Media sanción a un proyecto de prevención de abusos sexuales a personas de pueblos originarios
29/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La iniciativa plantea que se lleven a cabo acciones de visibilización, sensibilización y educación para prevenir las agresiones sexuales, una práctica que viene de la colonia pero que se mantiene en una amplia extensión de la provincia
La iniciativa plantea que se lleven a cabo acciones de visibilización, sensibilización y educación para prevenir las agresiones sexuales, una práctica que viene de la colonia pero que se mantiene en una amplia extensión de la provincia, sobre todo en el Chaco salteño, donde hay una larga lista de abusos sexuales de todo tipo contra mujeres y niñas indígenas, sobre todo.
El Senado de Salta aprobó ayer un proyecto de ley de los senadores Walter Cruz, Esteban D’andrea y Dani Nolasco y la senadora Sonia Magno que tiene por objeto la prevención, visibilización, sensibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en las agresiones sexuales a personas pertenecientes a los pueblos originarios en todo el territorio provincial.
La iniciativa, que viene siendo impulsada desde hace años por el senador Cruz, del pueblo Kolla él mismo, contó con el apoyo de grupos de mujeres, que ayer se expresó en la presencia en el recinto de la vocal kolla en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPS), Alicia Yurquina; de Irene Cari, de la Asociación Civil de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, y de María Estela Torres, del pueblo Lule. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Walter Cruz fue el encargado de presentarlo en el recinto. Empezó con un homenaje a Octorina Zamora, destacada mujer wichí que denunció los abusos sexuales contra mujeres y niñas de pueblos indígenas, una práctica de dominación que llegó con la colonia española y se mantiene hasta la actualidad.
Octorina Zamora “dio voz y visibilizó los crímenes que hoy tratamos. Supo denunciar la complicidad y el silencio. Luchó contra la falta de respuestas estatales, visibilizó lo que muchos pretendían callar y otros tantos, ignorar, aún cuando el sufrimiento de las víctimas sea inconmensurable”, la recordó el senador.
Añadió que Zamora también enseñó que "hay ciertas palabras que perpetúan la discriminación, como cuando nos referimos al chineo”, que son “abusos sexuales ultrajantes pero que reciben tal denominación solo si son practicados sobre miembros de los pueblos originarios”. Octorina rechazaba el uso del término chineo para referirse a estos ataques.
Cruz sostuvo que estas agresiones sexuales son crímenes de odio, cuya caracterización es que son “delitos motivados por el prejuicio racial o étnico, la aversión y la discriminación hacia determinadas víctimas y sus grupos de pertenencia”.
Son, afirmó, “atroces crímenes que venimos sufriendo hace tantos años”, la mayoría de las víctimas son mujeres, y niñas, pero también diversidades. Implican violaciones a distintos derechos de las personas, “a la integridad sexual e inclusive contra la vida misma" y "si bien las agresiones recaen contra una o varias personas pertenecientes o asociadas a un colectivo históricamente vulnerado, lesionan a todo el colectivo", indicó.
En cuanto al proyecto de ley destacó que busca prevenir estos delitos “a través de la educación y la sensibilización, la protección, el monitoreo y la coordinación estatal”, entre otras acciones.
El proyecto original salió con modificaciones de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde hubo consultas a las dos universidades de la provincia, la Nacional y la Católica, y a organismos estatales, como la Secretaría de Mujeres y Géneros de la Provincia (ahora acéfala), el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el IPPIS, y organizaciones civiles.
La iniciativa aprobada ayer deja al Ejecutivo provincial determine qué área será su autoridad de aplicación.
Esa autoridad de aplicación tendrá la función de analizar estadísticas, casos y noticias que tengan o puedan tener relación con el objeto de esta ley; deberá emitir informes y recomendaciones a los diferentes estamentos del Estado y sociedad civil. Asimismo, deberá confeccionar un mapa de casos y llevar las estadísticas; realizar campañas de difusión y concientización.
También deberá "procurar la protección de las víctimas instando todos los recursos estatales a disposición". Tendrá que invitar a participar y hacer aportes a los pueblos originarios, instituciones educativas, miembros de los tres poderes del Estado, y "demás actores de la sociedad con injerencia en la problemática". Además, deberá coordinar las políticas entre los organismos en razón del objeto de esta ley.
La autoridad de aplicación deberá confeccionar un plan anual de acciones, en el que deberá tener en cuenta dos ejes, por un lado, generar campañas de sensibilización sobre estos crímenes para ser difundidas en todos los niveles educativos. Y un programa de sensibilización específico para los operadores del Estado Provincial que se encuentren afectados a zonas donde se tenga registro de la existencia o posible existencia de estos delitos.
También establece que los pueblos indígenas de la provincia "podrán realizar en todo momento los aportes y contribuciones que consideren necesarios a los efectos de fortalecer los objetivos propuestos" en esta ley.
Además, la Autoridad de Aplicación deberá presentar un informe anual ante el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que contendrá estadísticas, las acciones realizadas y las propuestas o proyectos de trabajo a futuro. El informe será de público acceso.
Por otro lado, el senador destacó que se deberían tomar medidas para permitir un mayor acceso a los servicios de justicia a la víctima y a sus familiares. Señaló en este aspecto que por lo general, la falta de recursos impide contar con abogados que ayuden a la víctima y a sus familiares participar de los procesos judiciales. Por eso la ley prevé que la "Defensoría General podrá actuar en calidad de actor civil a favor de las víctimas, cuando estas, sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad así lo soliciten".
Cruz, que recordó que muchas agresiones sexuales se visibilizaron, y muchos más nunca fueron contados, cerró dirigiéndose a las mujeres y niñas que sufrieron y sufren estos crímenes. Pidió "disculpas porque quizás estamos llegando demasiado tarde", sin embargo, añadió que están llegando y por eso resaltó "el compromiso de los miembros de la Comisión y del Senado en pleno que ha decidido poner en el tapete esta cosa que algunos quieren esconder, muchos ocultar, muchos negar”.
Ruidos molestos
En la sesión de ayer también se le dio media sanción a un proyecto de ley que establece un marco normativo para la prevención, control y sanción de la emisión de ruidos molestos producidos por automotores y motociclistas que circulen por la vía publica en el ámbito de la Pprovincia.
“Estos ruidos molestos son negativos para la vida humana, para la vida animal" y por su causa incluso "se producen accidentes de tránsito”, dijo el senador Enrique Cornejo, coautor junto a Manuel Pailler.
Pailler, que es médico, hizo otros aportes. Explicó que el umbral de audición, la intensidad mínima de sonido que el ser humano puede escuchar sin que le provoque daño, llega hasta los 25 decibeles. Hay otro umbral, el del dolor, cuando los sonidos llegan a los 90 o 100 decibeles “comienzan a causar molestias y cuando llegan a los 120, 130, esas molestias se transforman en dolor físico”, detalló.
Además, hay personas que tienen una sensibilidad especial. es el caso de niños y niñas hipoacúsicas, las personas con TDH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad).
Añadió que cuando los ruidos que superan el umbral del dolor se escuchan de forma permanente o repetitiva “trae aparejado a la larga daños graves y permanentes”. Producen lesiones auditivas, la sordera, y también “en el sistema nervioso o nerugológico”, trastornos de sueño, sonidos en los oídos, estrés, ansiedad, cuadros de hipertensión, depresión, falta de concentración y rendimiento, y hasta fatiga, contracturas o disminución del rendimiento.
“O sea que estamos hablando de una contaminación sonora que trae muchas veces consecuencias serias en el organismo”, afirmó antes de señalar que esta problemática es muchas veces subestimada, pero afecta “directamente a la calidad de vida, a la salud pública y a la convivencia pacífica de nuestros ciudadanos”.
La norma fija un sistema para la medición de decibles y fija multas, la retención de los vehículos y el decomiso y la destrucción de los escapes modificados para evitar que vuelvan a ingresar al mercado.
Fuente de la Información: Página 12
