Organismos de derechos humanos avisan que el monitoreo de comisarías y cárceles está en riesgo
13/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los organismos de derechos humanos de Salta elevaron este lunes una nota formal al ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún.
En la misma solicitan una audiencia urgente y advertir sobre una situación que consideran crítica: la falta de inicio del proceso de renovación de los mandatos del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia.
La presentación, fechada el 12 de enero, fue realizada por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, integrada por la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, H.I.J.O.S. Salta en la Red Nacional, la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. En el escrito, las organizaciones solicitan una audiencia personal con el funcionario para abordar la situación institucional del Comité, creado por la Ley Provincial N° 8.024.
En la nota, los organismos destacan que, durante su primer período de gestión, el Comité cumplió de manera eficaz con el mandato para el que fue creado, aún en un contexto de severas limitaciones presupuestarias. Subrayan que su funcionamiento significó un avance sustancial en materia de derechos humanos en la provincia, gracias a un trabajo sostenido basado en el compromiso, la sensibilidad y la independencia del organismo. Sin embargo, la preocupación central radica en que el próximo 14 de febrero de 2026 vencerán los mandatos de los comisionados y comisionadas representantes de los organismos de derechos humanos, quienes accedieron a esos cargos a través de un concurso público de antecedentes y oposición.
A poco más de un mes de esa fecha, el proceso de selección para la renovación de los mandatos aún no fue iniciado, pese a que requiere múltiples etapas formales vinculadas a la transparencia, la participación ciudadana y la evaluación de idoneidad de los y las postulantes.
Según advierten las organizaciones, el procedimiento implica la conformación de un tribunal ad hoc, la publicación de la convocatoria, la recepción de postulaciones, un período de impugnaciones o adhesiones, la realización de entrevistas y la emisión de dictámenes. La ausencia de avances en este sentido pone en riesgo la continuidad institucional del Comité.
Desde la Mesa de Derechos Humanos alertan que ninguna de estas tareas del Comité puede verse interrumpida por falta de voluntad política o por decisiones que afecten su funcionamiento. En particular, advierten que la no renovación de los mandatos en tiempo y forma podría dejar al Comité sin quórum para sesionar, un riesgo que consideran inminente y agravado por el hecho de que los cargos que vencen corresponden justamente a los representantes de los organismos de derechos humanos.
El rol del Comité en Salta
El Comité para la Prevención de la Tortura cumple un rol clave en el sistema de protección de derechos humanos en Salta. Desarrolla un monitoreo permanente de los lugares de privación o restricción de la libertad, con el objetivo de prevenir la tortura y los malos tratos. Además, realiza el seguimiento de recomendaciones, impulsa instancias de articulación interpoderes e intersectoriales a nivel provincial, nacional e internacional, y mantiene acciones judiciales abiertas, como el habeas corpus presentado por la situación crítica en comisarías del interior de la provincia.
Para las organizaciones firmantes, la presencia de estos representantes es una garantía fundamental para asegurar la independencia del Comité frente a otros poderes del Estado. Por eso, sostienen que cualquier demora o inacción en el proceso de renovación no solo implica un problema administrativo, sino que compromete directamente la continuidad de una política pública clave.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
