Organizaciones y víctimas conformaron en Salta una Red Provincial contra la Violencia Institucional
26/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Colectivos sociales y de DDHH formalizaron la creación de un espacio común para exigir el cese de prácticas represivas, rechazar la reforma contravencional y visibilizar casos de extrema gravedad como la muerte de Fernanda Arias bajo custodia estatal
Colectivos sociales y de derechos humanos formalizaron la creación de un espacio común para exigir el cese de prácticas represivas, rechazar la reforma contravencional y visibilizar casos de extrema gravedad como la muerte de Fernanda Arias bajo custodia estatal. Denuncias de abusos policiales, judiciales y penitenciarios
Organizaciones sociales, de derechos humanos y víctimas de la violencia estatal conformaron en Salta la Red Provincial contra la Violencia Institucional, tras una jornada marcada por testimonios directos, denuncias graves y reclamos colectivos al Estado.
La definición quedó plasmada en un comunicado difundido tras el conversatorio “La violencia institucional en primera persona”, realizado el viernes 12 de diciembre de 2025, cuyo objetivo fue “reunir a las víctimas de la violencia estatal, escuchar y reflexionar sobre las causas, los responsables, el modo en que se realiza y contra quiénes se sistematiza”.
El encuentro reunió a personas que relataron situaciones de extrema gravedad: una vecina del barrio 20 de Febrero denunció haber perdido un ojo tras recibir el impacto de una posta de goma dentro de su propio domicilio durante una persecución policial a jóvenes en el contexto de la pandemia. De acuerdo con el comunicado, ese mismo accionar policial “produjo mutilaciones y pérdida de ojos a más de 15 jóvenes en la provincia” y, en este 2025, a un trabajador municipal de Hipólito Yrigoyen durante una manifestación por reclamos salariales.
Desde el colectivo LGTBQ+, una de sus representantes denunció la persecución policial sistemática contra mujeres trans-travestis y advirtió que estas prácticas “alimentan crímenes de odio”.
En este contexto, se visibilizó la muerte bajo custodia estatal de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años que había sido detenida en el parque Evita por una contravención y llevada a la Comisaría N.º 2 de Rosario de Lerma. Desde allí fue trasladada de urgencia, en estado grave al hospital, donde finalmente falleció. Según las autoridades, la mujer se habría ahorcado con su propia ropa; sin embargo, la familia, junto con organizaciones feministas, del colectivo LGTBQ+ y de derechos humanos, manifiestan dudas sobre la causa de muerte y señalan responsabilidades estatales. La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet.
El comunicado de la Red Contra la Violencia Institucional también da cuenta de la acción de hábeas corpus colectivo impulsada por el Centro Comunitario A.L.F.A. contra las detenciones ilegales y otras violaciones de derechos humanos vinculadas al Centro de Contraventores de Salta. Allí, se advierte que, “semanalmente concentran a decenas de jóvenes de los barrios más pobres, las personas en situación de calle y/o indigencia, víctimas de adicciones”, a partir de los denominados Operativos Trapito de la Unidad de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad. Con el mismo objetivo de control del espacio público, añade el texto, la Municipalidad junto con la fuerza policial persigue a vendedores ambulantes, artistas callejeros, limpiavidrios y cuidadores de autos.
En ese marco, el comunicado rechaza la reforma de la Ley Contravencional impulsada por el senador (MC) Gustavo Carrizo y el intendente Emiliano Durand, aprobada recientemente en el Senado provincial, que incrementa las penas de detención a 40 y hasta 80 días.
Las organizaciones solicitan el “cese de los operativos policiales que detienen a centenares de jóvenes pobres por su aspecto solo por la sospecha de incurrir en una contravención, así como a mujeres trans-travesti y gente en situación de calle, vendedores ambulantes y cuidadores de autos, que terminan aumentando la sobrepoblación de la Alcaidía y Contraventores, con consecuencias nefastas como el incendio de la Alcaidía”.
Las denuncias alcanzan también al sistema penitenciario, ya que familiares de personas privadas de la libertad relataron violaciones graves a los derechos humanos en unidades de Salta capital y del interior. Esos testimonios, indica el comunicado, se suman a los hábeas corpus presentados por el Comité contra la Tortura y el Centro Comunitario A.L.F.A., que denunciaron “terribles violaciones a los DDHH de los presos y sus familias”.
Uno de los reclamos fue por el derecho a trabajar y estudiar de las personas privadas de su libertad, que ya fue solicitado a través de acciones de Hábeas Corpus presentados por el Centro Comunitario A.L.F.A, así como el derecho a la salud y el tratamiento para salir de las adicciones. También se reclamó el “cese del trato humillante y violento contra los familiares en las visitas a sus seres queridos”.
Otro de los ejes centrales del documento refiere a los testimonios de las Madres Protectoras, quienes denuncian el uso del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) como herramienta de disciplinamiento judicial. Según el comunicado, este dispositivo “niega la palabra de niñas, niños y adolescentes” y “criminaliza a las Madres Protectoras”. En particular, el texto responsabiliza a la jueza Inés Villa Nougués por “revinculaciones forzadas con abusadores y entornos familiares violentos, secuestros institucionales de niñas y niños como método de castigo y adoctrinamiento hacia las madres”.
El documento también denuncia la complicidad judicial con deudores alimentarios, que “consolida la violencia económica mediante la inacción deliberada”, y exige “la restitución inmediata de niñas y niños secuestrados institucionalmente a sus madres, el cese de las revinculaciones forzadas y la escucha efectiva, directa y respetuosa de niñas y niños”.
En una línea similar, el comunicado menciona el caso de Liliana Carrizo, de Metán, una abuela que lucha por la restitución de sus nietos, apropiados, según denuncia, “con la complicidad de la justicia por un núcleo familiar violento”.
El texto difundido tras la jornada incluye además las denuncias de representantes de organizaciones de comunidades originarias, desplazadas a la fuerza de sus tierras ancestrales con la violencia policial, en Jujuy.
También se visibilizó el testimonio de un joven brutalmente golpeado por la Policía en la puerta de un boliche, una práctica que, advierten, ya se ha cobrado víctimas en Salta.
La intervención de una profesional psicóloga de un centro de salud permitió visibilizar el hostigamiento policial hacia jóvenes de los barrios y la criminalización de los consumos problemáticos. En ese sentido, el comunicado plantea la necesidad de “una red de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales” y de políticas estatales integrales, que incluyan el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de las familias, tanto en libertad como en contextos de encierro.
A lo largo del documento, las organizaciones construyen un diagnóstico común sobre un entramado de atropellos que involucra a la Policía, el Servicio Penitenciario y sectores del Poder Judicial, que “criminaliza y persigue a las víctimas de una política de miseria, falta de trabajo y de copamiento narco de los barrios”.
Como cierre, el comunicado informa que las y los participantes resolvieron que esta jornada sea la primera de una serie de convocatorias y que conformaron formalmente la Red Provincial contra la Violencia Institucional, abierta a nuevas adhesiones. Como acciones inmediatas, anunciaron la presentación de un documento de rechazo a la reforma del Código Contravencional en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial y una movilización a la Legislatura el día de la presentación.
Fuente de la Información: Página 12
