y ante la insistencia de UCU, que tomó las denuncias del exintendente de Vaqueros, Daniel Moreno, sobre la suspensión de las obras sobre el puente.
Durante el proceso, la Dirección de Vialidad de Provincia, Vialidad Nacional y la empresa Ingeniero Medina, afirmaron que la obra está en ejecución, a pesar de que por ahora está suspendida, y la Cámara Federal de Apelaciones, además de indicar cuestiones formales, aceptó esta afirmación recordando que el plazo de la construcción se extiende hasta el 18 de marzo de 2027.
Pese a entender que la obra solo fue reiniciada por el recurso de amparo presentado por la asociación civil (dado que su origen data de 2022 y tenía 24 meses de ejecución, con lo que el primer plazo se incumplió), y las constantes denuncias que se elevan a nivel judicial, los camaristas impusieron las costas del proceso a los demandantes, una decisión que podría limitar nuevas presentaciones judiciales de usuarios y usuarias que ven sus derechos recortados por el ajuste impuesto por el Gobierno de Javier Milei.
Fuente de la Información: Página 12
